La justicia francesa investigará la fortuna de tres presidentes africanos

La ONG Transparencia Internacional, especializada en luchar contra la corrupción, ha ganado una batalla que tal vez no sea del todo simbólica. Françoise Desset, la juez decana en delitos financieros, ha admitido a trámite una denuncia de esta ONG en la que acusa a tres jefes de Estado africanos de enriquecimiento ilícito y de propiarse de fondos públicos. Todos poseen un enorme patrimonio inmobiliario situado en el cogollo más caro de París y de una gran flota de automóviles de lujo.

Los mandatarios acusados son Omar Bongo, presidente de Gabón desde 1967; Denis Sassou-Nguesso, presidente de la República de Congo desde 1975 a 1972 y desde 1997; y Teodoro Obiang Nguema, presidente de Guinea Ecuatorial desde 1979. La juez les acusa de "desvío y receptación de fondos públicos", "blanqueo de dinero", "abuso de bien social" y "abuso de confianza".

El presidente de Gabón tiene 30 inmuebles entre fincas y viviendas

La decisión significa "el principio del fin de la impunidad", asegura la ONG

La Fiscalía de París, que en abril desestimó el caso, dispone de cuatro días para recurrir la decisión. Si no lo hace, la juez iniciará una investigación encaminada a descubrir el origen de las riquezas de estos líderes africanos, cuyos países tienen el subsuelo empapado de petróleo. La investigación, de producirse, acarrearía serios problemas al Gobierno francés con Gabón y de Congo-Brazzaville, dos de sus ex colonias.

No es la primera vez que estos tres mandatarios se ven en el ojo del huracán de la sociedad francesa, acusados de comportarse como sultanes en el primer mundo mientras sus súbditos malviven en el tercero.

Hace casi dos años, desde junio a noviembre de 2007, la policía francesa encargada de la represión de los grandes delitos financieros elaboró un informe a partir de una treintena de interrogatorios. La investigación obedecía a una denuncia parecida, también presentada por Transparencia Internacional. Lo que los policías averiguaron lo publicó poco después Le Monde y dejó estupefacto a más de uno.

Por ejemplo: los agentes investigaron las casas y pisos franceses del presidente gabonés Bongo, de 74 años, el mandatario africano más longevo en ejercicio y el presidente que más tiempo lleva en el cargo en el mundo. Descubrieron que posee -él y su familia- más de 30 inmuebles, entre pisos, apartamentos, fincas y viviendas de lujo. Una de ellas costaba, en 2007, más de 18 millones de euros. Se encuentra a un paso de los Campos Elíseos y fue adquirida por una sociedad inmobiliaria formada por dos hijos menores de edad de Bongo, su mujer y un familiar de ésta.

Además, la policía inventarió, entre otros, un par de apartamentos en la avenida Foch, una de las más exclusivas de París, no muy lejos de los Campos Elíseos, de 88 y 210 metros cuadrados respectivamente, y una propiedad en Niza compuesta de dos apartamentos, tres casas y una piscina. La policía también descubrió que Bongo operaba en Francia a través de 11 cuentas corrientes.

Su abogado, François Meyer, explicó a Le Monde que un "jefe de Estado de un país petrolero, en el cargo desde hace más de 40 años, con un sueldo importante, puede ahorrar suficiente dinero como para comprar varios apartamentos en París".

Nguesso no regenta tantas propiedades en Francia como Bongo, pero tampoco necesita de un hotel cuando viaja a París. Según el informe de la policía, a su nombre o en el de su familia constan 18 casas. Una de ellas estaba valorada en 2007 en dos millones y medio de euros.

La policía también consignó, entre otras cosas, que Teodorín Ngema Obiang, el hijo del presidente de Guinea, poseía en París tres automóviles Bugatti, valorados en un millón de euros. Y que había comprado en pocos años 15 coches de lujo.

Aquella vez la denuncia no prosperó. Pero Transparencia Internacional ha insistido. Y en esta ocasión, según aseguró ayer en la radio el presidente de esta organización no gubernamental, Daniel Lebègue, la decisión de la juez "significa el principio del fin de la impunidad".

El proceso judicial será incierto, entre otras cosas porque muchas de las pruebas que inculpan a los implicados hay que ir a buscarlas a los países que gobiernan. Además, la Fiscalía de París puede apelar y bloquear el proceso durante varios meses.

"La decisión de apelar sería un mal chiste dados los compromisos adoptados por Sarkozy en el G-20 contra los paraísos fiscales, los delitos financieros o el fraude internacional", previno ayer William Bourdon, abogado de Transparencia Internacional, según Reuters.