Denuncia contra un aparejador municipal que era a la vez presidente de una constructora
Un abogado madrileño ha presentado denuncia por impago de un talón sin fondos contra Luis Bouza, arquitecto técnico, hasta hace un año funcionario en activo de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Según la documentación recogida por el abogado que defiende la denuncia, Luis Bouza compatibilizaba su trabajo de funcionario con sus actividades como constructor. Las restantes circunstancias que rodean este asunto ilustran, en opinión del denunciante, las carencias de la legistación vigente y de la administración de justicia para atajar a tiempo este tipo de actividades supuestamente irregulares.
Fuentes municipales señalaron que el hecho de que desempeñase simultáneamente las funciones de aparejador de Urbanismo y presidente de la constructora es perfectamente legal, aunque reconocieron que existe una incompatibilidad ética no regulada específicamente.Luis Bouza era, hasta el 3 de septiembre pasado, presidente de la constructora Rejal SA, constituida ante notario el 12 de mayo de 1975, según consta en el tomo 3.979, libro 3.211, hoja 30.737 y folio 135, depositado en el Registro Mercantil de Madrid. El pasado año solicitó la excedencia en la Gerencia Municipal de Urbanismo, y del cotejo de esas fechas se deduce que desde 1975 hasta 1982 fue, a la vez, funcionario municipal de Urbanismo y presidente de una empresa constructora.
Obras en su propio sector
La actividad de la empresa se centraba en la construcción de viviendas y toda clase de edificios. El abogado del demandante, Paulino García, un subcontratista a quien la empresa Rejal adeuda una cantidad cercana a los ocho millones, ha contabilizado al menos nueve edificios construidos por la empresa demandada, la gran mayoría de ellos en la zona de Arturo Soria, precisamente en el sector de Madrid en el que Luis Bouza desempeñaba funciones de control desde su puesto en la Gerencia Municipal de Urbanismo.El demandante se presentó en la sociedad el 16 de septiembre de 1982 para intentar cobrar varias letras de vencimiento cumplido y, por tanto, ejecutivas. Luis Bouza difirió el pago a cambio de un talón, por 1.059.000 pesetas, de fecha 30 de septiembre. Previamente, el 3 de septiembre, se celebró una asamblea general de Rejal SA en la que Bouza cesó como presidente -lo que, en opinión del abogado del demandante, le incapacitaba para firmar el talón- y fue nombrado como administrador único Emilio Martínez Albelo, hasta entonces persona sin ninguna relación con Rejal. En la misma junta general de accionistas ya se comenzaron las diligencias para presentar el expediente de quiebra, lo que se llevó a cabo el 1 de octubre. A consecuencia de la misma, han quedado sin trabajo unas 40 personas que cobrarán sus indemnizaciones a costa de los Presupuestos del Estado, concretamente del Fondo de Garantía Salarial.
Cambio de domicilio social
Otra de las medidas adoptadas por Rejal fue cambiar el domicilio social de la empresa, de Madrid a Móstoles, lo que se hizo pocos días antes de la declaración de quiebra. De esta forma, el Juzgado al que correspondía tramitarla es el de Primera Instancia de Navalcarnero, muy conocido en la provincia porque, debido al escasísimo personal que lo atiende, cualquier pleito o asunto judicial de cierta entidad puede tardar varios años en solucionarse. De hecho, desde la presentación del expediente de quiebra no se ha avanzado nada. El comisario nombrado por el juez para realizar el inventario de bienes de Rejal no tomó posesión de su cargo hasta el 23 de diciembre, y todavía no se ha hecho tal inventario ni la relación de acreedores.Al mismo tiempo, las actividades constructoras de la familia de Luis Bouza no han cesado, aunque con otro nombre. En estos meses se ha constituido una nueva sociedad, Construcciones Elea SA, cuyo consejo de administración está formado por Amparo Ortín Mainau, esposa de Bouza, Luis y Elena Ortín Mainau, hermano y hermana de la anterior, y Estanilao Ortín, padre de los tres. Construcciones Elea SA está levantando actualmente dos edificios, en las calles San Emilio, 54 y José María Fernández Lansero, 11, en las que figura como aparejador Luis Bouza.
Fuentes municipales confirmaron que Luis Bouza trabajó como aparejador en la Zona A -la de Arturo Soria- hasta el 1 de enero de 1982, fecha en que le fue concedida la excedencia. Posteriormente solicitó una prórroga, y su petición resultó aceptada. Cuatro días antes de que caducase la excedencia, el 26 de junio, tuvo que ser operado de menisco, y permaneció de baja por enfermedad hasta el mes de diciembre, con percepción de honorarios. A continuación, solicitó una nueva excedencia en enero de 1983, que le fue concedida para un plazo mínimo de un año. Por tanto, desde enero de 1982 no asiste a trabajar en el ayuntamiento. Estas fuentes insistieron en que, a efectos legales, no ha existido ninguna irregularidad en su comportamiento como aparejador de la Gerencia de Urbanismo. Localizado para que ofreciese su versión de los hechos, y tras serle comunicada la información existente sobre su caso, el aparejador Luis Bouza prefirió no hacer declaraciones.
