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S&P avisa por segunda vez a España de que puede bajar la calificación de la deuda pública

La agencia calificadora pide medidas "más agresivas y tangibles" para hacer frente a los desequilibrios fiscales y económicos.- Augura un crecimiento medio del PIB español del 0,6% entre 2010 y 2013

Standard & Poor's (S&P) manda una segunda advertencia a España al mantener la perspectiva "negativa" sobre la nota a largo plazo AA+ de España, establecida el 9 de diciembre. La agencia de calificación crediticia ya quitó la máxima nota a la deuda pública de España (AAA) -aunque las otras dos grandes, Fitch y Moody's, la mantienen- y si vuelve a bajarla tendría un coste mucho mayor colocar los títulos del Tesoro. S&P opina que ocurrirá finalmente si no se adoptan medidas "más agresivas y tangibles" para hacer frente a los desequilibrios fiscales y económicos del país, al tiempo que advierte de que la debilidad de las previsiones de crecimiento de la economía española podrían dañar el plan de consolidación fiscal del Gobierno.

Augura que la evolución de la economía española sea "mucho más débil" de las proyecciones del Gobierno
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La agencia precisa en su informe que mantiene la perspectiva "negativa" sobre el rating de España y que, según la calificadora de riesgos, "refleja el riesgo de una rebaja (de la calificación) en los dos próximos años", en ausencia de medidas "más agresivas y tangibles por parte de las autoridades" para hacer frente a los desequilibrios fiscales y económicos de España. La calificadora de riesgos considera probable que el déficit público se mantenga sobre el 5% del PIB hasta 2013, en contra de las previsiones oficiales de reducirse al 3% en esa fecha, y, por lo tanto, apunta que el endeudamiento del Estado subirá al 80% del PIB en 2012.

Una "reorientación" de modelo

Asimismo, S&P prevé que la evolución de la economía española sea "mucho más débil" de las proyecciones asumidas en el presupuesto, a la vez que identifica considerables riesgos en la aplicación de los planes de consolidación fiscal del Gobierno, que todavía no han sido especificados plenamente. En concreto, la agencia observa riesgos a la baja respecto a las previsiones de ingresos manejadas por el Gobierno ya que, como en muchas economías ricas, la base fiscal de España es muy sensible a la demanda interna y ha sido muy sensible al sector inmobiliario, que llegó a aportar aproximadamente más de la mitad del aumento de la recaudación fiscal entre 1995 y 2007. "Probablemente ninguna de estas fuentes será un contribuyente fuerte al crecimiento de los ingresos durante años", advierte la agencia.

De este modo, S&P augura que el crecimiento medio anual del PIB español será del 0,6% entre 2010 y 2013, menos de la mitad del 1,5% previsto por el Gobierno, y alerta de que, a pesar de las medidas contenidas en la Ley de Economía Sostenible presentada por el Ejecutivo, la "necesaria reorientación" del modelo económico desde la demanda interna dependiente del crédito a un modelo enfocado a los mercados exteriores se verá "dificultada" por las "considerables rigideces" de la economía española, especialmente por el dualismo del mercado laboral, que continuará afectando negativamente al dinamismo de la economía.

No obstante, la agencia destaca el significativo recorte de los desequilibrios de España respecto al resto del mundo, ya que el déficit por cuenta corriente prácticamente se redujo a la mitad en 2009 en gran parte por la acusada contracción de las importaciones. "Estimamos que el déficit por cuenta corriente se mantuvo en 2009 en un manejable 5% del PIB y, dado que las exportaciones representan casi un 25% del PIB, el margen para una recuperación robusta y relativamente rápida liderada por las exportaciones "parece limitado", mientras se espera que el desempleo continúe por encima del 15% durante el horizonte temporal analizado.

Además, la calificadora de riesgos apunta que el prolongado ajuste económico y el consecuente deterioro en la calidad de los activos continuarán poniendo a prueba la resistencia del sistema bancario español. "Nuestra estimación del coste fiscal acumulado para el Gobierno del apoyo al sistema financiero es el 5% del PIB" por las necesidades financieras contraídas por el Fondo de Reestructuracion Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Adquisición de Activos Financieros.

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