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El Gobierno permite a todas las familias ampliar gratis su hipoteca

El Consejo de Ministros aprueba un paquete de 11 medidas valoradas en 10.000 millones para reactivar la economía. -Solbes anuncia el final del impuesto sobre el patrimonio a fecha de 1 de enero

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un conjunto de medidas para reactivar la economía y que, entre otras iniciativas, permitirá a todas las familias ampliar sin costes el plazo de amortización de sus hipotecas sobre primera vivienda, reduciendo así la cantidad que mensualmente pagan al banco. Este plan, según ha anunciado el vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, tendrá un impacto positivo en el crecimiento del PIB de medio punto.

Esta medida, que en principio sólo iba a afectar a los hogares con especiales dificultades, entrará en vigor en mayo y tendrá una duración máxima de dos años. Como ejemplo, una persona con una deuda hipotecaria de 150.000 euros se ahorraría unos 328 euros si decide ampliar la amortización de su hipoteca.

El ministro ha adelantado que el Gobierno no esperará a junio para reducir sus previsiones de crecimiento, actualmente en el 3,1%

Para sacarla adelante, el Gobierno espera cerrar en los próximos días un acuerdo con las entidades de crédito que permita eliminar las comisiones asociadas a la ampliación del plazo de amortización de las hipotecas. También promoverá de manera urgente los acuerdos necesarios para suprimir los gastos registrales y notariales.

De momento, el conjunto del plan aprobado hoy, que inyectará este año a la economía 10.000 millones de euros y 8.000 millones de euros en 2009, incluye la supresión de los gastos fiscales, eliminando el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Otra de las medidas contenidas en el plan es la conocida deducción de 400 euros en el IRPF para asalariados, pensionistas y autónomos, que pondrá en su bolsillo unos 6.000 millones de euros, el equivalente al 0,9% de la renta disponible de las familias.

Esta medida entrará en vigor en junio de este año, de tal manera que en las nóminas de julio asalariados y pensionistas recibirán 200 euros más como consecuencia de las menores retenciones, y el resto se repartirá a partes iguales entre las nóminas de agosto y diciembre.

Dos ejes centrales

Según ha adelantado Solbes, que también ha anunciado que el Gobierno no esperará a junio para revisar su previsión de crecimiento para este año y que estaba fijada en el 3,1% ante la intensificación de la desaceleración, el paquete de medidas aprobado parte de dos ejes centrales. El primero de ellos está elaborado atendiendo a los aspectos sociales, como la ayuda de 400 euros y la ampliación de hipotecas, y otra pendiente de los económicos, cuyo objetivo es favorecer la reactivación ante el escenario de menor crecimiento respetando el principio político de la estabilidad financiera.

El ministro ha destacado que la reducción de impuestos ocupa un papel preponderante en este paquete de medidas, iniciativas que según los cálculos del ministerio afectarán a un total de 16 millones de contribuyentes.

En este apartado destaca también la eliminación del gravamen en el Impuesto sobre el Patrimonio con fecha de 1 de enero de 2008, iniciativa que ahorrará a los contribuyentes 1.800 millones de euros. De esta forma, este año será el último en el que se presente la declaración de este tributo.

Sin salir del ámbito fiscal, se mejora el tratamiento tributario de las rehabilitaciones de edificios, al poder recuperar el IVA soportado. Las obras realizadas en un edificio se considerarán rehabilitación cuando su coste supere el 25% del precio de adquisición del inmueble, sin incluir, como hasta ahora, el precio del suelo.

En virtud de este plan económico, todas las empresas, sin excepción, podrán pedir mensualmente la devolución del IVA. Esta medida entrará en vigor el año que viene y se estima que anticipará a las empresas cerca de 6.000 millones de euros a lo largo de 2009, en vez de tener que esperar a 2010, como ocurriría con los plazos actuales.

De cara a hacer más atractiva la inversión extranjera en España, el programa económico del Ejecutivo mejora también la fiscalidad de la deuda pública y otros instrumentos de renta fija para los no residentes, ya que no tendrán que tributar ni estarán sujetos a retenciones por los intereses percibidos. El objetivo, según ha destacado Solbes, es competir en las mismas condiciones que sus principales competidores en los mercados internacionales.

Ayudas a las pequeña y mediana empresa

El plan de choque amplía además en 2.000 millones de euros el aval que el Estado concede para la titulización de créditos a las pymes, pasando de 1.000 millones a un total de 3.000 millones. Con esta medida se pretende reforzar el apoyo financiero de los bancos a la pequeña y mediana empresa y reducir los costes a los que éstas se enfrentan.

Para reactivar el mercado inmobiliario, sobre todo en lo referente a vivienda oficial ante la contracción de la liquidez, se incrementa en 2.000 millones hasta los 5.000 la línea de avales del ICO para la titulización de préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda protegida.

Desde el punto de vista de la rehabilitación de viviendas, el ministro ha anunciado que se mejorará su tratamiento fiscal al tener en cuenta que el coste de la reforma debe superar el 25% del total del inmueble sin contar con el precio del suelo, tal y como se llevaba a cabo hasta la fecha.

Asimismo, el plan habilita además a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos a analizar trimestralmente el grado de ejecución de la obra pública para proponer, en caso necesario, las medidas oportunas para acelerarla, incluida la reasignación presupuestaria dentro de cada Ministerio.

Asimismo, el Gobierno convocará, de forma urgente, la Conferencia Sectorial de Vivienda, a fin de analizar las medidas que permitan alcanzar el objetivo, fijado para medio plazo, de construir 150.000 viviendas protegidas al año. La Conferencia también analizará las vías para promover la rehabilitación y mejorar la accesibilidad y eficiencia energética de los edificios.

El plan económico incluye además el llamado plan de recolocación de desempleados que, con un coste de 201 millones de euros, permitirá a las oficinas de los servicios públicos de empleo contratar a 1.500 orientadores y ofrecerá una ayuda extraordinaria de 350 euros mensuales durante un máximo de tres meses a los parados con especiales dificultades de inserción laboral.

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