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PSOE y PP quieren anuncios gratuitos de los partidos en las televisiones privadas

Las dos formaciones bloquean en el Congreso el cambio del sistema electoral

PSOE y PP han acordado ya que no reformarán el sistema electoral. Que la subcomisión que lleva dos años trabajando en el Congreso no incluya ninguna de las reivindicaciones de IU y de UPyD para mejorar la proporcionalidad del sistema. No aprobarán recomendaciones del Consejo de Estado como elevar el número de diputados o corregir la penalización hacia los partidos nacionales que no sean los dos grandes.

Sin embargo, PSOE y PP sí avanzan en algunos acuerdos que negocian de forma paralela. Por ejemplo, los socialistas propusieron al PP modificar la publicidad de las campañas para adaptarlas a los nuevos medios. Se incluye la posibilidad de obligar por ley a las cadenas de televisión privadas a emitir espacios gratuitos de los partidos políticos durante la campaña, tal y como hacen ya las públicas.

Acuerdo para crear un consejo que organice los debates electorales

La propuesta es vista con buenos ojos por el PP, según explica uno de los negociadores. En este momento las cadenas privadas tienen prohibido por ley emitir publicidad de los partidos, a diferencia de lo que ocurre con las radios. Un escollo para el acuerdo es que los dos partidos consideran excesiva la obligación de emitir anuncios de todas las candidaturas, tal y como se hace ahora con las televisiones públicas.

Otra propuesta del PSOE que el PP acepta es la de crear un consejo sobre debates electorales, que se encargue de organizarlos y establecer un reglamento, para que no haya que negociar en cada campaña electoral. Ese consejo acordaría un formato cerrado para todos los procesos electorales.

Los dos grandes partidos tienen también pendiente para pactar antes de que la subcomisión se cierre en junio la reforma del voto de los inmigrantes y el del llamado CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes). Los dos partidos se inclinan en el primer caso por mantener el principio de la reciprocidad pura, es decir, que voten en municipales los naturales de países con procesos electorales, previa firma de acuerdos. En este momento hay dudas sobre acuerdos firmados con Uruguay y Argentina, que el Gobierno debe revisar. Para los españoles residentes en el extranjero hay un principio de acuerdo sobre la necesidad de implantar el voto presencial en urna. Ambos partidos buscan una fórmula para que sean los consulados los que organicen y garanticen las votaciones, pero no en una única jornada electoral.

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También han acordado incluir en la ley la penalización del transfuguismo en los ayuntamientos, pero en este caso les queda todavía buscar una fórmula para incluirlo en la ley. Según el PP, "la fórmula jurídica supondría, o bien limitar por ley que los concejales adscritos al grupo municipal al que pertenece el alcalde puedan firmar una moción de censura en su contra, o bien establecer en dichos casos una mayoría cualificada para la suscripción de una moción de censura (actualmente para presentar una moción basta con la mayoría, es decir, la mitad más uno de lo concejales)". El PP ha logrado apoyo de PNV y CiU para que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada si tiene el 40% de los votos y el 5% más que la siguiente.

Hay acuerdo PSOE-PP para prolongar el periodo de publicación de encuestas. Inicialmente acordaron que pudieran publicarse los sondeos hasta el fin de la campaña, pero la solución final podría estar en el miércoles o el jueves previo a la celebración del proceso electoral.

Los partidos admiten dificultades notables para cumplir el acuerdo unánime de la Comisión de Igualdad del Congreso para facilitar la baja de los diputados, por enfermedad o por maternidad. La fórmula de la sustitución presenta problemas legales y prácticos, incluso aunque sea utilizando los candidatos de las listas que no hayan logrado escaño. Lo mismo ocurre con la utilización de medios telemáticos que se aplica en los Parlamentos autónomos de Cataluña y Andalucía.

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