Luz roja en el sector hortofrutícola

El sector de las frutas y hortalizas es uno de los ejes del ámbito agrario español, con una producción de unos 16 millones de toneladas y un valor en origen cercano a los 17.000 millones de euros, casi el 37% de la producción final agraria. Más de 300.000 personas trabajan en él. Además, es uno de los motores de la exportación, al suponer, con unos 8.000 millones de euros, el 40% de la balanza agroalimentaria española y el 6% de todas las ventas en el exterior. Frutas y hortalizas son el tercer sector en importancia en la exportación, sólo por detrás del automóvil y de la maquinaria industrial.

En los últimos tiempos, el sector ha dado varios avisos sobre la existencia de problemas para mantener esa posición. El piloto rojo lo colocaron los datos de los últimos meses del pasado año, que reflejan una caída en el volumen de las exportaciones del 21% en septiembre y del 12% en octubre, junto a un descenso en valor del 27% y del 9%, respectivamente. El balance de toda la campaña 2009 supone un recorte de las ventas del 3% en valor y del 4% en volumen.

Las importaciones de terceros países son una amenaza para el sector

Los modernos invernaderos del norte de la UE son un riesgo añadido

Para la Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), el sector se halla ante una grave situación de crisis tanto en las producciones de invernaderos como en los cultivos al aire libre por la falta de rentabilidad y competitividad. Para el director de la asociación, José María Pozancos, ello puede llevar al abandono de la actividad en muchas zonas si no se adoptan de forma urgente las medidas que el sector reclama a la Administración.

Según los datos manejados por Fepex, una primera causa de este negro panorama que se abre para el sector es la apertura del mercado comunitario a las producciones de terceros países, cuyos costes salariales son entre 15 y 20 veces más bajos, sin que se hayan adoptado medidas compensatorias. Esta situación va ligada a un retroceso de la demanda, una caída de los precios y un incremento de los costes de producción. El sector español se enfrenta además a un problema de envejecimiento de las explotaciones de los invernaderos, cuya eficiencia productiva está muy lejos de la que disponen las nuevas instalaciones en los países del norte de la Unión Europea. El incremento de las producciones de frutas y hortalizas en otros países comunitarios, tanto en invernaderos como al aire libre, supone una nueva competencia para las exportaciones españolas sin que se hayan articulado mecanismos para exportar a terceros países con poder adquisitivo como EE UU.

Frente a este panorama, el sector hortofrutícola ha planteado a la Administración una batería de medidas urgentes para seguir siendo uno de los pilares de la actividad agraria española:

Acuerdos comerciales. En el marco del mandato de negociación del Consejo a la Comisión en 2005, la Unión Europea ha desarrollado una política de acuerdos con terceros países, sobre todo en el Mediterráneo, donde los productos agrarios son el eje de las operaciones, destacando las ventas de Marruecos. El sector demanda a las autoridades comunitarias mayores controles fronterizos para que esos países cumplan las condiciones pactadas en volumen y en precios de entrada. El objetivo es evitar los hundimientos de cotizaciones que han provocado en reiteradas ocasiones. Los productores reclaman igualmente reformar el régimen de los precios de entrada para prevenir el fraude.

Medidas sociales. Se considera que la pérdida de competitividad de muchas explotaciones -por ser obsoletas, tener un tamaño insuficiente y carecer de rentabilidad- ha impedido efectuar inversiones para mejorar su tecnología o dimensión. Ante esta situación, se reclama una política de ayudas que haga posible el cese de actividad.

En materia social, un problema añadido denunciado por el sector es el progresivo incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social para los trabajadores por cuenta ajena entre 2010 y 2014. Los productores consideran que es un peso más que hace difícil competir con las producciones de otros países comunitarios y aún menos con terceros países, por lo que reclaman la reducción de las mismas.

Medidas financieras. El sector hortofrutícola ha sido uno más de los que han sufrido problemas de acceso a financiación como consecuencia de la crisis mundial. Los productores demandan el establecimiento de líneas de crédito y avales específicos tanto para la modernización de explotaciones como para circulante, así como una refinanciación de la deuda y la ampliación de la vigencia de los préstamos.

Igualmente, para apoyar la exportación, se reclama el establecimiento de medidas que reduzcan el coste del seguro del crédito en las operaciones con el exterior.

Modernizar explotaciones. Éste constituye uno de los principales problemas a los que se enfrenta actualmente el sector. Los invernaderos ocupan más de 50.000 hectáreas y sus ventas superan los 5.000 millones de euros. Aunque son uno de los gigantes del sector agrario español, la realidad es que una buena parte de los mismos se hallan obsoletos. Las inversiones realizadas han ido más dirigidas a la ampliación que a la mejora de instalaciones.

En este escenario, el sector debe hacer frente a las producciones de los invernaderos del norte de la UE, especialmente en Holanda, con un sistema de cogeneración y aprovechamiento de CO2, que se han levantado con ayudas públicas. El coste de estos invernaderos es de 1,56 millones de euros por hectárea. A efectos de producción, frente a un rendimiento medio en el caso del tomate de 15 o 20 kilos por metro cuadrado en los invernaderos tradicionales en España, en esas instalaciones la media supera los 60 kilos.

A esta situación se suma el coste de la mano de obra: 0,50 euros a la hora en Marruecos o 0,30 euros en Egipto, frente a los 7,5 euros en España.

Los productores solicitan ayudas para la reconversión de los invernaderos de alto nivel incorporando calefacción y fertilización con CO2. Inicialmente, el Ministerio de Agricultura había ofrecido para ello 100 millones de euros en la futura ley de agricultura sostenible, pero la propuesta se cayó del texto. Para fomentar la cogeneración en los nuevos invernaderos, el sector reclama la aplicación de una tarifa regulada que supone un coste de unos 90 millones de euros.

En las producciones al aire libre, el principal problema radica en la necesidad de proceder a una reconversión varietal para lograr cosechas de mayor calidad y volumen, mayor resistencia a las plagas, así como un redimensionamiento de las explotaciones. El sector pide que la superficie para la reconversión varietal subvencionable se eleve a un mínimo de 18 hectáreas y que aumente el importe de los apoyos.

Gestión de los mercados. El sector denuncia la ineficacia de los mecanismos para la gestión de los mercados implantados en la actual OCM en el marco de los programas operativos. Pide que los mismos se refuercen y a la vez desarrollar otros tipos de medidas a la hora de programar desde la producción hasta la comercialización. En esta línea, se reclama un aumento de la ayuda comunitaria para una mejor gestión de la oferta y que la misma llegue al 10% para el volumen máximo de retirada y mayores competencias para las interprofesionales.

Seguros agrarios. Los productores rechazan el incremento del coste del seguro y reclaman una adecuación de líneas y coberturas a las necesidades de cada una de las producciones. Fepex considera que el seguro agrario es indispensable para la viabilidad de las producciones de frutas, hortalizas, flores y plantas.