La inspección fiscal estrecha el cerco sobre los profesionales

Acabado el boom inmobiliario, los profesionales centrarán los esfuerzos de la lucha contra el fraude en 2011. Hacienda pondrá en marcha un plan para controlar mejor estas rentas, provenientes en su mayoría de colectivos como médicos o abogados que trabajan de forma autónoma y más difíciles de rastrear que los salarios. Para ello, el fisco dispone de información novedosa que pretende rentabilizar el año próximo, según explicó ayer el director de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo.

El consumo eléctrico será una de las claves para detectar la actividad sumergida. Las compañías eléctricas han proporcionado este año por primera vez datos a la Agencia Tributaria que permiten tener conocimiento de alquileres no declarados. También servirán de guía los pagos con tarjetas de crédito, aunque en muchas ocasiones los profesionales disuaden al cliente de su uso para no dejar rastro del servicio prestado. Por último, la Inspección se apoyará en los movimientos de efectivo superiores a 3.000 euros que los bancos están obligados a comunicar a Hacienda. Se trata de rastrear estas actividades "de tan difícil control de ingresos", avanzó López Carbajo en un desayuno organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

Se seguirá la pista a los movimientos en efectivo de más de 3.000 euros

El responsable de la Agencia se mostró satisfecho de los datos de lucha contra el fraude logrados en lo que va de año. Hasta octubre se han ingresado 8.200 millones de euros, un 25% más que en el mismo periodo de 2009. La mayor parte obedece a la actuación directa de los funcionarios de este organismo, aunque hay 1.300 millones abonados voluntariamente por el contribuyente como efecto inducido de esos controles. El vigor de esas cifras se explica en parte porque Hacienda está ingresando ahora deudas originadas en otros ejercicios fiscales de mayor bonanza, más cuantiosas probablemente de lo que correspondería a esta etapa de atonía económica.

López Carbajo quiso echar por tierra la creencia de que el fisco vigila más al pequeño contribuyente que a la gran empresa y apuntó que la cuota media defraudada en la actualidad asciende a 175.000 euros. No obstante, es muy probable que esa media esté distorsionada por unos cuantos casos de elusión fiscal de gran magnitud, pues asumirla significaría que el grueso de los casos que investiga la Agencia Tributaria son constitutivos de delito fiscal (cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros y hay intención de hacerlo).