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Reportaje:

Pugna por la Fundación Puigvert

Nietos del profesor Puigvert denuncian a la directora general ante Justicia y Sanidad

Tras varios años de ascenso constante de la temperatura, la Fundación Puigvert ha echado a hervir. Cuatro nietos del eminente urólogo Antoni Puigvert Gorro, fundador del hospital, han presentado varias denuncias en los departamentos de Sanidad y Justicia contra la directora general y presidenta del patronato que rige la entidad, Esperanza Martí, por irregularidades en la gestión y por un cambio de estatutos que consideran fraudulento. La directora general niega las acusaciones y las atribuye a los intentos de una parte de la familia Puigvert por controlar un hospital que se ha levantado a partir de la herencia científica del eminente profesor, pero que ha crecido hasta alcanzar una plantilla de 700 personas y 120 médicos gracias a la aportación de muchas personas, entre las cuales se cuenta ella misma.

Una de las nietas del fundador, que ejercía como andróloga en el hospital, fue despedida
Sanidad abre un expediente sancionador por irregularidades leves en la facturación

Las denuncias presentadas por las nietas del profesor Puigvert han dado lugar a una investigación del Departamento de Sanidad y otra del de Justicia. Tras un mes de escrutinio, los inspectores de Sanidad han concluido que las denuncias más graves no están fundadas, pero han abierto un expediente sancionador por irregularidades leves en la facturación. En el trasfondo del conflicto, sin embargo, hay una historia de desavenencias familiares y una lucha por el control de la entidad, que siempre ha ejercido con mano férrea Esperanza Martí y que ahora le disputan las nietas del urólogo después de que en una modificación de los estatutos, la directora general asumiera también el cargo de presidenta del patronato.

El conflicto permaneció larvado durante años, pero estalló con toda su crudeza tras la muerte, en octubre pasado, de Antoni Puigvert Serés, hijo primogénito del profesor. Éste había decidido que el centro creado por él como una extensión del hospital de Sant Pau adoptara la forma jurídica de una fundación. Lo hizo aconsejado por el banquero Joan March, al que acababa de operar y que había creado hacía poco la famosa Fundación March. El profesor Puigvert tenía como colaboradora más directa a una joven y enérgica gestora: Esperanza Martí.

En los estatutos quedó establecido que en el patronato habría, con carácter vitalicio, dos miembros natos "de sangre"; es decir, parientes directos del fundador, y que Martí asumiría, también con carácter vitalicio, el cargo de secretaria del patronato. El profesor Puigvert murió en 1990, a los 83 años, pero en los últimos años su estado quedó muy deteriorado, especialmente desde que en 1988 sufrió un grave envenenamiento al tomar por equivocación unas pastillas que contenían mercurio.

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Desde 1984 el patronato estuvo presidido por el hijo primogénito del fundador, Antoni Puigvert Serés, y pese a que en los estatutos se establecía la presencia de otro miembro "de sangre", la otra hija del eminente urólogo, Rita Puigvert, nacida del tercer matrimonio, nunca fue invitada a formar parte del mismo. Mientras tanto, una de las hijas de Antoni Puigvert Serés, Ana Puigvert Martínez, estudió la carrera de Medicina y comenzó a trabajar en la fundación en el servicio de Andrología.

Durante los años siguientes el hospital creció, con la ampliación del edificio y un incremento constante de la actividad bajo la férrea batuta de Esperanza Martí, que además de dirigir la fundación, presidió durante años la patronal Unión Catalana de Hospitales y se convirtió en una de las figuras de referencia del sistema sanitario.

En 2000 le fue diagnosticado a Antoni Puigvert Serés un cáncer de vejiga que más tarde se complicaría con otro de estómago. En abril de 2001, siendo aún presidente del patronato el primogénito del profesor, se aprobó una modificación de los estatutos por la que a partir de entonces, en lugar de dos miembros "de sangre" habría uno. Puigvert Serés murió en 2004. Se planteó entonces la sustitución del fallecido. Su hija, Ana Puigvert Martínez, que ejercía como adjunta de Andrología en el servicio dirigido por Josep Maria Pomarol, tanteó entre distintos miembros del patronato la posibilidad de sustituir al padre. Pero el patronato acordó que el miembro "de sangre" que se incorporaría sería esta vez Rita Puigvert, la otra hija del fundador, hasta entonces marginada. También se acordó que Esperanza Martí asumiría la presidencia. Ahí estalló la guerra abierta.

La tensión larvada que había enturbiado el centro subió varios grados. El conflicto había alcanzado en febrero al jefe del servicio de Andrología, que presentó la dimisión, según algunos de sus compañeros, forzado por la directora general. Ana Puigvert se enfrentó entonces públicamente a Esperanza Martí y fue despedida junto a otro médico, Albert Rosó. El despido está ahora en Magistratura, pendiente de conciliación.

Rita Puigvert sigue formando parte del patronato, pero una parte de la familia no considera que sea la persona adecuada, por su estado de salud, para ocupar ese cargo y representar a los Puigvert en la fundación. Una de sus hijas, Niomar del Valle Puigvert, es la firmante de la denuncia presentada ante el Departamento de Salud en la que se acusa a Esperanza Martí de mala praxis asistencial, irregularidades en la facturación a la Seguridad Social, mal uso del dinero público y desviación de recursos económicos de la fundación hacia una empresa privada, Interhospitalia, que ofrece servicios de lavandería a varios hospitales y que también preside Esperanza Martí. Como consecuencia, pide la intervención provisional de la entidad por parte de la Generalitat y el cese de la directora general y del patronato. Al mismo tiempo, cuatro de los seis nietos del profesor Puigvert, entre ellos Ana Puigvert y Niomar del Valle, firman otro escrito ante la Dirección General de Fundaciones del Departamento de Justicia, en el que piden la nulidad de los estatutos alegando que el cambio se ha hecho de forma fraudulenta y vulnera el espíritu fundacional de la entidad.

La tramitación del recurso ante la Dirección General de Fundaciones no ha concluido, pero en los exámenes realizados no se ha encontrado motivo de anulación. Los estatutos fueron elaborados en forma y con publicidad, el cambio fue avalado por Antoni Puigvert Serés como presidente del patronato, y en su momento ningún miembro de la familia los impugnó.

El Departamento de Sanidad, por su parte, ha llevado a cabo una inspección exhaustiva que se ha prolongado durante más de un mes para evaluar si se ha producido mala praxis asistencial y facturación fraudulenta. Concretamente, en la denuncia se decía que en las operaciones con litotricia se realizan dos disparos en lugar de uno para poder facturar dos veces. La inspección no ha encontrado mala praxis asistencial en los dos disparos porque es una técnica avalada médicamente: uno se hace para fragmentar la piedra renal y otro para expulsar los restos que puedan quedar en el uréter.

Pero dada la identidad de los demandantes, Sanidad ha efectuado una inspección severa. Finalmente, ha encontrado 60 litotricias de facturación dudosa, de un total de 2.500, por lo que ha abierto un expediente que, en caso de confirmarse la irregularidad, daría lugar a una sanción leve. En su descargo, la directora general alega que se realizan dos disparos por razones médicas y nunca para facturar más, entre otras cosas porque la fundación tiene contratadas por la Seguridad Social 1.900 litotricias anuales a la tarifa normal, y todas las que hace de más, hasta las 2.500 que factura, las cobra a un precio marginal. Tampoco se han observado de momento anomalías en la compra de acciones de la empresa Iberhospitalia por parte de la Fundación Puigvert ni en el crédito puente concedido para el lanzamiento de la empresa.

A día de ayer las espadas seguían en alto. Esperanza Martí tenía el propósito de proponer al patronato la presentación de una querella por difamación contra las nietas de Puigvert. La consejera de Sanidad, mientras tanto, contempla con preocupación el conflicto y pide a las partes una solución pactada que no dañe ni el prestigio ni el funcionamiento del hospital.

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