Fomento rebaja su aportación para el transporte en la capital y en Barcelona
En la Comunidad de Madrid se producen cada año 1.500 millones de viajes en transporte público: 670 millones en metro o metro ligero, la misma cantidad en autobuses urbanos o interurbanos y unos 180 millones en ferrocarril de cercanías. De estos últimos, solo un tercio de los viajeros usa un billete de Renfe, que es el que va a bajar un 5% de precio, según anunció el Gobierno central. Los otros dos tercios de viajeros de cercanías emplean algún tipo de abono que les sirve para el tren pero también para metro o autobuses, y el precio de esos abonos no lo decide el Ministerio de Fomento sino el Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
Mantener en funcionamiento esa red de transporte público cuesta unos 2.300 millones al año, según un portavoz de la Consejería de Transportes; el 40% lo pagan los viajeros y el 60% las Administraciones públicas. Y se lo reparten así: un 66% lo pone la Comunidad de Madrid, un 18,5% el Ayuntamiento de la capital y un 14,5% el Ministerio de Fomento (aunque, en el ámbito de la ciudad de Madrid, Ayuntamiento y Comunidad pagan a partes iguales). "El ministerio, además, ha rebajado este año su aportación en 20 millones. Lo que él no ponga tienen que ponerlo Comunidad y Ayuntamiento. Si encima se pide rebajar las tarifas, el coste es inasumible", afirma el portavoz.
En Cataluña, autobuses, metro, ferrocarriles de la Generalitat y Rodalies (así se llama Cercanías desde que se transfirió su gestión a la comunidad) suman más de 900 millones de viajes al año. Para rebajar el precio, el problema técnico que pone la Autoridad del Transporte Metropolitano es que, al existir una tarifa integrada para todos (con un abono de 10 trayectos se puede viajar en todos e incluso hacer transbordos), bajar solo el tren sería complejo. Y bajarlo todo, inviable: con lo que el usuario paga al comprar un billete sencillo (1,45 euros) se cubre el 40% del coste real del viaje. Para suplir el resto, el Gobierno central aportó 150 millones en 2010 (un 22% menos que en 2008); la Generalitat, 291 millones (un 12% más); el Ayuntamiento de Barcelona, 98 millones y el Área Metropolitana otros 93 millones.
