Mena advierte de que denunciará a los parados que no busquen empleo

La Generalitat se dispone a vigilar de cerca a los parados cuando, en breve, el Servicio Catalán de Ocupación (SOC) integre a 500 nuevos efectivos procedentes del INEM. Son empleados que se dedican a políticas pasivas como tramitar el subsidio, y pasarán a desarrollar "políticas activas", asesorando y guiando a los desempleados en su búsqueda de empleo. El consejero de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena, recordó ayer que, como prevé la ley, les exigirá un "compromiso de actividad", y dejó claro, en un intento de responsabilizar a los parados de su situación, que se informará al Ministerio de Trabajo si estos no acuden a las citas de las oficinas de empleo. La advertencia soliviantó a los sindicatos. UGT y CC OO le acusaron de querer "criminalizar" a los parados con ese aviso.

Los sindicatos acusan al consejero de "criminalizar" a los desempleados

El consejero advirtió de que estas situaciones "se comunicarán" al INEM, que es el que tiene las competencias sobre el subsidio de empleo. La ley de 2002 prevé la retirada de ayudas a quienes rechacen ofertas de empleo o asistir a cursos. Mena, con todo, no dijo nada de parados que rechazan cursos de formación, porque hasta hace unos días no ha lanzado la oferta de 6.000 cursos para desempleados, pese a tener 65 millones de fondos europeos desde enero.

Mena compareció por sorpresa tras la reunión semanal del Gobierno catalán para presentar el plan de choque contra el paro, un compromiso que adquirió ante el PP como condición para aprobar los Presupuestos de 2011. El plan tendrá un coste de 60 millones de euros que se destinarán a 10 medidas encaminadas, en sus propias palabras, a pasar de "una economía subsidiada a una economía que quiere activarse". Los beneficiaros serán 60.000 según estima la Generalitat. Los sindicatos criticaron que no se haya contado con ellos en la elaboración del plan de choque. CC OO lo tildó de "inútil" e "inconexo", mientras que UGT aseguró que se trata de "medidas sin coherencia ni sentido de conjunto".

Entre las acciones, que inciden especialmente en los parados de larga duración, figuran subvenciones a empresas de menos de 25 trabajadores para que contraten estos perfiles, planes locales de ocupación en municipios muy castigados por el paro, proyectos dirigidos a entidades del tercer sector, una red de aulas activas de formación y cursos de catalán para inmigrantes, en los que se invertirá 200.000 euros. También prevé un programa de créditos para hasta 1.200 parados que quieran cursar másteres o posgrados que no cubre el sistema público.

Otra medida del decálogo consiste en fijar el marco para la homologación previa de agencias privadas de colocación y empresas de trabajo temporal (ETT), con las que se firmarán convenios para "agilizar la contratación" de "colectivos de difícil inserción" por su perfil de baja ocupabilidad y para "proyectos concretos". Ante posibles críticas, especificó que no piensa cobrar un tanto por parado colocado ni permitirá que las agencias privadas gestionen solamente los perfiles más fáciles de colocar. Aun así, ni el consejero ni el decálogo en papel precisa cuál es la "fórmula jurídica" a la que se refirió Mena para dar entrada a la actividad de las empresas privadas.

La homologación de agencias de colocación está prevista por la reforma laboral aprobada este verano, aunque deben ser las comunidades las que desplieguen la normativa. Se prevé que unas 5.000 personas puedan beneficiarse de esta colaboración público-privada, que es uno de los empeños del Gobierno de CiU desde su llegada a la Generalitat.

Con todas estas medidas en la mano y pese a que Cataluña suma ya 690.000 parados, según la Encuesta de Población Activa (EPA), el consejero Mena aseguró que el Gobierno catalán mantiene el compromiso de legislatura de reducir la cifra a la mitad. El titular de Empresa y Empleo se mostró convencido de que "se mejorará la productividad y la ocupabilidad" y parafraseó al entrenador del Barça, Pep Guardiola, cuando llamó a los catalanes a "levantarse pronto por la mañana y trabajar duro el resto del día".

Los dos grandes sindicatos cuestionaron el decálogo de la Generalitat y criticaron que en su elaboración no se haya contado ni con ellos ni con las patronales. CC OO, a través de un comunicado, expresó sus "dudas sobre la eficacia y utilidad de iniciativas de esta naturaleza". CC OO también rechazó la "estrategia de criminalización de las personas que perciben ayudas públicas" y exigió que garantice la protección social a quienes han perdido el trabajo. UGT coincidió en esas críticas y lamentó que el consejero insinuara que los parados no tienen la predisposición de ir a buscar empleo.