Separada del servicio la funcionaria acusada de mantener relaciones sexuales con una reclusa
La funcionaria de la cárcel de mujeres de Wad-Ras, en Barcelona, Guadalupe Flores García, que fue acusada el pasado mes de mayo de mantener relaciones sexuales continuadas con una interna, ha sido separada del servicio activo durante un período de seis meses. La dirección general de Servicios Penitenciarios y Rehabilitación del Gobierno catalán ha adoptado esta medida para evitar que la presencia de la funcionaria en la prisión obstaculice la investigación interna abierta por la Administración para conocer la veracidad de las acusaciones. Flores no podrá recurrir la separación de su puesto de trabajo según le ha sido comunicado por escrito.La información interna sobre las supuestas relaciones sexuales de la funcionaria con la reclusa Anna Padró se abrió poco después de que otras dos funcionarias de Wad-Ras denunciaran a varias de sus compañeras por maltratar y coaccionar a la citada reclusa, con el fin de que no hiciera públicas sus relaciones con Guadalupe Flores.
Expedientes disciplinarios
En la resolución de la dirección general, que ha sido elaborada de forma paralela e independiente de la que está llevando a cabo el juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, se anuncia también la apertura de sendos expedientes disciplinarios, por razones no especificadas, a Olga Hernández y Victoria Arnáiz, las dos funcionarias que denunciaron a la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria los malos tratos sufridos por la interna Anna Padró, lo que desencadenó una de las mayores crisis que ha sufrido un establecimiento penitenciario femenino.Esta es la primera vez que han quedado al descubierto relaciones sexuales entre una reclusa y funcionarias, dos de las cuales aún permanecen en el anonimato. Anna Padró, la interna que se encuentra en el centro de toda esta polémica, ha reconocido a EL PAÍS ser lesbiana y haber mantenido "relaciones sexuales completas y satisfactorias con tres funcionarias de la cárcel durante los últimos seis meses".
Una de esas funcionarias, la que ahora ha sido separada del servicio por la Administración penitenciaria, acogiéndose al reglamento de régimen disciplinario y a la ley de Procedimiento Administrativo podría ser acusada de cometer un delito, caso de confirmarse las declaraciones de Anna Padró. Según señala el Código Penal, las relaciones sexuales entre funcionarios penitenciarios y presos están prohibidas.
El director general de Servicios Penitenciarios y de Rehabilitación, Xavier Hernández, ha firmado la separación del servicio de esta funcionaria y la apertura de los dos expedientes "al existir indicios racionales de responsabilidad disciplinaria por parte de Guadalupe Flores García". El instructor de esta investigación es Francesc Xavier Mir Reñé, al que Olga Hernández y Victoria Arnáiz acusaron la pasada semana en el juzgado de Instrucción número 3 de presionarlas con el fin de que cambiaran las declaraciones que habían efectuado anteriormente sobre el caso.
Coacciones y malos tratos
La denuncia de Olga Hernández y Victoria Arnáiz se efectuó el pasado día 20 de mayo. En su requerimiento judicial, que fue motivo de la apertura de las diligencias, las dos funcionarias denunciaron a varias de sus compañeras por coaccionar y maltratar a Anna Padró, de 29 años de edad, encarcelada por un delito de estafa.Según aquella denuncia, Anna Padró fue invitada, mediante coacciones y malos tratos, a entregar unas cartas de amor que obraban en su poder y le habían sido enviadas por sus amantes.
El caso Padró provocó una serie de enfrentamientos entre las funcionarias de la prisión y, tras la denuncia de Olga Hernández y sus compañeras, se dividieron en lo que el director de la cárcel, Juan de Dios Bellver, calificó de dos bandos. Estos dos grupos correspondían, según fuentes penitenciarias, por un lado a las funcionarias del interior del centro y, por otro, a las responsables de la administración de la prisión.
Las primeras acusaban a sus compañeras de no tratar a las reclusas con consideración y, de una forma global, de no desarrollar su labor de una forma profesional.
Aquella situación provocó además la protesta laboral de las funcionarias del interior del centro, las que mantienen contacto directo con las internas, que fue respaldada por las centrales sindicales Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores.
