Banca Catalana aprueba la operación 'acordeón'
La junta extraordinaria de accionistas de Banca Catalana aprobó ayer por amplia mayoría la realización de una operación acordeón en el capital de la entidad. Esta consiste en la cancelación de las reservas por un importe de 4.662 millones de pesetas y la reducción del capital social de 5.748 millones casi a cero, seguida de una posterior ampliación por un montante de 15.343 millones. Varios accionistas propusieron que se exigiera responsabilidades a los antiguos consejeros, pero no obtuvieron la mayoría necesaria. La reunión fue tensa, pero menos que otras juntas similares de bancos.El presidente del consejo y secretario general del Fondo de Garantía de Depósitos, Juan Antonio Ruiz de Alda, inició la junta con un discurso ajustado en el que cuantificó los problemas de Banca Catalana, dejando para las juntas de las otras entidades del grupo el recuento de sus propios desequilibrios. Ruiz de Alda, quien se excusó de hablar en castellano, hizo votos para que en un futuro próximo se volvieran a celebrar las juntas en catalán, como venía siendo la costumbre.
El administrador centró la problemática actual de Catalana en el bajo estado de ánimo de la organización, en la crisis de confianza en la clientela y en el importante desequilibrio patrimonial del banco, pero afirmó que estas dificultades también "pueden hacer crisis e iniciarse así un camino de saneamiento y recuperación".
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El desequilibrio de Banca Catalana es de 75.000 millones, 'pero en 1983 se habrá recuperado'
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Sobre el estado de ánimo de la organización, dijo que ya se estaba recuperando en los últimos días, pero se mostró menos entusiasta en la recuperación de la confianza de la clientela "porque la simple desaparición de las causas que originaron" la crisis no es bastante para lograrla y se requiere una campaña de imagen. Y en cuanto al desequilibrio patrimonial, pese a ser el aspecto más llamativo, consideró que "también es seguramente el de más fácil solución".
Como causas de este desequilibrio apuntó los errores del equipo rector, que no siempre tomó "el camino más barato de aceptarlos y corregirlos" y mas bien prefirió "desconsiderarlos y compensarlos", además de las adversas "circunstancias externas por las que han atravesado las economías de todo tipo", especialmente en el sector industrial e inmobiliario. Ello coincidió, dijo Ruiz de Alda, "con una época de tipos de interés crecientes, con los cuales se han estado financiando inversiones de rentabilidad negativa o nula, con unos recursos cuyos costos eran cada vez más altos". Una vez sentadas las causas del problema de Banca Catalana, Ruiz de Alda informó de las cifras del desequilibrio patrimonial, advirtiendo que diferían de las manejadas hasta el momento, porque sólo incluían las del banco y no las de todo el grupo. Así, repasó el balance a 31 de octubre pasado, que arrojaba un total de 271.110 millones de pesetas. Dijo que el pasivo era correcto en general, lo que no sucedía con el activo.
Efectivamente, en el activo había una serie de partidas poco ortodoxas que suponían un desequilibrio patrimonial para Banca Catalana de 75.000 millones de pesetas. Esta cantidad se reparte en varios conceptos. En primer lugar, los activos ficticios, esto es, que "no tienen el soporte de ningún activo real ni de derecho alguno", o sea, que de ellos "solo existe el apunte contable". Este grupo asciende a 15.953 millones de pesetas. En su mayor parte se trata de "ingresos que fueron previstos, pero que luego no se concretaron".
En segundo lugar están los activos fallidos, de valor prácticamente nulo y que a corto plazo se convertirán en pérdidas, cifrados en 45.000 millones de pesetas. Y en tercer término están los activos no rentables, que proceden de créditos a deudores que tienen solvencia para devolverlos, pero no ingresos para poder pagar sus intereses. Este apartado totaliza 11.640 millones de pesetas.
Al igual que el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias resultaba inexacta. A 31 de octubre, contra la cuantificación de un saldo favorable de siete millones de pesetas, que no reflejaba la realidad, ya "que se anotaban como ingresos unos intereses que no se cobrarán jamás", el administrador estimó que el saldo desfavorable, o ritmo de pérdidas anuales, no es inferior a los 9.000 millones de pesetas.
Consecuentemente con este análisis de la situación, propuso la recomposición de los recursos propios y la ayuda suplementaria del Fondo de Garantía. Aquella se realizará mediante la aplicación de los 4.662 millones de reservas disponibles a la cancelación de activos ficticios y gracias a la reducción del valor de las acciones, a una peseta las de la serie B y a cinco pesetas las de la serie A. A estas reducciones le seguirá una ampliación de capital de 15.343 millones de pesetas para compensar las pérdidas no absorbidas mediante la reducción y para dar soporte al pasivo frente a terceros. Esta ampliación queda asegurada por el mismo Fondo de Garantía en la parte que durante un mes no suscriban los accionistas. Sobre esta base, el administrador dijo que la principios de 1983, Banca Catalana habrá conseguido la normalidad política y económica".
Estas propuestas fueron aprobadas por la mayoría de los 5.845 accionistas representados, que suponían un 67,09% del capital social. Pero antes de la votación hubo un turno de intervenciones con cierta tensión.
El primero de los quince que hicieron uso de la palabra solicitó de entrada que se pidieran "responsabilidades penales a quienes lo subordinaron todo a ciertos intereses políticos", a lo que el abogado Juan Vives Rodríguez de la Hinojosa, presente en la sala, contestó: "No toleramos que se insulte al presidente de la Generalitat", lo que fue coreado por un amplio núcleo de accionistas. La identificación de muchos de ellos con el espíritu catalanista de la entidad se traslució en varios parlamentos, alguno de ellos muy emotivo, como el del pequeño accionista que aseguró que aportaría las 300.000 pesetas ahorradas este año para acudir a la ampliación de capital, para que el banco siguiese bajo control catalán.
El asunto de la petición de responsabilidades originó un significativo conflicto de procedimiento. Un grupo de conocidos abogados, entre los que estaban Juan Piqué Vidal, Juan Vives Rodríguez de la hinojosa y Miquel Casals Colldecarrera, solicitó que se escrutase sólo la representación de quienes pedían responsabilidades y no de los que se oponían a ello, lo que concedió la mesa. Consiguieron con ello que el sector indeciso no sé sumase a la petición de responsabilidades, que obtuvo 151.620 votos contra una mayoría de 604.924.
