El Gobierno no incluye ante los sindicatos la prórroga de Garoña

El Gobierno no ha ofrecido a los sindicatos extender la vida útil de las centrales nucleares ni prorrogar licencia de Garoña, que expira en 2013 por decisión del Ministerio de Industria. El texto de propuesta energética dentro del pacto social, al que ha tenido acceso este diario, incluye una producción nuclear en 2020 de 56.600 gigavatios hora, un 7% menor que la de 2010, algo que es compatible con el cierre de Garoña. Los sindicatos niegan que hayan recibido tal propuesta y miembros del Gobierno lo rechazan también, a pesar de que fuentes de La Moncloa sí informaron de la posibilidad de la prórroga.

El tema nuclear es de los pocos aspectos económicos que el Gobierno no ha rectificado. Hace dos años, José Luis Rodríguez Zapatero impuso al Ministerio de Industria el cierre de Garoña en 2013. La central, que cumplirá 40 años en mayo, es la más antigua y pequeña de España. La decisión dejaba a medias la promesa del PSOE de cerrar las nucleares al cumplir 40 años, ya que el próximo Ejecutivo aún podrá decidir si la prorroga (eso anunció el PP que hará si llega al poder).

CC OO: "Ni lo hemos pedido ni nos manifestamos por las nucleares"

El diario La Vanguardia afirmó ayer que, en la negociación para retrasar la edad de jubilación a los 67 años, el Gobierno había ofrecido a los sindicatos prorrogar la vida de las nucleares, aunque sin citar a Garoña. En esos términos, la propuesta sería relevante políticamente pero, sobre todo, simbólica. La próxima central en cumplir 40 años es la de Almaraz (Cáceres), que lo hará en 2021. En esa fecha es poco probable que Zapatero siga en La Moncloa y las eléctricas dan por descontado que en una década no habrá forma de cerrar nucleares, ya que Almaraz tiene cuatro veces más potencia que Garoña.

Además, actualmente nada impide que las nucleares funcionen más allá de 40 años (Garoña lo hará como mínimo hasta los 42). El proyecto de Ley de Economía Sostenible incluye fórmulas la "renovación extraordinaria de las concesiones [nucleares] por encima del plazo de 40 años, derivadas del desarrollo de nuevas tecnologías y de la necesidad de garantizar el suministro".

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, declaró en la cadena SER que un eventual acuerdo con los sindicatos "no afectaría a la central de Garoña", cuyo cierre es "una decisión firme". Sin embargo, fuentes de La Moncloa señalaron que la oferta de Garoña existía si había un pacto global con los sindicatos, que se oponen a la pérdida de empleo que supondría el cierre de la nuclear.

Esae mensaje recibió críticas y elogios. "Es esperpéntico", afirmó Carlos Bravo, de Greenpeace. La Junta de Castilla y León, del PP, dijo que "siempre es buen momento de rectificar". La central, de Endesa e Iberdrola al 50%, afirmó desconocer el tema.

A media tarde, miembros del Gobierno desmintieron que la prórroga nuclear esté sobre la mesa. Los sindicatos también negaron oficialmente haber recibido esa propuesta y afirmaron que no estaban en la negociación para "cambiar cromos". "No hemos reclamado alargar la vida útil de las nucleares ni hicimos una huelga general por las nucleares", señaló Llorenç Serrano, secretario de Medio Ambiente de CC OO.

El documento en materia de energía en negociación, de tres folios, remite a la cesta energética que el Congreso ha pactado para 2020. "El Gobierno y los interlocutores sociales asumen la propuesta de mix energético a 2020 de la subcomisión" del Congreso. El texto de esa subcomisión habla de abordar el debate nuclear "en la primera mitad de la próxima década" y calcula en el escenario de eficiencia que la potencia nuclear en 2020 será 460 megavatios menor que la actual (coincide con el cierre de Garoña).

Zapatero, que en una reunión con ecologistas en 2005 se definió como "el más antinuclear del Gobierno", defendió personalmente el cierre de Garoña. Las eléctricas tienen más esperanzas en el pleito contra el cierre en la Audiencia Nacional que en una rectificación del presidente. Entre otras cosas, porque al dejar la clausura para 2013 no hay necesidad de decidir antes de 2012. La central reclama anular el cierre o una indemnización de 951 millones de lucro cesante hasta 2029.