Obama logra paralizar la ley de Arizona
La juez federal suspende el artículo que convierte la inmigración ilegal en delito - La comunidad hispana teme que la decisión judicial dispare los brotes racistas
Las celdas que el sheriff de Phoenix, Joe Arpaio, había preparado para alojar a los inmigrantes detenidos conforme a la estricta y polémica nueva ley del Estado de Arizona van a quedar por el momento vacías. La justicia federal decidió ayer, en el último minuto, suspender temporalmente los cuatro artículos más polémicos de la legislación que hoy entra en vigor. Entre esos artículos se incluye el que criminaliza la inmigración ilegal.
La juez Susan Bolton, que lleva la denuncia presentada por el Gobierno federal contra la ley de Arizona, basó su decisión en la consideración de que algunos de los artículos contenidos en esa iniciativa "perjudican a extranjeros legalmente residentes en EE UU, incluso a ciudadanos norteamericanos, puesto que su libertad se ve afectada mientras se comprueba su estatus".
El fallo desatará un duro y largo litigio entre el Estado y el Gobierno central
La ley "requiere" -no solo permite- a la policía comprobar el estatus migratorio de una persona retenida por la comisión de cualquier falta o delito -tan simple como una infracción de tráfico o la violación de una ordenanza municipal- cuando esta resulte sospechosa, a criterio del agente involucrado, de haber entrado al país ilegalmente. La policía puede, de acuerdo con esa ley, mantener bajo custodia al sospechoso durante el tiempo que se requiera para hacer esa comprobación.
Bolton, antigua juez de condado elevada al distrito federal por el presidente Bill Clinton, paraliza también otros tres artículos polémicos, como el que acelera los procesos de deportación o el que convierte en delito el hecho de no portar papeles, y deja vigentes a partir de hoy únicamente aquellos que no son motivo de controversia, como el que castiga a las personas que recojan inmigrantes indocumentados en la calle para llevarlos a trabajar o el que crea mecanismos de reclamación en el caso de que alguien se sienta víctima de discriminación racial.
En las horas que restan entre la decisión de la juez y la entrada en vigor de la ley habría todavía, técnicamente, tiempo como para que el Estado de Arizona presentara un recurso ante un tribunal federal de apelaciones y una petición de que paralice la decisión de Bolton mientras se decida el recurso. Es decir, que podría buscar un congelamiento judicial de una orden de congelación. Pero los expertos creen muy improbable que una maniobra así pueda surtir efecto.
Lo que sí es seguro es que esta decisión judicial será elevada a un tribunal de apelaciones, probablemente por las dos partes implicadas: Arizona, para defender el conjunto de su ley, y la Administración central, para conseguir su completa revocación. Hay que recordar que el Gobierno de Barack Obama recurrió la ley ante los tribunales por considerar que el Estado de Arizona no tiene competencia constitucional para legislar sobre una materia, como la inmigración, reservada en exclusiva a las autoridades federales.
Y lo que es seguro también es que la batalla, larga y costosa en los tribunales -esto acabará quizá dentro de unos años ante el Tribunal Supremo-, será encarnizada en la arena política. Obama asumió un alto riesgo al denunciar la ley de Arizona, que cuenta con el apoyo de un 60% de los estadounidenses, según distintas encuestas. Al hacerlo, el presidente se sitúa frente a una mayoría de ciudadanos que dan prioridad a la seguridad fronteriza sobre el respeto a los derechos humanos, pero se reconcilia con los votantes hispanos, que pueden tener un papel relevante en las próximas convocatorias electorales. Para compensar su decisión, Obama ordenó el envío a la frontera con México de 1.200 soldados de la Guardia Nacional, que comenzarán a llegar desde principios del mes de agosto.
Este asunto va a ser, sin duda, uno de los temas estrella de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Obama y algunos congresistas demócratas están impulsando la elaboración de una ley migratoria que aborde en conjunto los problemas de la seguridad fronteriza y de la permanencia de 12 millones inmigrantes sin papeles, pero es poco probable que en los meses que restan se alcance el consenso necesario para su aprobación.
La decisión judicial anunciada ayer agudizará también la polémica migratoria sobre el terreno. En Arizona se habían registrado en las últimas semanas algunas señales alarmantes sobre el nivel de tensión al que este debate está llegando. Una de ellas fue el patrullaje fronterizo nocturno que realizan periódicamente grupos extremistas armados.
Las organizaciones hispanas están preocupadas de que los brotes racistas puedan hacerse más frecuentes y más peligrosos como consecuencia de la frustración por la paralización de la ley de Arizona, y han convocado para los próximas días manifestaciones y actos en defensa de la convivencia racial y de los derechos de los inmigrantes. Un grupo de niños, hijos de inmigrantes en situación ilegal pero nacidos en EE UU, se concentró ayer frente a la Casa Blanca para pedir que sus padres no sean deportados.
Uno de los más frustrados por la decisión de la juez Bolton es el sheriff Arpaio, que dijo, poco después de conocerse la noticia, que no le había sorprendido, pero que eso no va a impedir que él siga cumpliendo con su trabajo de "limpiar las calles de indeseables". Arpaio no es hombre contemplativo. En los dos últimos años, su condado ha deportado a más de 26.000 inmigrantes indocumentados, una tercera parte de todos los del país en ese periodo.
