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El presidente turco aprueba la reforma constitucional para desmantelar el Estado autoritario

El islamista Abdulá Gül convoca un referéndum en julio para que los ciudadanos ratifiquen el recorte del poder político de jueces y militares

Turquía vive instalada en una apacible inestabilidad política. Convertida en una Gran Bazar global, la economía marcha viento en popa, con una predicción de crecimiento del PIB de un 5% para este año, y los ciudadanos se afanan en sus negocios. Pero el pulso político que mantiene desde 2002 el Gobierno de base islamista con el aparato laico del Estado amenaza con desestabilizar a un país emergente de 73 millones de habitantes, miembro de la OTAN y candidato a la adhesión a la UE desde 2005.

El presidente turco, el islamista moderado, Abdulá Gül, no ha querido dilatar más el procedimiento y ha aprobado hoy la reforma parcial de la Constitución que fue votada el pasado viernes en el Parlamento de Ankara. Su grupo político, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, en sus siglas turcas), impuso su mayoría absoluta en la Gran Asamblea para sacar adelante un conjunto de enmiendas que intentan marcar un giro histórico en Turquía. En esencia, la reforma persigue limitar el control político de las Fuerzas Armadas sobre el poder civil, y abre la vía para que puedan ser juzgados los generales que perpetraron el golpe de Estado de 1980.

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Precisamente la actual Constitución (aprobada en 1982) es heredera del régimen autoritario impuesto por una junta militar. Los golpistas concedieron también a los jueces un poder de fiscalización del Gobierno que se sitúa muy por encima de los estándares europeos. La reforma del Consejo Supremo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional parece ser el objetivo central de la reforma aprobada por el Gobierno del primer ministro Recep Tayyip Erdogan.

El presidente Gül tiene previsto convocar un referéndum para el próximo 18 de julio, en el que los ciudadanos deberán ratificar las enmiendas del texto constitucional. La oposición laica, sin embargo, ha advertido que impugnará la reforma ante el mismo Tribunal Constitucional, que puede dejar sin vigor algunos de sus artículos más controvertidos. El pulso por el poder sigue abierto en Turquía, y los observadores políticos y diplomáticos no descartan que acabe desembocando en una convocatoria de elecciones anticipadas.

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