Irán anuncia la ejecución de Bahramí, activista detenida durante las protestas contra la reelección de Ahmadineyad

Irán ha anunciado la ejecución "por tráfico de drogas" de Zahra Bahramí, una mujer detenida durante las protestas contra la reelección de Mahmud Ahmadineyad de diciembre de 2009. Su familia dice que la acusación está "fabricada" y activistas de los derechos humanos sospechan que las autoridades iraníes intentan eludir la condena internacional sobre su nueva oleada de represión. También hoy se ha conocido que las autoridades iraníes han retenido durante unas horas al hijo mayor del líder opositor Mehdi Karrubí.

Desde principios de año se han multiplicado las ejecuciones (una media de tres al día, según Human Rights Watch, HRW) y las presiones contra los abogados independientes. "Zahra Bahramí, que fue condenada por vender y poseer droga, ha sido colgada el sábado a primera hora de la mañana", afirma el comunicado de la Fiscalía de Teherán difundido por los medios locales. Según la versión oficial, el tribunal revolucionario que la juzgó la condenó a muerte el pasado 2 de enero por "poseer 450 gramos de cocaína y participar en la venta de 150 gramos" de esa sustancia.

La historia que cuenta su hija es muy diferente. Bahramí, de 45 años, fue detenida en diciembre de 2009 en Teherán, cuando participaba en una manifestación contra la reelección de Ahmadineyad seis meses antes. Aunque la mujer hacía tiempo que vivía en Holanda, donde había adquirido la nacionalidad, había regresado a su país de origen para visitar a algunos familiares. Como decenas de miles de iraníes se unió a las últimas grandes protestas que coincidieron con la festividad religiosa de Ashurá, durante las que la policía mató a nueve personas y detuvo a centenares.

Entre las acusaciones que presentaron contra ella, también figuraba, según la hija, "pertenencia a un grupo armado opuesto al Gobierno". Este extremo parece respaldado por el comunicado de la Fiscalía que señala que fue "detenida por crímenes relativos a la seguridad". Fue durante el registro de su domicilio cuando la policía supuestamente encontró la droga y una investigación posterior "demostró que había vendido 150 gramos de cocaína".

Tras conocer la sentencia de muerte, el Gobierno holandés expresó su preocupación y pidió a Teherán que le aclarara la situación de Bahramí. Pero Irán, que no reconoce segundas nacionalidades, desestimó esa iniciativa como una interferencia en sus asuntos internos. También ha rechazado la petición de la Unión Europea para que suspenda las ejecuciones que se han acelerado de forma preocupante desde principios de año.

La mayoría de las 74 ejecuciones de las que han dado cuenta los medios locales en lo que va de 2011 (al menos dos de ellas en plazas públicas) se refieren a traficantes de drogas y violadores. Sin embargo, también ha habido al menos tres supuestos disidentes políticos. En su último informe mundial, HRW denuncia un agravamiento de la crisis de derechos humanos que atenaza a Irán desde las controvertidas elecciones de 2009. La organización recuerda que "los juicios de los tribunales revolucionarios no alcanzan los estándares internacionales mínimos para un juicio justo". Además, señala, "el poder judicial opera con escasa transparencia en cuanto a pruebas que vinculen a los sentenciados a muerte con ataques armados".

"El aplastamiento del Gobierno ha ido más allá de silenciar a los manifestantes post electorales y se ha transformado en una campaña más amplia para neutralizar a la vibrante sociedad civil iraní y consolidar su poder", aseguró Sarah Leah Whitson, responsable de Oriente Próximo de HRW, al presentar el informe.