Hezbolá dirigirá el Gobierno de Líbano

El partido-milicia chií Hezbolá, considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, ya gobierna en Líbano. Pero lo hace a través de un multimillonario moderado de religión suní, Najib Mikati, y sin voluntad aparente de romper el delicadísimo equilibrio religioso y político del país y del conjunto de Oriente Próximo. Hassan Nasralá, el carismático líder de Hezbolá, apeló ayer a la calma y la unidad, pero decenas de miles de suníes, partidarios del aún primer ministro en funciones Saad Hariri, se manifestaron en una jornada de ira que incendió Trípoli y bloqueó Beirut durante varias horas.

Hezbolá, que controlaba un tercio del Gobierno de Hariri y poseía derecho de veto, consiguió hace dos semanas una inesperada mayoría parlamentaria gracias al apoyo del líder druso Walit Jumblatt, que hasta entonces formaba parte de las fuerzas prooccidentales y prosaudíes de Hariri. El único objetivo explícito de Hezbolá consistía en bloquear la investigación de la ONU sobre el asesinato en 2005 de Rafic Hariri, padre de Saad Hariri.

El partido chií veta la investigación por la ONU del asesinato de Hariri

Según numerosos rumores, no confirmados porque al menos hasta finales de febrero el sumario permanecerá bajo secreto, varios miembros de Hezbolá podrían ser acusados de participar en el atentado. Hezbolá insistió durante meses para que Hariri recusara la investigación internacional sobre el asesinato de su padre. Ante la negativa de Hariri, se atrajo los diputados del druso Jumblatt (mediante amenazas, según parlamentarios suníes) y a la coalición cristiana de Michel Aoun, y logró una mayoría en el Parlamento. El presidente del país, Michel Suleiman, no tuvo otra opción que encargar a Mikati la formación de un Gabinete.

Hassan Nasralá, un político de gran habilidad, intentó evitar que la llegada al poder de Hezbolá fuera interpretada como un golpe de Estado parlamentario o como una entrega de Líbano a Siria e Irán. Para eso eligió respaldar como candidato a un suní moderado como Najib Mikati. Tampoco tenía muchas otras alternativas, ya que la Constitución exige que el primer ministro sea de religión suní (igual que el presidente ha de ser cristiano y el presidente del Parlamento, chií) y la inmensa mayoría de los suníes estaban del lado de Hariri y del bloque prooccidental.

Los partidarios de Hariri sí tomaron la maniobra como un golpe de Estado y desde el lunes por la noche salieron a la calle. En Trípoli, feudo suní, los disturbios fueron de gran intensidad y el Ejército se enfrentó a los manifestantes. Algo similar ocurrió ayer en la capital, Beirut, que durante parte del día permaneció con los accesos bloqueados.

En realidad, el hecho de que fuera el Ejército quien se enfrentara a la protesta suní demostró que, al menos por el momento, Nasralá y Hezbolá preferían mantener una actitud conciliadora. Hezbolá es una milicia muy poderosa, capaz de enfrentarse al Ejército israelí y, evidentemente, muy superior en todo al Ejército libanés. Si quisiera hacerse con el control del país, lo haría en cuestión de días, como demostró durante el sitio de Beirut, la demostración de fuerza que desarrolló en 2008. Por el momento, los milicianos de Hezbolá permanecieron en sus casas. Pero la violentísima historia de Líbano y su propensión a los enfrentamientos sectarios hacían imposible prever el desenlace de la actual crisis.

Tanto el nuevo primer ministro, Najib Mikati, como el propio Nasralá pidieron a las fuerzas de Hariri que se unieran a un Gobierno de unidad nacional. Hariri respondió negativamente. Los políticos libaneses y los diplomáticos extranjeros consultados por este periódico coincidieron en señalar como muy probable que Mikati acabara formando un Gobierno más técnico que político, de perfil bajo y sin la ambición explícita de alterar el equilibrio estratégico en la región. En principio, no parecía que Mikati y sus patrocinadores de Hezbolá quisieran propiciar una situación de tensión bélica con Israel ni un acercamiento demasiado visible a Irán.

Estados Unidos lanzó una primera advertencia al nuevo Gobierno. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaró que la hegemonía de Hezbolá implicaba un alejamiento respecto a Washington, lo que podría suponer el fin de la ayuda militar estadounidense a Líbano, cercana a los 100 millones de dólares anuales. Clinton subrayó que no seguiría tolerando la impunidad de los asesinatos políticos en el país y que la investigación sobre el atentado en el que murieron Rafic Hariri y otras 21 personas debía seguir su curso. El caso Hariri se perfilaba como el mayor punto de fricción entre el nuevo Gobierno y EE UU.