El diputado de Aguirre acusado de cobrar 250.000 euros de Correa se niega a declarar

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid inició ayer los tres primeros interrogatorios de implicados en el caso Gürtel, donde hay casi 60 personas imputadas en relación con la trama de corrupción que afecta a altos cargos del PP. Alfonso Bosch Tejedor, parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid y a quien el juez Garzón atribuía, antes de inhibirse del caso, haber recibido unos 250.000 euros de la supuesta trama, se acogió ayer a su derecho a no declarar hasta que sea levantado el secreto del sumario y pueda conocer las imputaciones que existen sobre él, según fuentes de las partes. La Fiscalía Anticorrupción le imputa varios delitos, entre ellos tráfico de influencias y cohecho.

El nuevo juez instructor del caso, Antonio Pedreira, mantuvo ayer los cargos contra él a pesar de su negativa a declarar, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A su salida del tribunal, Bosch eludió las preguntas de los numerosos periodistas que le aguardaban. Sólo manifestó: "Lo que tenía que decir lo he dicho ante el juez". Bosch intervino en la organización de la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar, la hija del ex presidente del Gobierno José María Aznar, desde el Ayuntamiento de El Escorial, localidad madrileña de la que era en 2002 segundo teniente de alcalde.

Otro de los citados ayer fue el ex viceconsejero de Inmigración del Gobierno de Madrid Juan Carlos Clemente, quien supuestamente cobró 16.000 euros de la trama corrupta. "Jamás, jamás he recibido un euro fuera de mi sueldo", aseguró. El abogado de Clemente señaló que la fiscal no ha pedido que se le imponga ninguna medida cautelar, ni siquiera la retirada del pasaporte, ya que su representado reside actualmente en Colombia y él mismo había pedido al juez, el pasado 15 de abril, declarar. También estaba citado ayer el abogado Santiago Lago Borstein, quien negó su intervención en la trama.

El juez interrogará mañana a los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asins y Enrique Carrasco, además de al cabecilla de la trama, el empresario Francisco Correa, que se halla en la cárcel y a quien el juez Garzón imputó delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.