Un juez bloquea toda decisión de Marsans sobre Aerolíneas
Un interventor sin voz ni voto informará sobre la empresa
La justicia argentina bloqueó ayer cualquier decisión del grupo español Marsans sobre Aerolíneas Argentinas (de la que aún posee el 94,6%), ante una petición del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que se hizo cargo de la gestión de la compañía en julio pasado, cuando se acordó la venta al Estado. Marsans repuso el martes a uno de sus directivos, Jorge Molina, que había sido separado hace un mes por el gerente nombrado por el Ejecutivo argentino, Julio Alak, y al que se le obligaba a tomar las decisiones de forma conjunta con alguno de los otros directores, según explica el subdirector general de Marsans, Vicente Muñoz.
El juez Esteban Surnari Lynch nombra además a un interventor veedor en Aerolíneas que deberá elevarle un primer informe sobre la situación de la empresa en los próximos 30 días, según fuentes cercanas al grupo turístico español, que añaden que no tendrá ni voz ni voto en la gestión de la empresa pero sí acceso a toda la información.
El secretario de Transporte de Argentina, Ricardo Jaime, se había presentado esta semana ante los tribunales para pedir, por segunda vez en el año, la intervención de la empresa aérea con el argumento de que debía garantizarse la continuidad del "servicio público" que presta en momentos en que sus finanzas se encuentran en rojo. Tras conocerse la decisión judicial, Jaime se dirigió a las oficinas porteñas de Aerolíneas para informar a sus directores de la nueva situación.
El martes, la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones del Congreso, a partir de un informe del Tribunal de Tasaciones de la Nación que indicaba que la compañía privatizada en 1990 tiene un patrimonio neto negativo de 605 millones de euros, había recomendado al Ejecutivo que la expropiara por un valor simbólico de un peso, es decir, 24 céntimos de euro.
Al día siguiente, Jaime manifestó lo que todos dan por descontado: que el Gobierno de Fernández está de acuerdo con la sugerencia de la comisión legislativa, dominada por el peronismo gobernante. El Ejecutivo no concretó la expropiación sino que optó por pedir primero la intervención judicial.
Marsans rechazó la oferta de un peso porque, según la valuación que le había encargado al banco Credit Suisse, Aerolíneas cuesta entre 260/355 millones de euros. Además, Vicente Muñoz, envió el jueves una carta a Fernández en la que le daba un plazo de una semana antes de iniciar una demanda para reclamar hasta 1.185 millones de euros a Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial, una vez que se ha visto agotada la vía diplomática que ha intentado al más alto nivel el Gobierno español.
En julio se firmó un acuerdo en el que se establecía que se recurriría a una tercera valoración si las realizadas por las partes diferían y no se llegaba a un pacto. Pero posteriormente el Congreso decidió que el precio sería determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación y el Gobierno se niega a la evaluación externa.
