Los Estados republicanos traman una rebelión contra la reforma sanitaria

El gobernador de Idaho, Butch Otter, un republicano, firmó esta semana una iniciativa que exige a la fiscalía general de su Estado demandar al Gobierno federal por usurpación inconstitucional de las competencias estatales si el Congreso aprueba la ley que universaliza la asistencia sanitaria. La semana pasada, el Congreso de Virginia aprobó la misma medida. Utah y Oklahoma ya lo habían hecho antes. Más de 30 Estados están debatiendo iniciativas similares en lo que se contempla como un peligro de rebelión por parte de los Estados contra la reforma sanitaria con el apoyo del Partido Republicano.

"Algunos pensarán que esto no va a ningún sitio, pero cuando vean que somos 36 Estados en contra, comprenderán que somos una masa crítica, que somos una masa constitucional", declaró Otter al firmar su orden de insubordinación contra el Gobierno central.

Obama culpa a las aseguradoras médicas de acosar a los congresistas

La revuelta está inspirada desde Washington por un think tank conservador que aboga por la limitación del poder del Gobierno central, el American Legislative Exchange Council, presidido por el congresista republicano de Tejas Tom Craddick. Esta organización sostiene que la reforma sanitaria, en la medida en que obliga a todos los ciudadanos a tener un seguro de salud (con subvenciones públicas para los que no puedan pagarlo), viola la Décima Enmienda de la Constitución, que afirma que los Estados y el pueblo retienen todos los poderes que la Constitución no atribuye específicamente al Gobierno federal.

Los líderes republicanos en el Congreso no han respaldado aún directamente esa interpretación, pero han advertido reiteradamente que la aprobación de la reforma sanitaria provocará un levantamiento popular. El líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, John Boehner, un ardiente defensor de la reducción de los poderes centrales, anunció el miércoles que su partido hará "todo lo que sea necesario para impedir que esta reforma no se apruebe nunca, jamás". En unas declaraciones recientes, Boehner aseguró que "la creciente rebelión entre los Estados es la prueba de la fuerte oposición que existe en la calle a los planes de los demócratas en Washington".

La insubordinación de los Estados tiene sus raíces en los mismos orígenes de esta nación y es una amenaza recurrente de los conservadores más radicales cada vez que las cosas en Washington no marchan de acuerdo con sus intereses. En los últimos meses, sin embargo, esa rebelión ha adquirido un tono preocupante, con la resurrección de un viejo reclamo ultra, como es la independencia de Texas, o, de forma más seria, con la decisión de numerosos estados de violar las disposiciones federales que limitan el uso de las armas de fuego.

Esta posible rebelión contra la reforma sanitaria puede no encontrar mucho asidero legal, puesto que el artículo 6 de la Constitución establece claramente que, en caso de conflicto, la ley federal prevalece sobre las disposiciones estatales. Pero, al menos, puede crear suficiente controversia como para anular el efecto positivo que puede tener la aplicación del nuevo sistema de salud.

Si la reforma sanitaria acaba en el ámbito judicial, los republicanos confían en la mayoría de cinco a cuatro que los conservadores tienen en el Tribunal Supremo. Las posibilidades de emprender esa vía dependen en parte del método que los demócratas utilicen el domingo para aprobar la ley. Si se deciden por una opción, mencionada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que permite "asumir" el proyecto de ley que aprobó el Senado sin necesidad de votarlo nominalmente, es seguro que las demandas de inconstitucionalidad se multiplicarán. Pero incluso si se produce una votación tradicional, es muy probable que la reforma sanitaria sea desafiada en los tribunales.

Barack Obama culpó ayer, en un discurso, a las compañías aseguradoras de las principales amenazas contra la reforma. "Sus lobbystas", dijo, "están acosando al Congreso mientras estamos hablando aquí, y gastando millones de dólares en anuncios negativos, porque van a hacer todo lo que puedan para matar esta ley".