"Demasiado detalle para una mera 'kantada"
Hacía casi una década desde la anterior sentencia que, dictada por la Audiencia de Vizcaya en 2001, condenó a guardias civiles por torturar a etarras. En este caso, el tribunal territorial guipuzcoano no ha dejado lugar a la incertidumbre en su fallo. "Demasiado detalle para una mera kantada" [esto es, un escenario ficticio, dice la sentencia], se recoge en una de las 83 páginas que integran la resolución judicial, como reflejo de la poca credibilidad que los jueces han otorgado a la posibilidad de que las acusaciones de tortura fueran un montaje de los etarras para desprestigiar a los agentes del instituto armado.
Ni siquiera el correo electrónico interceptado tras la detención en 2008 de Garikoitz Azpiazu, Txeroki, en el que el entonces jefe de ETA admitía como "falsas" las acusaciones de tortura, han dejado hueco a la sospecha. La sentencia considera "evidente" que el dirigente etarra "no llegó a conocer, a través de los canales internos de comunicación de la banda armada (abogados, medios de comunicación, familiares), la realidad subyacente en los hechos enjuiciados".
Otra de las claves ha radicado en la declaración emitida en el juicio de octubre por un testigo que compareció de forma voluntaria en la instrucción tras entender que las declaraciones efectuadas en su momento por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en las que aseguró que durante la detención de Igor Portu y Mattin Sarasola los agentes emplearon la fuerza reglamentaria, "no se correspondían con la realidad".
Valoración política
El fallo, en cualquier caso, solo considera probados los malos tratos a ambos terroristas desde el momento de su detención, en torno a las 10.15 de aquel 6 de noviembre de 2008, y hasta su posterior traslado al cuartel de Intxaurrondo. Las supuestas vejaciones que ambos terroristas denunciaron haber sufrido también en el interior de las instalaciones no han obtenido la ratificación de los magistrados.
El consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, consideró ayer que la condena a los cuatro guardias civiles demuestra el "buen funcionamiento del Estado de derecho". Partidos nacionalistas como Aralar y EA, en cambio, exigieron una crítica pública de las torturas. La izquierda abertzale, por su parte, definió como "positiva" la sentencia, aunque también como "una excepción frente a la impunidad con que se desarrolla la práctica habitual de la tortura, amparada por el régimen de incomunicación".
