La Audiencia de Castellón declara prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales de Fabra
El tribunal mantiene contra el presidente de la Diputación y del PP provincial los procedimientos por tráfico de influencias, cohecho y un delito fiscal de 1999.- La fiscalía recurrirá el auto
La sección segunda de la Audiencia de Castellón ha declarado prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales de los que estaba acusado el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. La audiencia responde así a un recurso presentado por el también presidente provincial del PP en el que solicitaba el archivo de la causa y que la sala ha estimado parcialmente, ya que mantiene el procedimiento por tráfico de influencias y por cohecho y por el delito fiscal correspondiente al ejercicio 1999, cuando la Agencia Tributaria sí presentó una denuncia formal. Esto significa que, de momento, el trabajo realizado por dos peritos judiciales durante los cinco años que investigaron las cuentas y patrimonio de Fabra ha sido inútil. En cualquier caso, el auto de la Audiencia dicta el sobreseimiento libre, con lo que la resolución puede ser recurrida al Tribunal Supremo.
Al igual que la defensa de Carlos Fabra, la audiencia entiende que el hecho de que esta propia sala dictara el inicio de la investigación sobre el incremento patrimonial del presidente de la Diputación no implica el acto jurídico suficiente para paralizar los plazos de prescripción. "Que la autorización de aquella prueba pericial acordada al albur de comprobar las concretas imputaciones ya existentes, signifique el acto de 'interposición' que interrumpa la prescripción para cualquier hallazgo delictual de tipo tributario, no es en modo alguno posible ni aceptable", señala el auto de la Audiencia.
La fiscalía anticorrupción y la Unión de Consumidores, que ejerce la acusación popular, han anunciado que presentarán recurso de casación en los próximos días ante el Supremo, según la Cadena SER.
El juzgado número 1 de Nules de Castellón imputó a Carlos Fabra ante la posible comisión de cinco presunto delitos fiscales después de que los peritos detectaron en las cuentas del entonces matrimonio Fabra 3,6 millones de euros ingresados cuyo origen no estaba justificado, entre 1999 y 2003. Los peritos, que son inspectores de Hacienda, detectaron además un fraude a las arcas públicas de 1,7 millones de euros.
Hace un mes, el presidente de la Diputación de Castellón pidió más tiempo para aportar documentación al juzgado, que le investiga desde hace casi siete años, y por el que han pasado nueve jueces y cuatro fiscales. Entonces, Juan Alberto Marco, un auditor de cuentas contratado por Fabra para rebatir el informe pericial, y su abogado, Javier Boix, alegaron tener constancia de la existencia de documentación que no ha sido tenida en cuenta por los peritos, pese a que estos tardaron cinco años en elaborar el informe y revisaron 17.000 operaciones.
Los investigadores detectaron que Fabra, a través de sus cuentas personales o familiares, registró en el periodo auditado más de 240 entregas de dinero en metálico por casi 1.800.000 euros, cuando su sueldo oficial acumulado como presidente en la Diputación en ese tiempo no superó los 500.000. Sus dos chóferes han confesado que ingresaron por orden de Fabra dinero en metálico en sus cuentas. También ingresó en este periodo más de 130 cheques, muchos de ellos al portador, por un valor de más de 2.700.000 euros, y cerca de 80 transferencias por casi 800.000 euros.
"Buena noticia para la presunción de inocencia"
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha afirmado en una rueda de prensa en la sede del partido en Madrid que el sobreseimiento es una "buena noticia para la presunción de inocencia, que hoy se ve representada y consagrada en la figura de Carlos Fabra", al tiempo que es una "mala noticia para los fan de los banquillos mediáticos, que en España los hay y muchos".
La respuesta de los socialistas de la provincia de Castellón no se ha hecho esperar. El PSPV ha recalcado que el hecho de que la Audiencia Provincial haya decidido sobreseer la causa abierta contra Fabra por presuntos delitos fiscales entre 2000 y 2003 al considerar que han prescrito, no quiere decir que el dirigente popular "no los haya cometido".
