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Un juez ordena embargar por una deuda de cuatro millones al Ayuntamiento de Parla

El ex alcalde Tomás Gómez, hoy líder del PSM, se desmarca del problema

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, se ha desmarcado hoy por primera vez de su sucesor en el cargo, José María Fraile, en el Ayuntamiento de Parla. El juzgado número 19 de Madrid ha aprobado un embargo de cuatro millones de euros por las deudas contraídas por el municipio desde 2007 con la empresa Servidrive, la encargada de gestionar las instalaciones deportivas del municipio. Gómez, al conocer la decisión judicial, ha asegurado que cuando él dejó el puesto de alcalde las cuentas "estaban saneadas" y ha achacado estos problemas a las dificultades económicas que sufren en general la gran mayoría de los ayuntamientos.

La empresa llevó a los tribunales al Ayuntamiento de Parla en 2006, según adelantaba hoy el periódico Abc. Una sentencia condenaba al Ayuntamiento a pagar los cuatro millones de euros que adeudaba pero los responsables municipales ignoraban el mandato. Como ocurría esto, el juez ordenó la ejecución de bienes por valor de esa cantidad. El secretario judicial instó a la interventora municipal a realizar en dos semanas una relación de bienes patrimoniales que pudieran ser susceptibles de embargo. Los bienes requisados, como se explica en el auto judicial al que ha tenido acceso este periódico, no afecta a los servicios públicos.

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El Ayuntamiento de Parla ha hecho hoy una nota pública en el que dice que este proceso aún se encuentra en alegaciones, según informa el servicio jurídico, y el juez debe valorar lo alegado. "En total, desde que esta empresa comenzó a prestar servicio en la ciudad, el Ayuntamiento de Parla ha abonado ya 16.950.000 euros, lo que representa un ejercicio de responsabilidad y un esfuerzo muy importante para este Consistorio. Además del procedimiento jurídico que está abierto, el Ayuntamiento quiere mostrar su disposición y su colaboración con la empresa, con la que se encuentra en conversaciones para fijar el calendario de pagos para hacer frente a las cantidades pendientes, que rondan los cuatro millones de euros", añade la nota.

En ese escrito se envía un "mensaje de tranquilidad" ya que de llegar a producirse "nunca podría afectar a bienes afectos a servicio público". Incide en que tampoco afectaría esto a "suelo industrial ni de suelo que pudiese albergar futuros desarrollos de la ciudad".

La empresa Servidrive, S.L., informan fuentes municipales, gestionaba las instalaciones deportivas hasta que la adjudicación por concesión administrativa a una nueva empresa, momento en el que el Ayuntamiento rescindió el contrato con Servidrive, S.L.

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