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Bouchar y Ghalyoun niegan haber estado en el piso de Leganés pese a las pruebas de ADN

Zougam dice que está acusado "por venganza" por no colaborar con la policía

Los presuntos autores materiales del 11-M, Basel Gahlyoun y Abdelmajid Bouchar, han negado hoy haber estado en el piso de Leganés en el que se suicidaron siete presuntos responsables de la masacre, pese a que el ADN de ambos fue hallado en un gorro y en unas bolsas de basura, respectivamente, que se encontraron entre los restos de la vivienda. Esta ha sido la única pregunta que Bouchar se ha negado a contestar de las hechas por la fiscal mientras que el resto de su declaración ha sido exculpatoria.

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Bouchar ha comparecido tras Basel Ghalyoun y Jamal Zougam, también señalados como dos de los que colocaron las bombas en los trenes. Zougam ha vuelto a negar su participación en los atentados y ha condenado la matanza porque "no estoy de acuerdo con este atentado y con que se acabe con la vida de personas inocentes por motivos religiosos, políticos u otros".

Bouchar, para quien la fiscal pide 38.654 años de cárcel, al ser preguntado por qué aparecían huellas suyas en bolsas de basura y en dátiles que se encontraban en su interior, procedentes del piso de la calle de Carmen Martín Gaite de Leganés, ha dicho que se negaba a contestar. También ha negado haber estado en la finca de Morata de Tajuña (Madrid) en la que supuestamente se montaron las bombas que se colocaron en los trenes, pese a que sus huellas aparecieron en una chapa encontrada en ese lugar, y sostuvo que se encontraba en un restaurante de Fuenlabrada cuando ocurrieron los atentados. Además y al igual que los cinco acusados que han declarado antes que él, Bouchar ha negado tener relación con el 11-M y ha condenado los atentados "y todos los actos terroristas en el mundo".

El juicio se ha reanudado esta mañana después de que el viernes el presidente del Tribunal, Javier Gómez Bermúdez, interrumpiera la sesión porque el acusado se mostró "cansado" tras responder a las preguntas de la fiscal y a las de parte de las acusaciones. Hoy, Zougam, para quien el Ministerio Público pide 38.654 años de cárcel, ha cambiado de estrategia y sólo ha respondido a las preguntas de su abogado. Así, ha dicho que se encuentra en el banquillo de los acusados porque se negó a colaborar con la policía como confidente, algo que le ofrecieron antes de los atentados. "Si hubieras colaborado con nosotros, no estarías aqu"”, ha dicho que le espetaron una vez detenido tras el atentado. Por ello, cree que está acusado en el juicio "por venganza".

Zougam regentaba un locutorio en Lavapiés donde se vendieron las tarjetas telefónicas prepago de los móviles que activaron las bombas. Hoy ha negado que fuera la persona que vendió las tarjetas, ya que su socio en el locutorio donde se vendieron, Mohamed Bekkali, las guardaba en su domicilio para evitar robos en el local. "Es por eso que yo no pude suministrar las tarjetas, porque para eso se las tenía que haber pedido a mi socio", ha dicho. Además, ha vuelto a condenar los atentados y que él nunca cometería un atentado en España porque vive en este país desde 89 y "es como mi país. Aquí vivo aquí trabajo y aquí como".

Tras condenar los atentados, Zougam ha negado pertenecer a ningún grupo terrorista, mencionando a Al Qaeda, ETA, las Brigadas de la Muerte, Ansar el Islam, el GRAPO o el Grupo Islamista Combatiente Marroquí.

Basel Ghalyoun

Tras Zougam, se ha sentado en el banquillo de los acusados Basel Ghalyoun, considerado por la fiscal como otro de los autores materiales, aunque el juez instructor Juan del Olmo no le procesó como tal al estimar que había dudas en la identificación que de él hizo un testigo que aseguró verle en uno de los cuatro trenes atacados. Ghalyoun ha negado también tener relación con los atentados y ha dicho que la foto que sirvió para que un testigo le incriminara era antigua y parecía haber sido "manipulada". Ayudado por la lectura de una serie de folios que el juez le ha permitido consultar, el sirio ha negado todas las acusaciones.

Ha negado, por ejemplo, haber participado en la colocación de las mochilas-bombas en los trenes y dijo que el único testigo que le identificó en el convoy que hizo explosión a la altura de la Calle Téllez lo hizo un año después de los atentados, cuando en una rueda de reconocimiento anterior no lo hizo. Ghalyoun ha asegurado que durante la mañana del 11 de marzo de 2004 se encontraba en su casa junto a otro de los procesados, Fouad El Morabit.

Ghalyoun, para quien la Fiscalía pide 38.654 años de cárcel, ha admitido que conocía a varios de los acusados por los atentados, entre ellos a Sarhane Ben Abdelmajid Serhane El Tunecino, que se suicidó en la vivienda de la calle Martín Gaite de Leganés, porque coincidía con él en la mezquita de la M-30. No obstante, ha negado que compartiera vivienda con él a pesar de estar empadronado en su misma casa y ha justificado este hecho aludiendo a un favor realizado por El Tunecino para facilitar la inclusión de Ghalyoun en el padrón madrileño. Ha admitido haber escuchado una conversación de El Tunecino en la que éste justificaba la comisión de atentados en España, pero ha matizado que se refería a "atentados contra la propiedad privada".

El procesado ha negado que el material informático requisado durante el registro de su vivienda fuera suyo al igual que ha negado haber escrito un documento en que se describía cual debe ser el comportamiento adecuado para un buen musulmán.

El juez pide papeles al CNI

El presidente del tribunal del juicio por los atentados del 11-M, Javier Gómez Bermúdez, ha pedido al Gobierno la desclasificación de los documentos del CNI sobre una reunión que mantuvo el ex minero José Emilio Suárez Trashorras el 17 de marzo de 2004 con varios agentes de inteligencia y policías. Trashorras dijo en ella que Jamal Ahmidan, el Chino, tenía contactos con varios etarras presos en la prisión de Cañaveras. El tribunal ha pedido que se desclasifiquen los documentos relativos a ese encuentro, celebrado tres días antes de la detención de Trashorras y cinco antes de su declaración ante el juez. El ex minero, acusado de suministrar a los terroristas islamistas la dinamita con la que atentaron en los trenes de Madrid, habló ante los agentes de supuestos contactos entre terroristas de ETA y Jamal Ahmidan en la prisión de Cañaveras (Cuenca). La policía llegó a investigar esos contactos, concluyendo que no había indicios de importancia que avalaran una posible colaboración entre los etarras y los islamistas. La petición del juez choca, sin embargo, con un obstáculo: tal y como ha recordado el CNI al tribunal, se trata de información legalmente clasificada como secreta y sólo puede desclasificarla el Consejo de Ministros.

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