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Crisis financiera mundial | Los planes de ayuda

El Gobierno lanza las dos primeras adquisiciones de activos a la banca

Dedicará en noviembre 5.000 millones y aceptará títulos 'AA', con pacto de recompra

Jesús Sérvulo González

El plan de apoyo al sector financiero anunciado por el Gobierno español el pasado 10 de octubre va tomando forma. El consejo rector del fondo que gestionará los 50.000 millones de euros para adquirir activos financieros de cajas, bancos y financieras de compañías automovilísticas y centros comerciales celebró ayer la primera reunión. En ella acordó la convocatoria de las primeras subastas en noviembre y diciembre por un importe máximo de 5.000 millones de euros cada una.

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El consejo avanzó algunas pinceladas sobre el funcionamiento del fondo, pero remite a la aprobación del desarrollo reglamentario del decreto que lo aprobó para mostrar los detalles definitivos de la medida. Una de las novedades es que los activos subastados en la primera convocatoria podrán ser de menor calidad que los que el Estado compre en diciembre, según avanzó ayer el consejo rector presidido por el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes. También son miembros del consejo el secretario de Estado de Economía, David Vegara; el de Hacienda, Carlos Ocaña; el presidente del ICO, Aurelio Martínez; la directora general del Tesoro, Soledad Núñez; el interventor general del Estado, Alberto Pérez y el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes.

La primera subasta será en noviembre y los activos que concurran deberán tener una calidad crediticia de al menos doble A (considerado como el segundo nivel de calificación, alta). Además, según Economía, estos activos deberán ser emitidos después del 1 de agosto de 2007 y tendrán un plazo de vencimiento de dos años. Las compras de activos que realice el Estado en noviembre serán mediante un acuerdo de recompra. Sin embargo, para la segunda subasta, que se celebrará en diciembre, los responsables del fondo elevan el nivel de calidad de los activos hasta AAA (máxima calificación) y las adquisiciones se harán mediante compras en firme. Las calificaciones serán otorgadas por agencias independientes de prestigio.

El funcionamiento consiste en que los bancos, cajas o financieras agrupan los créditos e hipotecas que han concedido a clientes solventes. Estos paquetes de deuda los convierten en títulos (bonos hipotecarios, de titulización...) que venderán mediante subasta al Estado. Ninguna entidad podrá acaparar más del 10%, de modo que la compra se distribuya entre más entidades. Según un borrador de reglamento publicado la semana pasada por Cinco Días, tras cada subasta se dará la misma información que da el BCE en sus operaciones de inyección de liquidez (importe solicitado y adjudicado, pujas realizadas y adjudicadas, tipo marginal y tipo medio), pero, como ocurre con el BCE, no se identificarán las entidades. El Tesoro cobrará un interés, que será superior al de la deuda pública que emita para financiar el fondo, mientras los activos estén en su poder.

El PSOE calcula que el Estado obtendrá un rendimiento de unos 35 millones en 2008 y otros 900 millones en 2009 con los intereses que genere la cuenta y con la renta de los propios activos. Para financiar el fondo, el Estado deberá hacer una emisión de deuda pública que tendrá un coste ligeramente inferior a los ingresos generados, si bien una enmienda socialista presupuesta por ahora sólo un coste de 300 millones en intereses.

De izquierda a derecha, Joaquín de Fuentes, José Alberto Pérez, Carlos Ocaña,  Pedro Solbes, David Vegara,  Soledad Núñez y Aurelio Martínez, ayer durante la primera reunión del consejo rector que gestiona el fondo de ayuda para las entidades financieras.
De izquierda a derecha, Joaquín de Fuentes, José Alberto Pérez, Carlos Ocaña, Pedro Solbes, David Vegara, Soledad Núñez y Aurelio Martínez, ayer durante la primera reunión del consejo rector que gestiona el fondo de ayuda para las entidades financieras.CLAUDIO ÁLVAREZ

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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