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Tragedia en Castelldefels

La imprudencia se perfila como causa de la tragedia ferroviaria

La Generalitat eleva a 13 los muertos en el siniestro de Castelldefels - Renfe y Adif afirman que la estación cumplía todas las medidas de seguridad

Jesús García Bueno

Una imprudencia fatal desencadenó la tragedia que la noche de San Juan segó la vida de 13 personas que iban a celebrar la verbena en Castelldefels (Barcelona). A última hora de ayer, la Generalitat elevó de 12 a 13 la cifra de víctimas mortales a partir de las pruebas forenses. Las primeras investigaciones sobre el siniestro ferroviario apuntan a la hipótesis de la imprudencia y descartan que un exceso de velocidad del convoy o un déficit de las medidas de seguridad de la estación propiciaran la tragedia. Las víctimas fueron arrollados por un tren Alaris porque decidieron cruzar por encima de las vías para evitar la aglomeración de pasajeros en el paso subterráneo (que estaba abierto) y alcanzar la playa cuanto antes.

Los pasajeros decidieron no usar el subterráneo por las aglomeraciones
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Incertidumbre entre las familias por la identificación de las víctimas
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"Ha sido una imprudencia", remachó el presidente de la Generalitat, José Montilla, que ayer se acercó a la estación de Castelldefels-Platja, donde a las 23.23 del miércoles un grupo de 30 personas fueron arrolladas por un tren que cubría el trayecto entre Alicante y Barcelona. Además de los fallecidos, el siniestro dejó 14 heridos. Cuatro fueron dados de alta ayer y tres siguen ingresados en hospitales en estado crítico, aunque no se teme por su vida.

El tren de cercanías en el que viajaban las víctimas circulaba repleto de pasajeros, unos 700, según diversas fuentes. Lo normal, por otra parte, en una noche como la de San Juan. Más aún, en una localidad costera como Castelldefels, a una veintena de kilómetros de Barcelona, que posee una extensa zona de playas donde miles de jóvenes celebran el solsticio de verano. Tras hacer parada el tren en la estación, se creó un embotellamiento que dificultaba los movimientos de las personas hacia la salida.

Para ahorrarse el agobio que supone esperar a que cientos de personas pasen por un túnel, algunos pasajeros tomaron el camino más corto: cruzar las vías. Esta conducta, peligrosa pero frecuente, está sancionada con hasta 6.000 euros de multa. Rara vez se castiga, pero el riesgo existe y puede acabar en gran tragedia, como ha pasado en Castelldefels.

Los primeros pasajeros alcanzaron el otro andén sin dificultades. Los que les seguían, sin embargo, no advirtieron que se aproximaba un tren a gran velocidad. Algunos lograron zafarse de la embestida dando un salto hacia adelante. Pero a 30 de ellos, el Alaris les pilló de pleno o les arrojó violentamente a su paso.

Los testigos del suceso, que en algunos casos son amigos y familiares de los heridos y fallecidos, denuncian la falta de visibilidad de los letreros que prohíben acercarse a las vías, las escasas medidas de seguridad de la estación (apenas había vigilancia privada) y las dificultades para abandonarla. Admiten que los suyos fueron imprudentes por cruzar las vías. Y más aún, por hacerlo sin mirar a ambos lados, despistados o siguiendo al grupo para alcanzar la arena. Aun así, subrayan que fueron esos factores externos que denuncian los que empujaron a los jóvenes a cruzar las vías.

"Vengo a Castelldefels de vez en cuando y, la última vez que lo hice había un paso elevado. No sabía que lo habían cerrado y que había uno subterráneo", explicó ayer un joven latinoamericano que iba en el tren y salió ileso. Hace nueve meses, la estación fue reformada: Adif abrió el paso subterráneo y cerró el elevado que comunicaba el apeadero directamente con la calle.

Otros testigos indican que el tren emitió señales acústicas cuando ya estaba a muy pocos metros de la estación. Y explican que circulaba con las luces apagadas, un extremo que fue desmentido categóricamente por Renfe. La compañía recordó que no es necesario validar el billete a la salida de la estación, por lo que el recurso de escapar por la vía para evitar ser pillados tampoco es un argumento válido.

El ministro de Fomento, José Blanco, se sumó a la tesis de la imprudencia, y llamó a la población a respetar las normas. "Los usuarios han de ser conscientes de que solo pueden acceder por los pasos autorizados". aseguró. Los encargados de gestionar las infraestructuras -el secretario de Estado de Infraestructuras, Victor Morlán; el consejero catalán de Obras Públicas, Joaquim Nadal; y el presidente de Renfe, Teófilo Serrano- optaron por declaraciones comedidas, aguardando a que la investigación determine si la causa del siniestro fue en efecto una imprudencia.

Nadal, Morlán y Serrano fueron prolijos al destacar que la estación cumplía con los requisitos de seguridad. "Nadie contaba con que una estación recién reformada, con todos los criterios legales de accesibilidad, no iba a ser suficiente para que se evitara un accidente de estas características", lamentó Morlán, que añadió que la investigación será "rotunda, porque los hechos lo requieren". Pero certificó: "La señalización estaba bien hecha, respondía a todas las prescripciones de seguridad y accesibilidad". Serrano defendió que el tren iba a la velocidad adecuada (no concretó cuál), pero no pudo precisar si el personal avisó por megafonía de la llegada de un tren sin parada. "Lo investigaremos", dijo Serrano.

El cónsul de Ecuador en Barcelona, Freddy Arellana Ruiz, pidió a los políticos que no se precipiten al sugerir que el atropello fue causado por una imprudencia de los pasajeros. De Ecuador proceden, supuestamente, varias víctimas del siniestro. Ruiz criticó que ningún miembro del Ejecutivo catalán se haya puesto en contacto con él. "Estamos totalmente desinformados", explicó el cónsul, que cargó contra Renfe por no prever las aglomeraciones en la estación en la verbena de San Juan.

Tres investigaciones en marcha -una de Adif, otra de Renfe, y la judicial- deberán aclarar las circunstancias del atropello. El juzgado de Gavà que estaba de guardia ha abierto diligencias previas. El juez se desplazó a medianoche a la estación y tuteló las tareas de rescate de los equipos de bomberos y de los Mossos d'Esquadra. La prioridad, según fuentes judiciales, es la rápida identificación de las víctimas. A última hora de ayer, ocho de los muertos (una mujer y siete hombres) tenían ya nombre y apellidos. Por la mañana, el juez había ordenado una segunda batida en Castelldefels-Platja para buscar objetos personales de las víctimas. A mediodía permitió que se retirara el Alaris que impactó contra los pasajeros, tras un registro minucioso. El juez ya tiene en su poder la caja negra del tren, que será clave para aclarar el siniestro.

La mayoría de los heridos son jóvenes de entre 16 y 25 años de origen latinoamericano. Eso hace pensar que las víctimas mortales comparten el mismo perfil. Hasta ayer por la tarde, el equipo de forenses y policías científicos que trabaja en el caso había identificado a ocho de las víctimas, según la Generalitat. Algunas están descuartizadas o tienen el rostro desfigurado, por lo que el proceso será largo. La consejera de Justicia, Montserrat Tura, no se aventuró ayer a dar una fecha concreta.

La incertidumbre por la identidad de los muertos provocó un terrible desasosiego entre las familias. Hay situaciones de todo tipo. Algunos testigos del accidente que salieron ilesos tienen el convencimiento de que sus familiares o amigos han fallecido, ya que viajaban con ellos y, tras el impacto, no han vuelto a saber nada. Las familias, sin embargo, aún no han accedido al depósito de cadáveres para identificar los restos. Los consulados de Ecuador y Colombia aseguraron, de acuerdo con las informaciones recibidas de algunos familiares, que entre los muertos hay cinco ecuatorianos y dos colombianos.

Para los padres de los chavales que ayer comprobaron que sus hijos no habían regresado a casa, la incógnita es aún mayor. Solo saben que faltan y no responden al móvil.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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