El Gobierno belga dimite por el escándalo Fortis

Yves Leterme, primer ministro belga, presentó ayer la dimisión de su Gobierno al rey Alberto después de que un informe del presidente del Tribunal Supremo, Ghislain Londers, confirmara, aunque sin pruebas puramente jurídicas, los intentos del Ejecutivo de forzar la voluntad de los jueces que acabaron por desautorizar su plan de desmantelamiento de Fortis, el primer grupo bancario nacional, hundido por la crisis financiera. La decisión de Leterme sumerge al inestable sistema político belga en su enésima crisis. El soberano se reservó su decisión y comenzó a evacuar consultas. La clase política belga pedía anoche salidas que no añadieran más caos al caos. La de ayer fue la cuarta vez que Leterme dimite tras ganar las elecciones de junio de 2007.

El golpe de gracia a la devaluada credibilidad del primer ministro llego a media tarde, cuando trascendió una "nota detallada" del primer presidente del Tribunal de Casación, la más alta instancia judicial belga, dando pormenorizada cuenta de las peripecias e intentos de manipulación a las que fue sometida la deliberación del tribunal que analizaba la decisión gubernamental de desmantelar Fortis. "Vistos los límites de mis posibilidades de investigación, es cierto que lo que precede no aporta pruebas jurídicas sobre un intento de obstaculizar la justicia, pero incuestionablemente hay indicios importantes en ese sentido", concluía Londers, presidente del tribunal.

En otro escrito previo, dirigido al presidente de la Cámara de Representantes, Londers denunció que "se ha hecho de todo para conseguir que el fallo de la Sala 18 del Tribunal de Apelación no se pronunciara como lo hizo" y que incluso se intentó que fuera otra sala la que viera el caso de los pequeños accionistas de Fortis alzado contra el desmantelamiento del grupo sin haber sido consultados. La Sala 18 les dio la razón la pasada semana, a pesar de todas las presiones políticas. La primera consecuencia fue la paralización de la prevista venta al grupo bancario francés BNP.

Antes de que Leterme acudiera al Belvédère, la residencia del soberano, había tirado la toalla el viceprimer ministro y titular de Justicia, Jo Vandeurzen, hombre de confianza del jefe de Gobierno a cuya sombra había hecho toda sus carrera política democristiana en Flandes. Vandeurzen estaba al tanto de filtraciones de las deliberaciones del tribunal, de las presiones y debiera haberlas denunciado. Fue el propio Leterme quien le comunicó el intenso vaivén de telefonazos, correos electrónicos y hasta SMS entre el personal de su Gabinete y los jueces.

En un egregio ejemplo de la domesticidad de la política belga, el jefe de Gabinete de Leterme había sido alertado de que las cosas pintaban mal para el Gobierno ante el Tribunal de Apelación por su correligionario Jan de Groof, esposo de una de los tres jueces que forman la sala. La juez Christiane Schurmans no suscribió el fallo de sus otros colegas que dejaba en evidencia al Gobierno alegando una indisposición temporal. Londers no especula sobre si se trató de un intento de retrasar el fallo. Pero deja claro que hubo intentos teledirigidos desde el Gobierno de sustituir a los otros dos jueces: "Al sentir la presión ilícita de apartarles del caso, ambos decidieron emitir la sentencia por estimar que era la única forma de no ceder a la presión".