El juez del 'caso Faisán' pide que se identifiquen tres móviles de Interior

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado nuevas pruebas en el denominado caso Faisán, el supuesto chivatazo policial a la red de extorsión de ETA conocida como impuesto revolucionario. El magistrado, a iniciativa de las acusaciones, pretende identificar a los usuarios de tres teléfonos, cuyo titular es la Subsecretaría del Ministerio del Interior, con los que se mantuvieron conversaciones con los teléfonos de los imputados: el jefe superior de Policía del País Vasco, el director general de la Policía y un inspector de la Brigada de Información de Álava. Uno de los teléfonos que ahora se pretende identificar es el móvil particular del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, otro pertenece a la centralita del ministerio y el tercero se desconoce quién fue la persona que lo utilizaba.

Otro de los números investigados por el magistrado es de la centralita de Interior

Ruz cita por primera vez a declarar al denunciante del chivatazo

Entre las nuevas diligencias que el juez ha aprobado figura también la declaración del entonces comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia, José Cabanillas, firmante del primer informe sobre el asunto y que nunca declaró en la causa; así como del comisario provincial de San Sebastián en aquella época, Fernando Amo García.

El caso Faisán se inició como consecuencia de que una persona, supuestamente relacionada con las Fuerzas de Seguridad, el 4 de mayo de 2006 entregó un teléfono móvil al presunto colaborador de ETA Joseba Elosua a través del cual recibió una llamada que alertó a la red de extorsión de que les estaban investigando y de que podían ser detenidos en cualquier momento.

La investigación, iniciada por el juez Baltasar Garzón, se centró en el análisis de los cruces de llamadas sobre la zona del bar Faisán, en Behobia, junto a la frontera, del que Elosua era propietario y en el que se entregó el móvil. Garzón tomó declaración como testigos a 47 personas que tenían móviles que operaron en la zona del Faisán, a 11 policías también como testigos y a otros tres en calidad de imputados. Nadie identificó al agente que pasó el móvil a Elosua.

La investigación de la filtración ha corrido a cargo de varios magistrados de la Audiencia Nacional. En primer lugar, de Fernando Grande-Marlaska, que suplió a Garzón durante su año sabático; después le fue asignada al propio Garzón, tras reincorporarse, y, finalmente, la ha reactivado su sustituto, Pablo Ruz. En octubre de 2009, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el archivo de la causa al no hallar indicios suficientes de que el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo estuviera detrás de la delación. Dignidad y Justicia, que ejercía la acusación popular, y el PP, que se sumó entonces al proceso, pidieron al juez que encargara a la Guardia Civil la investigación del caso. El lunes 24 de enero, el juez Pablo Ruz ordenó reabrir la causa solicitando nuevas diligencias.