Mas promueve un impuesto a los ricos para aplacar el malestar por los recortes

Agobiado por las protestas contra los recortes sociales que se suceden día sí día también en Cataluña, Artur Mas buscó un respiro ayer en el Parlamento catalán al declararse partidario de la creación de un impuesto sobre las grandes fortunas, una tasa que defendió sin concreción alguna y sin comprometerse a instaurarla. Mas aprovechó la apertura del debate de política general para defender sus medidas de recortes en hospitales, escuelas y todos los servicios públicos. Recogiendo la estrategia de Convergència i Unió, vinculó directamente la pésima situación de las finanzas catalanas a la falta de un sistema de financiación como el concierto económico que tienen el País Vasco y Navarra.

Mas fue premeditadamente ambiguo al hablar del nuevo tributo, sobre todo porque Convergència i Unió se abstuvo en la votación sobre el impuesto de patrimonio no hace ni una semana en el Congreso y porque la Generalitat suprimió en enero el impuesto de sucesiones a los grandes patrimonios. "Que quede claro que es un planteamiento temporal y que esta figura tributaria habrá de respetar el principio de equidad, habrá de estar diseñada de manera que no tenga efectos no deseados sobre el crecimiento económico y la recuperación y deberá tener unos costes de gestión que no reduzcan su capacidad recaudatoria", explicó Mas. Pero, dicho esto, el presidente de la Generalitat dejó en el aire si va a crearlo su Gobierno o si se limitará a proponerlo al Gobierno central. "La forma de implantarlo se tiene que analizar. En el acuerdo de financiación actual, la capacidad normativa de la Generalitat es muy limitada", dijo. Fuentes del departamento de Presidencia aseguraron después que no es intención del presidente instaurar un nuevo impuesto solo para Cataluña y aseguraron que las palabras de Mas deben leerse en clave nacional: "Si el Gobierno central quiere crear este impuesto para toda España, la Generalitat lo apoyará".

También quiso demostrar compromiso con la reducción del déficit al aprobar por la mañana el anteproyecto de ley que fija un tope del 0,14% de déficit para 2018 -esto es: dos años antes del plazo que se han dado PSOE y PP con la reforma constitucional-. Con esta ley, la Generalitat quiere transmitir que es responsable y que no se la tiene que obligar "desde fuera".

Mas tuvo una actitud defensiva y repartió culpas por doquier sobre la actual situación económica. Además de volver a acusar al Ejecutivo anterior de haber entrado en una "espiral diabólica" de endeudamiento, no ahorró reproches al Gobierno central por sus incumplimientos en materia de inversión. "Hay una voluntad manifiesta de parar el progreso del autogobierno de Cataluña", dijo, acusando por igual a PP y PSOE. Esto, sumado a la crisis, obliga, según Mas a pedir el pacto fiscal.

Pretende Mas que el conjunto de los partidos catalanes apoye la reivindicación de CiU, y por eso su Gobierno no duda en insinuar que los recortes serían menores si Cataluña tuviera el concierto económico. Eso ya le ha servido para atraerse a Esquerra Republicana. Lo que busca ahora es el concurso del PSC. Por eso llamó a la unidad de todos los partidos. "El momento reclama hacer piña en Cataluña, trasladarla a Madrid y condicionar nuestro apoyo a la gobernabilidad del Estado a la consecución del pacto fiscal".