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Reportaje:

El caos somalí impulsa a los piratas

El país carece de un verdadero Gobierno y de tribunales que puedan dar seguridad a los pesqueros extranjeros - Se han producido 55 ataques en 2008

Ramón Lobo

Somalia está de moda por la piratería, no por su miseria ni porque un 25% de sus ocho millones de habitantes dependa de una ayuda humanitaria que no puede recibir debido a la inseguridad del país. La ruta del mar Rojo, que une el océano Índico y el mar Mediterráneo -una de las más transitadas y de mayor importancia económica: 30.000 barcos surcan cada año sus aguas- se ha convertido también en una de las más peligrosas. Los piratas somalíes, que desde comienzos de 2008 han lanzado 55 ataques, según la Oficina Marítima Internacional, están forzando a Europa y EE UU a enviar efectivos militares para proteger sus intereses.

En Somalia (con 2.896 kilómetros de costa) no hay estadísticas fiables. Ni cifras de muertos. Tampoco Estado. Ni Gobierno real, tribunales de justicia, policía, servicio de recogida de basuras, electricidad o agua potable. En Somalia sólo hay pobreza, mal trato de la mujer (ablación e infibulación) y decenas de grupos que pugnan a tiros por los beneficios del caos.

El avión español puede avisar a los barcos, pero no repeler un ataque
Buques de guerra rodean el último botín: un carguero lleno de tanques
No hay ONG ni reparto de ayuda humanitaria por la absoluta inseguridad
Por las aguas en las que se producen los asaltos transitan 30.000 barcos al año
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Francia ha presentado esta semana un nuevo proyecto de resolución al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la constitución de una fuerza marítima internacional contra la piratería. China, Vietnam y Libia han forzado que se limite a Somalia dejando fuera las aguas de Filipinas y de Malaisia, también con piratas.

El Gobierno español, presionado por la opinión pública y la oposición tras el secuestro en abril del pesquero Playa de Bakio, ha enviado un avión Orion P-3 de reconocimiento para alertar a los atuneros de la presencia de barcos sospechosos, no para protegerles de eventuales atacantes. El coste de la misión es de ocho millones de euros al trimestre.

El Consejo de Seguridad ya autorizó en junio un primer despliegue militar inicial que aprovechó las instalaciones francesas en su ex colonia en Yibuti y que pretendía ser disuasorio. No ha tenido éxito. El texto aprobado autorizaba al Gobierno interino de Somalia a utilizar "todos los medios necesarios para resolver el problema". Pero el problema es que no existe tal Gobierno, sólo una ficción sostenida por la presencia del Ejército etíope, que actúa en Somalia por delegación de Estados Unidos y también en su propio interés: las posibles reservas de gas natural ocultas en el desierto del Ogadén, territorio que se disputan Etiopía y Somalia desde sus respectivas independencias.

Lo que el lenguaje diplomático llama Gobierno interino de Somalia es una coalición de señores de la guerra (los mismos o los herederos de los que llevaron a Somalia al desastre en 1991) encabezados por Abdulahi Yusuf, quien fuera dueño y señor de la región de Puntland (desde donde parten muchos de esos piratas).

Cada señor de la guerra pertenece a un clan, que a su vez se divide en subclanes, todos armados y a menudo enfrentados, convirtiendo el mapa étnico-político somalí en un jeroglífico.

Frente a ese Gobierno ficticio apoyado por Adis Abeba y Washington están las milicias de la antigua Unión de Tribunales Islámicos, que se hizo con el poder en Mogadiscio en junio de 2006, creando por primera vez desde la caída del dictador Siad Barre y la desaparición del Estado en 1991 la base de una cierta gobernabilidad. Los tribunales dieron seguridad a la capital, incautaron miles de armas y garantizaron los negocios. Su éxito como embrión de Estado extendió sus conquistas hacia Baidoa, Bandiradley y Beledweyne. Su error fue amenazar a Puntland y Somalilandia, que disfrutan de una independencia de hecho, y acercarse al Ogadén.

EE UU incluyó a los tribunales islámicos en su guerra global contra el terrorismo y los declaró aliados de Al Qaeda. Etiopía, que no desea un Gobierno fuerte en Mogadiscio y menos islamista, hizo el trabajo sucio. Los islamistas fueron expulsados en diciembre de 2006. Después, llegó la iraquización: atentados y muerte. "La situación ha empeorado mucho en los últimos tres meses", asegura una fuente occidental que pide permanecer en el anonimato. No hay ONG extranjeras. No es posible repartir ayuda humanitaria, de la que dependen dos de sus ocho millones de habitantes.

Los islamistas han dejado de ser un grupo unido, su principal fuerza en 1996. También se han roto en decenas de grupos, algunos muy radicales, otros moderados, cada uno con su jerarquía de mando. El país es un polvorín.

Los piratas de Puntland son la consecuencia más visible de ese caos cuya solución no entra en los planes de la fuerza militar extranjera. Pesa como una losa el recuerdo de todo lo ocurrido en octubre de 1993, cuando las tropas estadounidenses que habían acudido a Somalia a combatir una hambruna se vieron involucradas, por sus errores, en una guerra civil. El clan más fuerte, el de Mohammed Farah Aidid, les declaró la guerra. Las imágenes del desastre fueron recreadas por Ridley Scott en su excelente Black Hawk derribado.

En Somalia cada solución se convierte en un problema. La presencia militar etíope, extremadamente impopular, es el obstáculo que impide a los islamistas moderados acudir a una negociación. Pero si los etíopes se retiraran, el llamado Gobierno interino caería en unas horas. De hecho, apenas controla cuatro o cinco ciudades, incluida Mogadiscio. El resto es un mar de facciones islamistas.

[Los piratas que asaltaron el jueves el carguero ucranio Faina, con 33 tanques y otro armamento a bordo, estaban ayer rodeados por buques de guerra de EE UU y de Francia, según Efe].

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