Urgente: reformar las pensiones

Las pensiones del mañana se deciden estos días en el Congreso de los Diputados. Los grupos políticos han sentado ya las bases para la reforma del sistema que presentará el Gobierno el próximo 28 de enero. Por encima de los matices, tanto la esfera política como la sociedad civil coinciden en un elemento: los retos demográficos y de equidad que afronta el sistema requieren cambios que lo hagan sostenible. Y cuanto antes se aborden, menos traumáticos resultarán para los pensionistas venideros, que previsiblemente pasarán de los 8,6 millones actuales a más de 15 en 2040.

Esa idea presidió el desayuno de trabajo organizado esta semana por EL PAÍS y Mutuactivos para analizar las claves de los cambios inminentes. El debate se produjo apenas unas horas después de que los parlamentarios llegaran al primer acuerdo mayoritario para ampliar el periodo cotizado sobre el que se calcula la pensión, lo que supone una rebaja generalizada. En el encuentro participaron Joaquín Leguina, demógrafo y ex presidente de la Comunidad de Madrid; Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo; José Antonio Herce, socio director de Analistas Financieros Internacionales (AFI); Paulina Beato, presidenta de la comisión de auditoría y control de Repsol YPF; Carlos Barrabés Cónsul, experto en innovación y presidente del grupo Barrabés, y Juan Aznar, director general de Mutuactivos.

Los expertos niegan que alargar la vida laboral perjudique al empleo juvenil

Los cambios deben hacerse ahora para que no resulten traumáticos

Pimentel critica las prejubilaciones en una sociedad que envejece

Paulina Beato anima a repensar las pensiones de viudedad

"Las pensiones, como el sistema sanitario, pueden ser vistas como un hecho económico, pero son un hecho social, conforman la base de la felicidad", arrancó Carlos Barrabés para subrayar el impacto que tiene en la ciudadanía lo que ahora se discute en el Parlamento. Y para que esa felicidad se mantenga, el sistema tiene que adaptarse a una nueva sociedad cada vez más envejecida que percibe mejores prestaciones durante muchos más años. Eso obliga a reformar, un concepto que introdujo Joaquín Leguina en el debate de forma provocadora: "¿Por qué lo llaman reformas cuando quieren decir rebajas?".

Las actuales proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) otorgan a los mayores de 65 años un peso muy relevante sobre el total de la población. Con esas cifras en la mano, los mayores de 65 supondrán en 2049 un 32% del total de la población, casi el doble que en la actualidad. "Es muy difícil compatibilizar pensiones cada vez más largas con periodos de acumulación cada vez más cortos. Es una aberración vital que nos jubilemos cada vez antes", enfatizó José Antonio Herce, experto en mercado laboral y sistemas de pensiones.

Paulina Beato puso sobre la mesa datos cruciales que justifican el debate. Con las previsiones actuales, en el año 2050 solo habrá 1,65 activos por cada mayor de 65 (ahora son cuatro). Y 10 años después, en 2060, el gasto en pensiones alcanzará el 15% del Producto Interior Bruto (PIB), un porcentaje que "no puede sufragarse únicamente con el trabajo de los jóvenes". De ahí la necesidad de elevar la edad de jubilación, que el Gobierno pretende situar en 67 años.

Beato insistió en que el momento de realizar las reformas es ahora. Entre otras cosas para que puedan aplicarse gradualmente y "no afecten nada a los jubilados actuales y muy poco a los que se vayan a jubilar pronto". Manuel Pimentel recordó un elemento fundamental que a veces queda diluido en el debate sobre el sistema público: tras dos años de crisis, la Seguridad Social aún conserva un modesto superávit. Pero eso no exime a los poderes públicos de la necesidad de reformar. Pimentel lo expuso de manera gráfica: "¿Es necesario el cambio? Sí. El Pacto de Toledo ya lo planteaba antes. ¿Es urgente? No, pero es oportuno abordarlo ahora. ¿El Gobierno tiene alternativa? No. ¿Puede el Gobierno no hacer lo que dijo en Bruselas que haría? Sería muy complicado".

Uno de los elementos que más urgencia imponen es la presión de los mercados. "Hay que conseguir que nos crean los mercados porque los necesitamos", expuso Beato, aludiendo al endeudamiento español. Leguina abogó por poner límites a la capacidad de esos agentes económicos para condicionar las decisiones y los calendarios de reforma: "Tengan voz o no, no tienen derecho a imponer".

Por encima de todo, "hay que explicar que las pensiones no están en riesgo; el Gobierno tendrá que evitar a toda costa la alarma", matizó Manuel Pimentel. El ex ministro de Trabajo bajo el mandato de José María Aznar se apartó de la línea que mantiene ahora el Partido Popular contraria al retraso de la edad legal de jubilación. Pimentel defendió la prolongación de la vida activa a 67 años y consideró conveniente que el PP la respaldara: "Salvo tactismo frívolo, debería apoyarlo".

José Antonio Herce quiso desterrar la idea de que alargar la edad de jubilación resta oportunidades a los jóvenes. En un país con una tasa de paro juvenil del 40%, el freno a este colectivo es uno de los argumentos más comunes contra la reforma que pretende el Ejecutivo. "Los países con una mayor tasa de actividad en los mayores de 55 años suelen tener menor paro juvenil. No tiene que ver el trabajo que realiza un mayor con el de un joven", esgrimió. También Paulina Beato consideró "una falacia" esa relación entre empleo de mayores de 65 años y desempleo juvenil.

El socio director de AFI abogó por preparar a los trabajadores para carreras más largas de cotización, lo que puede implicar, por ejemplo, invertir dinero público en "transformar por completo sus cualificaciones". El objetivo es que trabajadores que, por condiciones físicas, no puedan continuar con su trabajo a partir de una determinada edad se reciclen para asumir otras funciones.

Más allá del sistema público, que en España goza de más apego que en otros países, las pensiones privadas desempeñan un papel creciente en la jubilación de los españoles. El debate fue iniciado con contundencia por Juan Aznar, director general de la gestora de fondos Mutuactivos. Aznar confesó una "fe ciega en el sistema de protección social complementaria" y lamentó algunas de las restricciones que le afectan. Así, frente a la voluntariedad actual de las aportaciones, Aznar pidió cambios legales para "que sea el individuo el que destine por ley una parte de su salario a un fondo de pensión", y no únicamente movido por el incentivo fiscal o por el regalo que le ofrece el banco al suscribir un plan de pensiones. También pidió un mejor tratamiento fiscal -las aportaciones a sistemas de pensiones están exentas de impuestos, pero con límites cuantitativos- y pidió que se favorezcan también las dotaciones que hacen las empresas para sus empleados.

Tanto Leguina como Pimentel criticaron algunas de las reglas que hacen más restrictivos los planes de pensiones. El ex presidente de la Comunidad de Madrid explicó la sorpresa que le produjo enterarse de que el plan no puede ser rescatado hasta que el trabajador acceda a la jubilación, independientemente de que haya superado o no los 65 años. Aznar expuso ese desconocimiento de Leguina y Pimentel como ejemplo de lo complejos que resultan aún los sistemas de pensiones privados para la sociedad. Como crítica al sistema privado, el director de Mutuactivos admitió que a veces la rentabilidad que ofrecen no llega a superar la inflación generada en el periodo en que el capital ha estado inmovilizado.

Pero las mayores críticas las dirigió hacia las iniciativas políticas para reformar el sistema público. "Desconfío mucho de la voluntad política para afrontar el problema de las pensiones", arrancó su intervención. Y expuso con dureza por qué: "La laguna de los pensionistas es un charco muy apetecible donde se puede pescar cada cuatro años".

Más allá de los gastos, la evolución del empleo y la productividad son "los elementos más relevantes" para la salud del sistema de pensiones. Es ahí donde está el principal problema. "No estamos fracasando en las pensiones, sino en el empleo", añadió Manuel Pimentel, que criticó las prejubilaciones de las que se sirven muchas empresas para aligerar plantillas. Herce minimizó el papel de la productividad en el fortalecimiento del sistema con el argumento de que esas mejores aportaciones se traducen también en mejores prestaciones, pues "queremos llevar a la pensión el estándar de vida que tenemos como trabajadores". Para hacer corresponder lo más posible lo aportado con lo percibido, este experto es partidario de calcular la pensión teniendo en cuenta toda la vida laboral, frente al modelo actual, que contempla los 15 últimos años. La reforma de pensiones ampliará ese periodo como mínimo a 20 años.

Entre los retos de futuro, Paulina Beato resaltó la necesidad de repensar la pensión de viudedad. Como única mujer entre los participantes, Beato dijo no tener miedo de suscitar el debate y sugirió reformular esa prestación, heredera de una sociedad en la que la mujer quedaba sin rentas al morir el cónyuge.

La sostenibilidad del sistema no hay que buscarla solo en las pensiones. "El problema no es recortar las pensiones, sino ser más competitivos", analizó Carlos Barrabés. El empresario invitó a reflexionar sobre el valor excesivo que se ha otorgado a la juventud en esta sociedad que envejece a marchas forzadas. Porque a partir de ahora, más que empleo juvenil habrá que crear "empleo senil". En todo caso, Barrabés pidió que se aprenda a priorizar para salvar las pensiones. "No tenemos excusa para dejar a nadie atrás", concluyó.