El Senado de Italia aprueba las leyes contra los inmigrantes
Vía libre. El Senado italiano aprobó ayer, con 166 votos favorables, 123 contrarios y una abstención, el llamado Paquete de Seguridad. El decreto mete en el mismo saco las patrullas ciudadanas de 3.000 soldados del Ejército para mantener la seguridad en las ciudades; la llamada norma salva-primer ministro, que bloqueará durante un año los procesos por delitos que no crean alarma social cometidos hasta junio de 2002 -entre ellos el caso Mills, en el que está imputado Silvio Berlusconi-, y la agravante de clandestinidad que subirá en un tercio la pena a los inmigrantes sin papeles que cometan un crimen.
El paquete legislativo mezcla enmiendas y cambios en el Código Penal con medidas destinadas a luchar contra la inmigración ilegal. Entre éstas, se penará con hasta tres años de cárcel a quien alquile, obteniendo beneficios abusivos, viviendas a inmigrantes ilegales; y se amplían los casos de expulsión para todos aquellos extranjeros que sean condenados a más de dos años (antes eran 10), obligando a las fuerzas del orden a arrestar y expulsar de inmediato al detenido, aunque no haya flagrancia (para tratar de aliviar la situación de las cárceles).
Además, el decreto eleva las penas para quien declare una identidad falsa; determina que los jueces den prioridad absoluta a los procesos de delitos contra la seguridad en el trabajo; aumenta las penas de 3 a 10 años para los conductores que, habiendo bebido o tomado drogas, causen accidentes mortales, y pena con cadena perpetua el asesinato de un policía o un funcionario judicial.
Voto en contra
La oposición en bloque -Unión de Demócratas Cristianos, Italia de los Valores y Partido Democrático- votó en contra. Los senadores del partido del ex juez Antonio Di Pietro dieron color a la sesión: hablan del regreso de la Logia P2 (movimiento secreto que dirigió Licio Gelli, en el que militó Berlusconi, y cuyo plan era instalar una dictadura de extrema derecha en Italia), y muestran carteles con el lema Ha vuelto el caimán.
La Comisión Internacional de Juristas pide al Gobierno que "ponga fin a las interferencias contra la independencia de la magistratura", pero el ministro de Justicia, Angelino Alfano, anuncia más madera: el próximo consejo de ministros aprobará el anunciado diseño de la ley que suspende los procesos a los altos cargos del Estado.
