El PP no prevé dimisiones, pero pide la inhabilitación para Garzón
Rajoy, indignado con el juez, exige al menos "apariencia de imparcialidad"
El PP decidió ayer, poco antes de conocer la explosiva implicación de su tesorero, Luis Bárcenas, en el caso de presunta corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, intensificar su campaña de contraataque. Primero presentó ante la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo una querella contra el juez por prevaricación. En el texto se reclama que se le aplique al juez la sanción más leve de las tres previstas por la prevaricación: de 10 a 20 años de inhabilitación, lo que supondría, de concederse, el fin de la carrera del juez más conocido de España y probablemente del mundo.
El texto de los populares, preparado por el equipo que dirige Federico Trillo, se basa en recortes de periódico para tratar de probar que el juez está retrasando voluntariamente su inhibición ante la implicación de aforados, y le achaca animadversión contra el PP basándose en el encuentro en una cacería con el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, que según la querella "revela una pérdida de imparcialidad del juzgador".
El PP no se conformó con este ataque frontal contra el juez, al que acusa del mayor delito que puede cometer un magistrado, el de tomar una resolución injusta a sabiendas. Cuando la portavoz de la Audiencia Nacional, por orden de Garzón, desmintió que Esteban González Pons estuviera implicado, el PP entendió inmediatamente que el juez estaba confirmando la otra parte de la información, la más relevante, esto es, que el tesorero, Luis Bárcenas, un hombre colocado al frente de la financiación del PP por Mariano Rajoy en 2008, sí está implicado. Y por eso los populares, por la tarde, ampliaron la querella por prevaricación.
Trillo dirige el ataque
En la ampliación, el PP llega a decir que la providencia de Garzón en la que pregunta al fiscal si debe dejar el caso en manos del Tribunal Supremo, visto que están implicados parlamentarios nacionales, es "probablemente una respuesta" a la querella de este partido, presentada a primera hora. Sin embargo, la providencia de Garzón, aunque se conoció ayer, está firmada el martes.
El PP vivió ayer una nueva jornada de locos. Rajoy, que estaba de campaña en Ourense con José Luis Baltar, se pasó la mañana hablando por teléfono con Trillo, que desde Madrid iba dirigiendo la estrategia de contraataque con toda la fiereza posible. Después de un rato, Rajoy ofreció un pequeño acto con militantes en plena calle en el que sentenció: "Quiero una justicia imparcial, con apariencia de imparcialidad. Y luego, el que la haga que la pague. Hay algunas cosas que están pasando en España estos días en plena campaña electoral que a nadie le gustan, ni le pueden gustar, piensen como piensen y sea como sea su ideología".
El líder del PP estaba indignado. Los populares están desesperados porque creen que mientras Garzón no levante el secreto del sumario, ellos están expuestos a golpes diarios -"en plena campaña electoral", como dijo Rajoy-, sin poder defenderse.
El líder ha decidido que no tomará ninguna decisión drástica, como la de forzar la dimisión de Bárcenas o la expulsión del partido de otros implicados, hasta que el juez no enseñe las pruebas que hay contra ellos.
Rajoy quiere además ganar tiempo hasta que pasen las elecciones del domingo, claves para él. Aún así, todos los dirigentes del partido consultados ayer mostraban una enorme preocupación por la implicación de Bárcenas. El tesorero, en cualquier partido, es una figura clave. Además, éste, aunque está vinculado a la anterior etapa, ha sido nombrado por Rajoy, por lo que cualquier golpe caerá directamente sobre el líder, que insiste en descartar absolutamente, en público y en privado, que este caso pueda acabar en un escándalo de financiación ilegal.
12 años de acoso político a Garzón
- Enemistad manifiesta (2009). El PP presentó ayer en el Tribunal Supremo una querella contra el magistrado por prevaricación. Antes intentaron sin éxito personarse en la causa para recusar al juez Garzón por "enemistad manifiesta".
- Un ataque brutal (2006). El magistrado imputó un delito de falsedad a tres peritos que elaboraron un informe en el que se vinculaba a ETA con el 11-M. Éstos y el vocal conservador José Luis Requero elevaron una queja al Poder Judicial, que fue archivada. Garzón denunció ante el Consejo "un ataque brutal" por "pretensiones políticas" de quienes sostenían la teoría de la conspiración. También fue rechazada una querella del pseudosindicato Manos Limpias
- Interés directo (2002). En 2002, los abogados de Batasuna recusaron a Garzón cuando declaró la suspensión de actividades de la formación por formar parte del entramado ETA. Batasuna achacaba al juez interés directo en la causa. En ese mismo año, el Gobierno vasco se querelló contra el magistrado por las resoluciones que restringían el derecho de reunión de la formación abertzale. Fue archivada en enero de 2003.
- Falta de imparcialidad (1996). El caso Oñaederra, uno de los sumarios de los GAL, archivado en 2003, estuvo paralizado más de dos meses porque el ex ministro José Luis Corcuera y el ex secretario de Estado Rafael Vera recusaron en 1996 a Garzón, que les había imputado en la causa. Era la tercera vez que Vera lo recusaba. Los ex altos cargos acusaban a Garzón de enemistad manifiesta y falta de imparcialidad. Ambas fueron rechazadas. Meses antes, en el caso del secuestro de Segundo Marey, Vera ya se querelló contra el magistrado, con el mismo resultado.
- Otros sumarios, otros jueces. La defensa de Ibarretxe recusó el pasado año a tres magistrados en el caso de las reuniones con Batasuna aduciendo falta de imparcialidad; la Generalitat catalana recusó a un magistrado conservador para evitar que participara en las deliberaciones del Estatuto; el juez del 11-M sufrió una campaña de descrédito por parte del PP y de medios afines. El PP también acusó de prevaricación en el caso Naseiro a varios policías y al juez Manglano, y el juez del caso Filesa dejó la causa por las críticas de destacados socialistas.
