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Finlandia: En trámite una nueva ley de protección de la propiedad intelectual

La propuesta de ley da amplios poderes a la policía para investigar las fuentes de infracción, incluyendo el requiso del ordenador y la investigación de los archivos como del correo electrónico

La actual ley vigente en el país nórdico data de 2005 y extiende el derecho de propiedad intelectual a todos los contenidos de la red. Sin embargo las descargas ilegales no se han detenido. Según cifras oficiales, Finlandia pierde hasta un 4 por ciento de su PIB por las descargas ilegales, sobre todo en el campo de la música y del cine. Los derechos de autor tanto en el campo de la fotografía como del cine se mantienen hasta los 50 y 70 años después del fallecimiento del autor.

De acuerdo a cifras del Ministerio de Educación, el 16 por ciento de los hogares conectados practica las descargas ilegales. La mayoría de los infractores, un 74 por ciento, se encuentran entre los 15 y los 34 años. Como promedio de las descargas han contabilizados 32 archivos, lo que da un total de 153.000 archivos descargados ilegalmente.

La nueva ley se encuentra en trámite en el parlamento y debería estar en vigencia durante la primavera próxima. La nueva ley se propone "combatir la distribución ilegal con mecanismos jurídicos más ágiles y eficientes". La propuesta de ley da amplios poderes a la policía para investigar las fuentes de infracción, incluyendo el requiso del ordenador y la investigación de los archivos como del correo electrónico.

A las instancias judiciales se les dota con nuevos poderes. Sus decisiones se pueden amparar en la legislación tanto del código civil como del código penal. En general la propuesta de ley establece que la propiedad intelectual es intocable. El usuario no podrá descargar ningún material, ni siquiera para uso personal. La ley no contempla castigos para las descargas de uso personal, pero si puede llevar al infractor a cumplir algún trabajo comunitario.

Una de la novedades de la propuesta de ley es que obliga a los operadores a mantener informado tanto al Ministerio de Educación, como a los autores o sus representantes, del flujo de descargas.

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