El Gobierno plantea revisar las subidas salariales de los funcionarios

Los funcionarios verán modificadas sus expectativas salariales para los próximos años. El Gobierno se plantea revisar el pacto firmado con los sindicatos para el periodo 2010-2012 que fija subidas mínimas a cambio de recuperar el poder adquisitivo perdido a partir de 2012. "El acuerdo salarial habrá que revisarlo en la negociación con los sindicatos. No es el instrumento fundamental, pero sí está sobre la mesa revisarlo para hacerlo coherente con los objetivos del Gobierno", aseguró ayer el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña.

Esos objetivos consisten en recortar un 4% las retribuciones totales que perciben los 2,6 millones de empleados públicos que existen en España de aquí a 2013. El grueso de esa cantidad se ahorrará con la norma que obliga a cubrir sólo una de cada 10 plazas vacantes en la función pública. Pero "adicionalmente", admitió Ocaña, se revisarán los acuerdos alcanzados entre la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y los sindicatos de la función pública en septiembre del año pasado.

Los sueldos de la Administración central crecieron el 3,5% el año pasado

Ocaña pide a las comunidades disciplina fiscal contra el déficit

Ocaña enmarcó estas propuestas en el plan de austeridad que el Ejecutivo ha diseñado para intentar reconducir el déficit, que en 2009 alcanzó el 11,4% del PIB. La Administración central aportó los mayores desequilibrios, con un 9,49%, según las cuentas presentadas ayer por el secretario de Estado. Para intentar calmar las aguas, aclaró que el Gobierno no está pensando en bajar el sueldo a los empleados públicos y que la subida aplicada este año (un 0,3%) está garantizada.

Los salarios de los funcionarios han crecido por encima de la inflación en los últimos años. Especialmente llamativa resulta la revalorización de 2009, en el entorno del 3,5%, cuando los precios de consumo cerraron el año en un modesto 0,8%. Las mejoras retributivas más los incrementos de personal dieron como resultado un crecimiento anual del 5,4% en los gastos de personal de la Administración en 2009.

Aunque las mejoras son fruto de acuerdos plurianuales anteriores y de ampliación de plantilla en áreas como las fuerzas de seguridad del Estado, esas cifras contrastan con el difícil momento de la economía en general (cayó un 3,6% en 2009, según el avance del Instituto Nacional de Estadística) y de las arcas públicas en particular.

La Administración central fue la más penalizada por los embates de la crisis, con un desequilibrio cercano a los 100.000 millones de euros, según las cifras divulgadas ayer. La cifra triplica la de 2008, que ya rompió con la breve senda del superávit iniciada en 2005. Las arcas del Estado gastaron casi el doble de lo que ingresaron (205.714 millones frente a 105.929 millones). Los ingresos se desplomaron un 13,9% por la caída de la recaudación fiscal, mientras los pagos se dispararon un 27,8% debido en buena medida a las prestaciones por desempleo.

Ocaña trató de amortiguar el impacto de las cifras advirtiendo de que las medidas de estímulo fiscal aplicadas por el Gobierno el año pasado (el plan de inversión local y el fondo de activos financieros, entre otras) han restado 17.665 millones que no se desembolsarán de nuevo este año. Además, con las subidas de impuestos de este año se pretende, como poco, que el Estado ingrese lo mismo que en 2009. "Es un supuesto cómodo", consideró el responsable de Hacienda.

Los servicios públicos de empleo gastaron 31.000 millones de euros y las inversiones reales cayeron el 1,6%. Ocaña aclaró que el descenso se debe a la inversión militar, pues la civil mejoró un 5,5%. Los ministerios llegaron a ejecutar el 94% de las partidas previstas, porcentaje superado por Fomento, que llegó al 98,6%. Para este ejercicio, Hacienda sí ha dispuesto un importante recorte de las inversiones, especialmente tras la aplicación de la primera entrega del plan de austeridad, que impone un ahorro de 5.000 millones de euros en 2010 y de 50.000 millones hasta 2013.

El año ha arrancado con un mínimo desequilibrio del 0,07% del PIB en las cuentas públicas. Aunque el dato es muy poco relevante -sólo incluye enero-, revela los previsibles apuros de las arcas públicas también para este año, pues el primer mes del año suele arrojar superávit.

Consciente de que los esfuerzos de la Administración central no bastan para revertir la situación, Ocaña hizo un llamamiento a comunidades y ayuntamientos para que se sumen a la disciplina fiscal. Y recordó que el Gobierno central autoriza las emisiones de deuda del resto de administraciones cuando presentan desequilibrios. "Vamos a ser rigurosos con las que se produzcan en 2010", advirtió, sin querer situarse en el "terrible escenario" de tener que negar esas emisiones.

Además de reducir el déficit, la reforma laboral y la reestructuración del sistema financiero constituyen las otras dos prioridades del Ejecutivo en este contexto de crisis, explicó Ocaña.

Los sindicatos de la función pública acogieron mal la idea de revisar el pacto salarial para los próximos años. El responsable de UGT Julio Lacuerda consideró "inoportunas" las declaraciones e instó al Gobierno a aclarar lo avanzado por Ocaña. Comisiones Obreras asegura tener el compromiso de De la Vega para aplicar el acuerdo.