La UE suspenderá un año los aranceles y el barbecho por la carestía de los cereales
Francia advierte de la dificultad de volver a imponer gravámenes a la importación
La explosión de los precios de los cereales en los últimos meses, con sus palpables efectos sobre la economía doméstica, y la amenaza de que la situación vaya a prolongarse en el inmediato futuro llevó ayer a la UE a tomar medidas drásticas para aumentar su cultivo y favorecer su importación. La Comisión se propone suspender durante un año los aranceles por la entrada de cereales, como reclamaba España, mientras los ministros de Agricultura de los Veintisiete autorizaban que durante un año se levante la obligación de mantener en barbecho el 10% de las tierras agrícolas.
La comisaria de Agricultura, Marian Fischer Boel, anunció que en los próximos días propondrá la suspensión total de los aranceles que gravan la importación de cereales, medida de carácter extraordinario y retroactivo aplicable desde el pasado 1 de julio al 30 de junio del año próximo. Tan extraordinario como el alza de precios sin precedentes que vive el mercado de cereales.
La cosecha de 2006 en los Veintisiete apenas llegó a los 266 millones de toneladas, por debajo de lo previsto, por acumulación de una pléyade de circunstancias adversas: climatología errática y negativa en Europa, incremento de la demanda de grandes consumidores como China e India y malas cosechas también en otros países productores.
La consecuencia es que la Unión ha pasado de exportador a importador neto, con un ligero déficit de medio millón de toneladas que podría aumentar en el próximo ejercicio ante la repetición y agravamiento de las circunstancias negativas y la presión de la demanda de países emergentes. Las propias reservas estratégicas están en niveles que requieren actuaciones inmediatas.
El maíz, al doble de precio
El precio mundial del maíz casi se dobló entre 2005 y 2006 y el del trigo se ha incrementado en un 60% esta temporada. El reflejo de esta explosión de materias primas básicas en la alimentación de personas y animales ha sido instantáneo en la cesta de la compra, lo que ha llevado a protestas ciudadanas y hasta huelgas de consumidores como la vivida hace unos días en Italia por el encarecimiento de las pastas.
La eliminación temporal, calificativo en que insistió la comisaria, de los aranceles fue aplaudida por España, mientras algún otro país, como Francia, advertía de los riesgos. Los aranceles son un elemento crucial en la política agraria de la Unión para dejar fuera del circuito comercial europeo a las producciones de países que venden más barato y ayer el ministro francés, Michel Barnier, alertó de que luego será difícil volver a imponerlos.
La ministra de Agricultura, Elena Espinosa, celebró el acuerdo como "un mensaje de tranquilidad, en cierta medida, en el sector de los cereales" y anunció que anunció que en breve presentará una propuesta a los ministros para suspender temporalmente los aranceles a la importación de maíz y el sorgo.
La medida arancelaria se vio complementada por la decisión de los ministros de aprobar el plan ya discutido antes del verano de suspender por un año la obligación de dejar en barbecho el 10% de las tierras de cultivo.
El objetivo es el mismo: incrementar la producción para hacer frente a la carestía y la subida de precios. Los cálculos de la Comisión hablan de 10 millones de toneladas adicionales de producción. España podría así recuperar unas 730.000 hectáreas del total de 3,8 millones dejadas sin producir en la UE.
El Parlamento Europeo se sumó al debate al reclamar que la suspensión del barbecho pueda extenderse un año más con ánimo de dar consistencia a la medida, pero también pidió a la Comisión que elabore un estudio de impacto ambiental dado que el dejar las tierras baldías había sido concebido como instrumento de conservación y regeneración de la biodiversidad.
Con una agenda cargada de asuntos, algunos de ellos muy técnicos, los ministros también acordaron incentivar con 237,5 euros la tonelada de remolacha azucarera que se deje de producir en la campaña 2008-2009.
La decisión responde al fracaso del programa de reducción elaborado en 2006, que sólo ha eliminado del mercado 2,2 de los cinco millones de toneladas buscados para el conjunto de la Unión.
La medida tiene carácter de buena voluntad, que se convertirá en imposición de obligado cumplimiento si para 2010 no se logran los resultados buscados: quienes entonces deban cumplir los recortes que se dicten no tendrán derecho a compensaciones.
