La corrupción balear tiene a 40 ex cargos del PP imputados

La imagen del Partido Popular y la herencia política del ex presidente balear Jaume Matas, empañadas por nueve casos de supuesta corrupción, se someten a examen estos días en los juzgados de instrucción de Baleares. La magnitud de los escándalos de presunta malversación de dinero público y la alta cifra de implicados alargará hasta cuatro años, toda una legislatura, los procesos judiciales.

Junto al ex presidente balear, figuran como imputados otros 40 ex altos cargos del PP en el Gobierno autónomo de 2003 a 2007. Tres ex responsables populares cumplen ya pena de prisión con condena firme por corrupción. El resto de los imputados espera turno.

El último de esta larga lista ha sido el ex director general de Turismo, Juan Carlos Alía, en prisión sin fianza por el caso Ibatur. Tras levantarse el secreto de sumario el pasado miércoles, se supo que el Instituto Balear de Turismo pagó 5.568 euros a una entidad por traducir tres nombres al chino, según la Fiscalía Anticorrupción, que lo pone como ejemplo del desvío de fondos en el organismo público.

Tres ex dirigentes populares cumplen condena firme por casos de corrupción

Matas, que fue ministro con el ex presidente del Gobierno José María Aznar entre 2000 y 2003, es el denominador común de esta catarata de irregularidades. Además, está imputado en uno de los casos (Palma Arena). También han caído cuatro de sus ex consejeros en el Ejecutivo balear: los de Industria, José Juan Cardona; Economía, Luis Ramis de Ayreflor; Medio Ambiente, Jaume Font; y Turismo, Juan Flaquer. Los dos últimos siguen en política como diputados regionales del Partido Popular.

De la cúpula de aquel Gobierno, también están imputados otros 24 altos cargos (ex directores generales, gerentes de empresas públicas, jefes de gabinete y un secretario), a los que hay que sumar una decena más de cargos del organigrama autonómico.

Esta cadena cada vez más extensa y pesada lastra al nuevo presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, ungido en su día por el líder nacional, Mariano Rajoy, como ejemplo de "un hombre limpio". Bauzá quiere dejar atrás lo que considera "pasado", hasta el punto de que incluso ha intentado incorporar a su partido a la causa contra Matas como acusación particular, diciéndose víctima de sus presuntas corruptelas.

Pero el juez José Castro se ha negado, al considerar que "todos los indicios apuntan en sentido diametralmente opuesto". Es decir, parece que el PP, y más en concreto su maquinaria electoral, se benefició de fondos negros para "diseñar la campaña electoral de 2007

sin repercutírsele determinados gastos electorales y facturando otros de manera opaca".

Ni siquiera la familia ha quedado al margen de sospechas: el cuñado de Matas, Fernando Areal, ex gerente del PP en Palma, está imputado por abonar 50.000 euros de una caja b a la agencia de publicidad Nimbus. Empleados de esta firma han admitido que no facturaron al PP algunos trabajos o que los cobraron en dinero negro.

Pero son varias agencias más la investigadas por trabajar en la campaña electoral del PP al tiempo que recibían contratos millonarios de la Administración regional. Dos de ellas, Estudi Joan Rosselló y Espiral, ya han reconocido que no cobraron sus servicios al PP. De otras se sospecha que pagaron comisiones para recibir contratos.

Estos episodios de supuesta financiación irregular del PP balear -que aparecen en al menos tres de las nueve causas- han aflorado durante la investigación por el presunto desvío de caudales en empresas y obras públicas.

Y es que los grandes agujeros de la era Matas se encuentran precisamente en las empresas públicas autonómicas. Hasta 176 se crearon para, presuntamente, sortear los controles previos de gastos (y así destinar fondos a fines irregulares) y plantilla (para colar a militantes afectos).

La respuesta del PP ha consistido en enfilar la proa contra el juez José Castro. Fue él quien impuso una fianza de tres millones de euros sobre Matas al encontrar indicios de hasta una docena de delitos que le pueden suponer 24 años de cárcel. Su actuación ha sido respaldada, sin embargo, por la Audiencia de Palma.

Los intentos de Bauzá por pasar página cobran mayor importancia a menos de un año de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011. Esta misma semana ha asegurado: "No estamos condicionados por el pasado". Y algo similar deben pensar varios políticos de su partido imputados en esta maraña de presunta corrupción, toda vez que pretenden figurar en las listas electorales del PP para esos comicios.

El último en defender públicamente su derecho a hacerlo ha sido José Sala, alcalde de la localidad ibicenca de Sant Antoni. Pese a estar implicado supuestamente en una trama urbanística, aspira a liderar por primera vez la candidatura de su partido al Consell de Ibiza.