Tormenta política por los apuros de la Generalitat para emitir deuda
El tripartito acusa a CiU de poner en duda la solvencia del Gobierno catalán - Los convergentes critican que se intente colocar bonos entre los ciudadanos
Las dificultades del Gobierno catalán para emitir deuda pública para cubrir sus necesidades de financiación ha desatado una tormenta política en Cataluña a la puerta de las elecciones. Ante las complicaciones de las comunidades para colocar sus bonos en los mercados, la Generalitat ha recurrido a una emisión de entre 1.000 y 2.000 millones dirigida a los ciudadanos, que podrán comprar obligaciones a un año con una remuneración del 4,75% a razón de 1.000 euros por título. Se trata de una fórmula inusual para una comunidad que la oposición, sobre todo CiU, ha aprovechado para cebarse con la política financiera del Ejecutivo catalán. Los tres socios del tripartito (PSC, ERC e ICV) salieron a defender la operación de endeudamiento y la solvencia de la institución.
Los bancos estiman que venderán cerca de 1.500 millones en obligaciones
La Caixa garantizará entre el 40% y el 50% de la emisión
La Generalitat emitirá bonos por 1.000 millones de euros, ampliables hasta 2.000 millones, aunque fuentes financieras estimaron ayer que se cubrirán sobre los 1.500 millones. El Ejecutivo catalán no tendrá problemas en hallar bancos colocadores, puesto que estos perciben una comisión por hacerlo y el único riesgo que corren es que sus clientes saquen dinero de sus depósitos para comprar deuda catalana. Más delicado es, según estas fuentes, hallar una entidad aseguradora. En principio, La Caixa garantizará entre el 40% y el 50% de la operación, pero la Generalitat busca otras entidades que aseguren la emisión.
Además de que la operación es inusual para una comunidad (aunque no para el Gobierno central), ayer La Vanguardia informó de que el Ejecutivo catalán barajó hipotecar dinero procedente de transferencias futuras del Gobierno central para obtener financiación bancaria, aunque fuentes de la Generalitat aseguraron que fue solo una de las muchas opciones que se valoraron. Aun así, CiU y PP lo interpretaron como una prueba de la debilidad de las finanzas públicas. "La Generalitat está pelada y apurada", aseguró el líder de CiU, Artur Mas.
A la Generalitat le ha salido caro este año endeudarse, aunque el Departamento de Economía lo atribuye a la crisis de la deuda soberana, que se ceba aún más con las comunidades. El Gobierno de José Montilla trató de lanzar en primavera una emisión de deuda en los mercados internacionales, para lo que se encontró con inversores en Londres, París, Francfort, Zurich, Munich y Tokio. Al final tuvo que aparcar esa emisión por el estallido de la crisis de la deuda griega.
No solo Cataluña tiene dificultades. La Comunidad de Madrid también tuvo que retrasar en agosto la emisión de 500 millones de deuda pública y el País Vasco aplazó una subasta de deuda en abril. "Las comunidades están siendo castigadas por la reputación de su deuda en los mercados, pero esta última operación de la Generalitat es una buena solución y le auguro éxito, el problema es que estas operaciones públicas restan atención a la inversión privada", aseguró el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra Guillem López Casasnovas. La catedrática de Hacienda Pública de la UB Núria Bosch recordó que las comunidades "tienen una financiación más débil que el Estado y sufren mucho más la crisis: sus ingresos se han visto muy afectados y su gasto es muy expansivo porque deben hacer frente a la educación o la salud".
Según el Banco de España, Cataluña es la comunidad más endeudada, con 29.503 millones de euros hasta junio, aunque en relación con el Producto Interior Bruto está por detrás de la Comunidad Valenciana. Fuentes de la Generalitat recordaron que el plazo medio de amortización de su deuda pública es de siete años, y en ese periodo se prevé que la crisis habrá pasado.
Las críticas de CiU se fundamentan sobre todo en que la Generalitat emitirá bonos para sufragar sus gastos corrientes. "El Gobierno puede endeudarse para estimular la economía con más inversión pública, pero no para atender los sueldos de sus empleados y otros gastos que deberían haberse reducido con las medidas de austeridad", lamentó el diputado de CiU Francesc Homs, quien se reafirmó en que si su federación llega al gobierno auditará las cuentas del tripartito.
Los socios del Gobierno catalán, que en la reunión de hoy del ejecutivo analizarán la emisión, arremetieron contra CiU por dudar de la solvencia de la Generalitat. La consejera de Justicia y número dos del PSC por Barcelona, Montserrat Tura, afeó a los nacionalistas que "lejos de ayudar a que se pueda seguir manteniendo y cumpliendo el proyecto de prosperidad" de Cataluña, "están generando inseguridad e incertidumbre". El diputado Joan Ridao (ERC) recordó: "Mas dijo que dejaba la Generalitat con 200 millones de superávit y una auditoría reveló que había casi 1.200 millones de euros de déficit".
