_
_
_
_
_
Reportaje:

Muertos en vida en Chechenia

Los 2.600 casos de desaparecidos desde 1999 bloquean las salidas pacíficas al conflicto en la república caucásica rusa

Pilar Bonet

La normalización en la república caucásica de Chechenia está gravemente amenazada por los enmascarados de uniforme que impunemente secuestran a civiles y los hacen desaparecer ante la pasividad de la fiscalía de Rusia.

Ésta fue una de las apreciaciones ampliamente compartidas en un seminario en la ciudad rusa de Kislovodsk (al norte del Cáucaso). El seminario, al que asistían dirigentes chechenos y representantes de organismos federales, fue organizado por el Consejo de Europa y presidido por el comisario de Derechos Humanos de esta entidad, Álvaro Gil-Robles, y el defensor del pueblo de Rusia, Vladímir Lukin.

Once personas desaparecieron, otras dos murieron y cuatro viviendas fueron pasto de las llamas el 4 de junio, cuando varias decenas de enmascarados a bordo de carros blindados y vehículos militares irrumpieron violentamente en el pueblo de Vorozdinovska. Nadie ha sido procesado por la incursión, pero las sospechas recaen sobre el batallón Vostok (batallón del Este). Esta unidad depende oficialmente del Ministerio de Defensa de Rusia, pero está formada por ex combatientes independentistas que se pasaron a los federales en 1999. Su jefe, Sulim Yamadáyev, fue compañero de armas del líder independentista Aslán Masjádov y el radical Shamil Basáyev. La operación de Vorozdinovska, cuya causa puede haber sido un ajuste de cuentas personal de uno de sus integrantes, "ha conmocionado" a la república asolada por la guerra y "ha dado un giro" a las tendencias positivas que cobraban fuerza en ella, según el presidente de Chechenia, Alú Aljánov. Atemorizados, un centenar de vecinos del pueblo huyeron al territorio de Daguestán, adonde las autoridades chechenas tuvieron que ir a convencerles para que regresaran a sus hogares. El caso ha puesto en entredicho la autoridad de Aljánov, un antiguo policía que no controla la situación en Chechenia. En Kislovodsk, Aljánov exigió una investigación exhaustiva al fiscal general adjunto de Rusia, Nikolái Shépel, y recordó al funcionario que su deber es coordinar la lucha contra la criminalidad. "¿Cómo es posible algo así en 2005? Si esto se repite, tanto las autoridades como yo estamos de más en Chechenia", le espetó irritado.

Los secuestradores actúan a la luz del día y ante testigos, con total impunidad
Un seminario del Consejo de Europa trató de buscar una salida al problema

Desde el comienzo de la operación contraterrorista (1999) hasta principios de julio pasado, se habían incoado en Chechenia 1.872 expedientes penales concernientes a la desaparición de 2.602 personas, según informó Shepel. En la primera mitad de este año se registraron 230 denuncias sobre el secuestro de 272 personas y se han abierto 41 expedientes penales por el secuestro de 55. A esto hay que añadir una herencia de cerca de 4.000 desaparecidos registrados hasta 1999.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete

La impunidad de los culpables constituye hoy un desafío al ciudadano, sobre todo cuando los secuestradores actúan a la luz del día y ante testigos y hay posibilidades de seguirles la pista, si se deseara hacerlo. El dinero, la venganza o la política pueden ser móviles del secuestro y los delincuentes pueden estar en las formaciones de chechenos al servicio del Estado ruso, en las tropas federales y también entre los combatientes ocultos en las montañas. "Las desapariciones son un fenómeno inaceptable y solo habrá paz cuando sepamos la verdad y acabemos con ellas", dijo Gil-Robles.

Averiguar la verdad para castigar a los culpables fue la tesis defendida en Kislovodsk por el jurista argentino Fabián Salvioli. Los interlocutores rusos no mostraron particular interés por la experiencia de las dictaduras latinoamericanas, pero la presencia de Salvioli sirvió para indicar sutilmente que Rusia no es el primer país donde la gente se esfuma sin dejar rastro.

De Chechenia las desapariciones se han extendido a otras repúblicas del norte del Cáucaso, como Ingushetia o Kabardino-Balkaria, según denuncian los defensores de derechos humanos. De momento, sin embargo, las instituciones europeas quieren creer que el presidente Vladímir Putin tiene la voluntad política de acabar con este siniestro fenómeno y están dispuestas a ayudarles a ello. En el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el Estado ruso ha perdido tres casos concernientes a los abusos en Chechenia. Sin embargo, en Rusia, atreverse a presentar una queja en esa corte y mantenerla exige valor y a veces cuesta la vida. En mayo de 2003, Zura Bitíeva, una activista de derechos humanos que denunció torturas ante la corte internacional, fue asesinada junto con otros cuatro miembros de su familia. Otros litigantes han desaparecido o se han visto obligados a emigrar. Es posible, sin embargo, que el seminario de Kislovodsk salvara la vida a Iliás Azímov, un hombre de 20 años que fue secuestrado por enmascarados no identificados en la noche del jueves al viernes de la semana pasada en Grozni. Presionado por los defensores de derechos humanos, el ministro del Interior de Chechenia, Ruslán Aljánov, hizo gestiones para localizar a Azímov y rápidamente informó del paradero del detenido y de las razones de la detención. Muchos, sin embargo, se quedaron con la impresión de que, sin el público internacional interesado por el caso, Azímov podría haberse esfumado sin dejar rastro. De ahí que el seminario de Kislovodsk recomendara crear una comisión de "reacción rápida" para responder con celeridad ante los secuestros.

El seminario apoyó la instalación de un laboratorio forense en Grozni con fondos de la Unión Europea, la puesta a punto de medidas para incrementar el control social sobre las investigaciones de las desapariciones y la creación de mecanismos para informar a los parientes de las víctimas.

Un soldado ruso custodia a varios detenidos en Grozni durante redadas de las fuerzas de seguridad, en febrero de 2000.
Un soldado ruso custodia a varios detenidos en Grozni durante redadas de las fuerzas de seguridad, en febrero de 2000.REUTERS

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

Pilar Bonet
Es periodista y analista. Durante 34 años fue corresponsal de EL PAÍS en la URSS, Rusia y espacio postsoviético.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_