La ONU pedirá a La Haya que juzgue a Gadafi por crímenes de guerra

Después de un largo y difícil debate que refleja la trascendencia y el dramatismo de la situación en Libia, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó ayer por unanimidad una resolución que convierte a Muamar el Gadafi en un paria de la comunidad internacional, condenado por su crueldad, castigado con sanciones que lo aíslan del mundo y perseguido como un criminal que ha cometido delitos contra la humanidad. Es un paso de gran significado moral, aunque seguramente insuficiente para detener inmediatamente la brutal represión desatada contra la población libia.

La resolución costó casi 10 horas de discusión porque algunos países, entre ellos dos miembros del Consejo con derecho a veto, Rusia y China, ofrecieron resistencia a respaldar un texto que de forma tan evidente se involucra en los asuntos internos de otra nación. El grado de violencia empleado por Gadafi contra civiles indefensos no ofrecía otra alternativa. Un rechazo de esta resolución o su reconversión en un texto insustancial hubiera significado un golpe muy duro para la conciencia internacional y para las miles de personas que se están jugando la vida en Libia.

La resolución fue adoptada por unanimidad de los 15 países miembros

Solo una vez antes se había remitido una violación de derechos a La Haya: en Darfur

Con esta resolución, esas personas no están a salvo, pero al menos saben que cuentan inequívocamente con el respaldo del mundo. "Es una resolución muy fuerte que supone un gran aliento para el pueblo de Libia", declaró tras la votación la embajadora de Estados Unidos, Susan Rice.

Estados Unidos, junto con Francia, Reino Unido y Alemania, fueron los países que contribuyeron a redactar esta resolución, en un primer gesto de coraje después de más de 10 días observando los acontecimientos con perplejidad y resignación. La resolución, además, tiene la virtud de marcar un estándar para otros dirigentes que pretendan ahogar las protestas en sangre.

El texto aprobado incluye sanciones económicas contra el régimen libio, prohíbe los viajes al extranjero de Gadafi, su familia y la camarilla que los protege; congela sus cuentas, embarga las ventas de armas a ese país y, sobre todo, denuncia las atrocidades cometidas como "crímenes contra la humanidad" que "merecen ser juzgados por el Tribunal Internacional de La Haya".

Solo una vez antes, el Consejo de Seguridad había remitido una violación de derechos humanos a la justicia internacional: Darfur. Con todas las quejas que, justamente, se hacen con frecuencia a esta institución por su burocracia y su lentitud, hay que reconocer que esta vez ha actuado con una rapidez y contundencia sin precedentes. Aunque pueda parecer mucho desde los ojos de los ciudadanos alarmados por los sucesos en Libia, los cinco días que el Consejo ha empleado en aprobar esta resolución constituyen un auténtico récord de velocidad.

Gran parte del mérito hay que atribuírselo al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que se dirigió personalmente el viernes por la noche a los miembros del Consejo para describirles en los términos más crudos la tragedia que se vive en Libia y pedirles que aceleraran sus gestiones. También hay que citar la mayor firmeza demostrada en las últimas horas por los líderes de las principales potencias sobre Libia.

Ayer mismo, el presidente de EE UU, Barack Obama, que solo ha hablado una vez en público sobre la crisis libia, emitió un comunicado, informando de su conversación telefónica con la canciller alemana, Angela Merkel, en el que afirmaba que Gadafi había perdido toda legitimidad y "tenía que irse ahora".

No hay que confiar en que estas declaraciones y resoluciones hagan a Gadafi desistir de su empeño por mantenerse en el poder a la fuerza. Libia ha sido ya varias veces objeto de sanciones económicas de parte de Estados Unidos y de otros países occidentales sin que el régimen se debilitara lo más mínimo.

Con todas sus limitaciones, sin embargo, esta resolución es todo lo que la comunidad internacional pude hacer en estos momentos. Los siguientes pasos exigirían acciones militares, algo a lo que no parecen dispuestos los miembros de la OTAN ni están reclamando los insurgentes libios.