Obama asegura que habrá reforma sanitaria

Acentuando un perfil quijotesco en lo que parece la batalla de su vida, Barack Obama garantizó ayer que, contra todas las dificultades y todos los pronósticos, una histórica reforma sanitaria saldrá adelante en los próximos días. El presidente reconoció, no obstante, que no existe aún consenso en el Congreso para la aprobación de una ley antes de las vacaciones de agosto.

"Estamos más cerca que nunca y lo vamos a conseguir", declaró el presidente de EE UU en una comparecencia pública -una más de una agotadora cadena de entrevistas y declaraciones sobre el mismo tema en las últimas 48 horas- con la que trataba de contener una fortísima presión de la oposición para, con la ayuda de algunos demócratas, derrotar la reforma y dejar de paso herido de muerte a Obama. Lo ha dicho claramente el senador republicano de Carolina del Sur Jim DeMint: "Si paramos a Obama aquí, éste será su Waterloo".

46 millones de estadounidenses no tienen cobertura de seguro médico

La confianza de los ciudadanos en el presidente cae del 66% al 54%

Washington es testigo estos días de una batalla verdaderamente épica en la que salen a relucir todas las grandezas y miserias del sistema político estadounidense. El propósito de la iniciativa de Obama no puede ser más noble: dar cobertura sanitaria a los 46 millones de estadounidenses que no tienen y mejorar el servicio para otros muchos millones que reciben, simplemente, un mal sucedáneo de atención médica. Resulta entre escandaloso y absurdo que la mayor potencia del mundo -la misma que ha gastado dos billones de dólares para reflotar la economía- no sea capaz de responder a las necesidades sanitarias básicas de sus ciudadanos.

Por otro lado, también es muy justa la preocupación de quienes no quieren resolver ese problema a costa de cargar sobre las futuras generaciones una factura que resulte impagable. Acometer los proyectos con sentido de la responsabilidad debería ser una premisa elemental para cualquier político.

Entre esos dos razonables parámetros, la urgencia de la reforma y la necesidad de ajustar su financiación, se ha entablado un sangriento duelo político en el que tanto el presidente como sus opositores saben que está en juego gran parte de su destino. La aprobación de una digna reforma sanitaria podría ser suficiente para otorgar a Obama un puesto estelar en la historia de esta nación.

Los demócratas tienen votos más que suficientes en la Cámara de Representantes para sacar adelante la ley, y en el Senado disponen de los 60 escaños que se requieren para impedir cualquier maniobra obstruccionista por parte de la oposición. En otro país, para el Gobierno esto sería pan comido, un mero ejercicio de pulsar el botón del sí y levantarse a aplaudir.

Pero aquí el presidente tiene que ganarse los votos de su partido de uno en uno. Ayer se reunió con algunos de los demócratas más reticentes a respaldar la reforma, y lleva días recibiendo a congresistas o hablando por teléfono con ellos en este proceso de tejer un acuerdo.

Hay algunas diferencias sobre la existencia o no de un plan público de salud que funcione de forma paralela y alternativa al seguro privado. Pero el conflicto principal tiene que ver con la manera de evitar que una reforma que costará entre un billón y 1,5 billones de dólares no lleve a la quiebra al país.

Puede parecer una misión imposible. Como es lógico, si se añaden 46 millones de personas al sistema sanitario y se mejora la atención médica, el coste total será mayor. De algún lado tiene que salir ese dinero.

El presidente dice que saldrá de lo que se ahorrará reduciendo las facturas abusivas que ahora mismo pasan los hospitales, recortando el precio de los medicamentos, racionalizando el trabajo de los médicos y, quizá, aumentando los impuestos de quienes ingresen más de medio millón de dólares al año. La Casa Blanca asegura que ya tiene el respaldo de aseguradoras, farmacéuticas, hospitales, médicos y enfermeros para este plan. También tiene el apoyo de algunas empresas -entre ellas Walmart, el mayor empleador privado del país- a su propósito de hacer obligatorio que los empresarios paguen un seguro a sus trabajadores.

Falta el respaldo del Congreso. Los demócratas de centro se resisten a la idea de nuevos impuestos y quieren que todos los detalles sobre la financiación queden muy claros en la ley para que nadie pueda acusarles -hay elecciones legislativas el año que viene- de que su voto sirvió para incrementar el déficit nacional. Ésta es la votación más difícil que se celebra en el Capitolio en décadas, mucho más difícil para los congresistas que la guerra de Irak.

Los republicanos, por primera vez en seis meses, sienten que llevan la iniciativa. Han conseguido que el debate se convierta en un debate económico, no social. Y han logrado que, en una última encuesta, la confianza de los ciudadanos en el presidente caiga del 66% al 54%.