El Tribunal de Pau autoriza la extradición de dos presuntos activistas

El Tribunal de Pau (Francia) autorizó ayer la extradición a España de los presuntos terroristas Andoni Celaya Otaño y Juan Carlos Arriaga Martínez, detenidos hace unas semanas ep el País Vasco francés.España reclama a Andoni Celaya como presunto miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) por su supuesta participación en el asesinato de Enrique Casas, senador del Partido Socialista de Euskadi en febrero de 1984 en Bilbao.

Juan Carlos Arriaga, presunto activista de ETA Militar, está acusado de haber facilitado al comando Nafarroa de esa organización terrorista la información que posibilitó el asesinato en Pamplona del comandante Jesús Alcocer Jiménez, en abril de 1984. El dictamen del Tribunal de Pau permite al Gobierno francés entregar a estos presuntos activistas a la justicia española en cualquier momento, pero no puede descartarse que las autoridades francesas no apliquen la medida, atendiendo a razones de oportunidad política.

De hecho, el Gobierno de París continúa sin decidir la entrega a España de José María Bereciartúa Etxarri, presunto miembro de ETAm, cuya extradición fue autorizada por el tribunal de Pau hace ya más de un mes.

El mismo tribunal estudió ayer la solicitud de extradición presentada por la justicia española contra Gabriel Urrízar Murgoitia, Gautxori, presunto activista de ETAm. El juicio contra este exiliado, que estaba previsto para el miércoles de la pasada semana, fue aplazada atendiendo a la solicitud del detenido de contar con un intérprete de euskera que tradujera sus declaraciones ante el juez.

Durante el juicio de ayer, dos de los seis abogados que componían el equipo de la defensa se retiraron de la sala en protesta por la negativa del tribunal a conceder un nuevo aplazamiento. La defensa alegó no haber dispuesto de tiempo suficiente para estudiar uno de los cargos, planteados a última hora por la justicia española, que atribuye a Gabriel Urrízar Murgoitia la colocación de la bomba que estalló el 29 de marzo de 1981 en Azpeitia bajo el coche de un guardia civil. En el atentado resultó muerto un niño.

Este exiliado está también acusado de otros dos atentados, perpetrados en noviembre de 1983 y en diciembre de 1985, que costaron la vida al teniente Antonio Vicente y a Miguel Castellón. Urrizar fue condenado ya en 1984 a dos años de prisión por los tribunales franceses por un delito de posesión de armas.

La policía disolvió anoche en San Sebastián a un grupo de personas que intentaba manifestarse contra la concesión de ambas extradiciones, informa Efe. También se registraron concentraciones con el mismo motivo en Pamplona, Bilbao y Santurce, sin que se produjesen incidentes.