El Gobierno mantiene atascada la ley que el presidente anunció hace un año como urgente

"El Gobierno tiene el propósito de remitir al Parlamento un Proyecto de Ley para la Economía Sostenible. En ella se incluirán las normas que regulen las medidas fiscales, presupuestarias y todas aquellas otras que contribuyan a implantar, en la forma más rápida, más viable y consolidada, un nuevo modelo productivo para España. Proporcionará claridad, seguridad jurídica y posibilidad real de someter a evaluación sus resultados. Para garantizar la eficacia inmediata de sus previsiones, el Gobierno solicitará la tramitación por el procedimiento de urgencia", dijo José Luis Rodríguez Zapatero el 12 de mayo de 2009 en el debate sobre el estado de la nación.

El anuncio de esa ley fue la base argumental de su discurso, pero hoy la ley languidece en el Congreso. Ni siquiera se ha celebrado aún el debate de totalidad y la urgencia que anunció Zapatero para su tramitación se ha convertido en 12 ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas. Entró en el Congreso en marzo y no se empezará a debatir hasta septiembre, algunos de sus contenidos han quedado superados por las circunstancias y, en el mejor de los casos, no empezará a aplicarse hasta 2012. Hay otras cinco leyes que Zapatero anunció en ese discurso, de las que no se ha vuelto a saber: la ley de Enjuiciamiento criminal para que instruyan los fiscales y reformar el proceso penal; la nueva regulación de competencias de órganos judiciales, eliminando duplicidades y dilaciones innecesarias, a favor de los Tribunales Superiores de cada comunidad; la nueva demarcación y planta judicial, la regulación de los Consejos Territoriales del Poder Judicial y la reforma del Registro Civil; la ley libertad de conciencia y libertad religiosa, y la Ley integral de igualdad de trato. Es decir, las leyes que debía impulsar el Ministerio de Justicia han sido frenadas.

Sí se han tramitado y están en vigor la ley del aborto, la de libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios, la de Comercio y la de Puertos. También se ha cumplido la promesa de modificar la ley para eliminar la publicidad en Televisión Española y la de aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica.