La fiscalía pide imputar a cinco empresarios por financiación ilegal del PP valenciano
El ministerio público se apoya en la investigación policial de Orange Market
La Fiscalía Anticorrupción quiere ampliar la lista de imputados . Y pretende hacerlo con empresarios valencianos que han efectuado pagos supuestamente irregulares al PP que preside Francisco Camps. El ministerio público, tras la investigación realizada por la brigada policial especializada en delitos económicos y blanqueo de capitales, insta al juez instructor a que cite a declarar, en calidad de imputados, a una empleada de Orange Market (la empresa de la trama dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes , en Valencia); a Enrique Tomás Ortiz Selfa, administrador único de la empresa Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, SA; a Enrique Gimeno Escrig, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, FACSA; a Vicente Cotino Escrivá, sobrino del vicepresidente tercero de la Generalitat valenciana, Juan Cotino, de la empresa Sedesa; Luis Batalla Romero, de la constructora Lubasa; y Antonio Pons Dols, presidente de PIAF, SL.
El sumario recoge las modificaciones de facturas y conceptos
Estos empresarios aparecen en distintos momentos del sumario como clientes de Orange Market, clientes que servían, además, para pagar algunos de los servicios que la mercantil que Francisco Correa tuvo en Valencia realizó para el PP. De hecho, los informes policiales que incorpora el sumario relativos a la contabilidad de Orange Market revelan una serie de correos electrónicos con instrucciones para modificar facturas. El 20 de diciembre de 2007, un correo electrónico instruye cambios: "La factura 118 estaba como cliente PPCV, cambiar el cliente a Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SA. El importe sigue siendo 31.784 euros". Una segunda factura se modifica también del PPCV (Partido Popular de la Comunidad Valenciana) a Ortiz e Hijos. El texto sigue: "Cambia el cliente (era el PP Castellón) Tiene que poner FACSA. Cambia el importe: era de 14.190 euros y tiene que ser base imponible 55.369, 16% de IVA, 8.859, Total: 79.953".
El sumario recuerda en otro punto que Enrique Ortiz e Hijos ha sido adjudicatario de obras de "distintas entidades públicas de la Comunidad Valenciana por un valor de 205 millones de euros" entre 2005 y 2008. Y que FACSA se adjudicó obras por 13,8 millones de euros entre 2005 y 2009.
Otros documentos garabateados a mano revelan el baile de facturas. Bajo el epígrafe Corregir en ordenador, el texto reza, por ejemplo: "Factura 63, factura física y contabilizada está con el proveedor PIAF (número de cliente 29). Concepto vallas publicitarias. Importe con IVA 26.912 euros".
Contra varios de estos empresarios se querelló el Grupo Socialista, y el Tribunal Superior de Justicia desestimó actuar porque lo estaba investigando el Tribunal Superior de Madrid.
