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El TSJM acepta la competencia del 'caso Gürtel'

El tribunal pide a la Fiscalía que informe sobre posible competencia del Tribunal Supremo

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que preside Francisco Vieira ha aceptado la competencia en el caso Gürtel que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que ha salpicado a altos cargos del PP, informa José Antonio Hernández. El TSJM relaciona con las "actividades aparentemente ilícitas objeto de investigación" a los diputados de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor, de los que dice que pueden haber recibido "importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas con imputados en la causa seguida en dicho Juzgado Central de Instrucción".

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El juez Garzón envío el sumario abierto por la operación Gürtel a los tribunales superiores de Madrid y Valencia, únicos competentes para interrogar y juzgar a aforados (diputados regionales) de las dos comunidades autónomas. Ahora, el TSJM ha reclamado al magistrado la remisión "de la totalidad de las actuaciones seguidas" por él sin perjuicio de la decisión que tome el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que aún no se ha pronunciado sobre su competencia.

El TSJM ha solicitado además a la Fiscalía Anticorrupción que informe sobre posibles competencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El magistrado Antonio Pedreira será el juez instructor de la causa en Madrid.

Acusados de cobrar 1,2 millones en sobornos

El pasado 5 de marzo, Garzón se inhibió a favor del TSJM en la causa contra el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, el ex presidente de la comisión de investigación del espionaje madrileño, Benjamín Martín Vasco, y el diputado en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch. El magistrado les acusaba de haber cobrado 1.250.728 euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas, por lo que consideraba que habrían cometido los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita.

Alberto López Viejo está relacionado directamente con la trama empresarial diseñada por el cerebro de la red, Francisco Correa. López Viejo, según Garzón, habría beneficiado a las empresas investigadas con la organización de diferentes eventos "desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid".

Benjamín Martín Vasco, por su parte, aparecía implicado debido a las grabaciones presentadas por la Fiscalía Anticorrupción. Su papel, según el juez, consistía en "conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos a favor de la empresa Martinsa en el Ayuntamiento de Arganda del Rey". Esa promotora habría pagado comisiones a Francisco Correa, el cerebro de la trama, por esa labor. El parlamentario madrileño también facilitó la entrada de Easy Concept en Arganda mediante la adjudicación de contratos públicos entre 2005 y 2007, cuando Martín Vasco estuvo al frente de la sociedad municipal Fomento de Arganda del Rey.

Los indicios contra el diputado de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch se remontan a su época como gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, municipio del que era alcalde el también imputado Arturo González Panero, el Albondiguilla. Ejerciendo su puesto, ha sido acusado de adjudicar los locales municipales de Boadilla en condiciones ventajosas a empresarios amigos. Según explicaba Garzón en su auto del 5 de marzo, Bosch "tuvo un papel destacado en las operaciones inmobiliarias que Francisco Correa [cabecilla de la trama ha realizado en dicho municipio".

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