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El Parlamento venezolano aprueba en un tercer debate la reforma constitucional

El tercer y último debate sobre la reforma constitucional venezolana quedó concluido en la madrugada de ayer, cuando la Asamblea Nacional (el Parlamento unicameral de Venezuela), dio el visto bueno al último de los artículos modificados.

En total, la reforma ha tocado 69 de los 350 artículos de la Carta Magna vigente, que data de 1999. De esos 69, 33 fueron propuestos por el presidente, Hugo Chávez, y los restantes 36 fueron incorporados por los parlamentarios.

Para que esté completo el proyecto de reforma, sólo falta que la Asamblea Nacional apruebe las disposiciones transitorias, unas cláusulas no permanentes mediante las cuales el texto constitucional ordena aprobar leyes sobre determinados temas considerados urgentes.

Una vez que la Asamblea apruebe el borrador, éste deberá ser sometido a referéndum aprobatorio con la participación de todo el electorado nacional.La consulta electoral está prevista para el 2 de diciembre, según el calendario oficial. También durante la madrugada de ayer, el Consejo Nacional Electoral, organismo que dirige los procesos de votación en este país, aprobó las normas que regirán durante la campaña a favor y en contra de la reforma.

La reforma constitucional fue propuesta por Chávez con la finalidad de avanzar hacia su proyecto de lo que denomina Socialismo del Siglo XXI y contempla, entre otros muchos aspectos, aumentar el periodo del mandato presidencial a siete años y permitir la reelección del jefe del Estado por un número indefinido de veces. Según el ordenamiento vigente, el mandato presidencial es de seis años y sólo se admite una reelección.

En la última jornada del debate, la Asamblea accedió a suavizar el contenido del artículo 337, referido a los estados de excepción. Inicialmente se había estipulado que, en situaciones de convulsión o emergencia nacional, el Gobierno podría restringir el debido proceso judicial y la libertad de información.

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Esta propuesta suscitó críticas de numerosos sectores y personalidades de la vida pública, incluso de algunas vinculadas al chavismo. Por esta razón, la Asamblea aceptó dar marcha atrás en lo referido al proceso judicial. Sin embargo, se mantuvo igual la disposición sobre la libertad de información.

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