El Gobierno confirma que aprobará este viernes el plan contra el empleo sumergido
Valeriano Gómez elude concretar el plazo definitivo que las empresas tendrán para regularizar a los trabajadores y adelanta que estudiarán las propuestas de sindicatos y patronal
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha confirmado hoy que el Consejo de Ministros de este viernes aprobará, por real decreto ley, el plan del Gobierno para que aflore el empleo sumergido. Según ha recordado, hoy acaba el plazo para que empresarios y sindicatos presenten sus alegaciones al segundo borrador de la iniciativa, y ha adelantado que si las propuestas de la CEOE y CC OO y UGT son "razonables, serán bien recibidas".
El titular del departamento ha explicado que en el diálogo que se ha mantenido con los agentes sociales ha habido "diferencias importantes", por lo que, "como siempre", el Gobierno intentará que el real decreto-ley sea "equilibrado". Fruto de estas divergencias, el Ejecutivo tuvo que retrasar la presentación del plan, aunque el ministro ha matizado que no estaba previsto que fuera sometido a un "período de negociación" con los interlocutores sociales. Lo que se acordó entre todas las partes, ha recordado, era que la iniciativa gubernamental se sometería a un "período de consultas".
Valeriano Gómez ha descartado que con el plan del Gobierno se vaya a precarizar el mercado laboral, tal y como sostienen los sindicatos, que rechazan que los empleadores puedan regularizar a sus ilegales mediante contratos temporales de seis meses.
En cuanto a los detalles del plan, ha apuntado que todavía no se ha determinado si el plazo que tendrán los empresarios para dar de alta a sus trabajadores "en negro" será de "dos o tres meses". Tampoco, según el ministro, se ha concretado si serán 6 meses -como aparece en el segundo borrador- o un año -como en la primera propuesta- el tiempo que se reconocerá a los trabajadores que se les dé de alta en el proceso voluntario de regularización de cara a futuras prestaciones de desempleo o de pensiones.
En este punto, Valeriano Gómez ha querido precisar que el objetivo del Gobierno no es "mirar al pasado, sino al futuro", lo que supone que haya más empleo irregular declarado, porque supondrá más ingresos para el Estado. El ministro, en cualquier caso, ha eludido concretar cuánto empleo sumergido aflorará con el plan, porque hablar del "trabajo negro, oculto es difícil".
Lo que sí ha querido dejar claro es que con el plan del Ejecutivo "ganan todos", porque cada que vez que las empresas y los trabajadores coticen por su nueva situación se estará generando protección social.
El plan del Gobierno prevé que durante un plazo de dos meses, hasta el 30 de junio, los empresarios puedan regular de forma voluntaria a sus plantillas en negro. Esto les evitará ser sancionados, pero no les impedirá tener que pagar las cotizaciones aplazadas, para lo que el Ejecutivo ha previsto una serie de facilidades. Una vez agotado ese período, los patronos deberán hacer frente a sanciones más duras que las actuales.
Los técnicos de Hacienda calculan que el empleo irregular alcanza el 8% del PIB
La economía sumergida en el empleo se sitúa en torno a los 82.500 millones de euros, lo que supone casi un 8% del PIB, según las estimaciones realizadas los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA). El colectivo explica que la implantación de unas políticas adecuadas que redujese en diez puntos la tasa de fraude en España -hasta el nivel de los países europeos más desarrollados- permitiría al Estado recaudar cada año más de 13.000 millones de euros adicionales procedentes de las cuotas a la Seguridad Social.
Por regiones, los mercados laborales que esconden más empleo irregular son Cataluña (28.937 millones de euros anuales), Madrid (12.351 millones de euros), Andalucía (11.549 millones de euros), Comunidad Valenciana (8.347 millones de euros), Galicia (4.702 millones de euros) y Castilla y León (4.612 millones de euros anuales).
Asimismo, Gestha recuerda que a nivel nacional la tasa de economía no declarada alcanza actualmente el 23,3% del PIB, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que el 65,9%, casi dos terceras partes -161.647 millones de euros- proceden del fraude fiscal, un componente "que no debe dejarse a un lado en próximo plan del Gobierno".
