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El Supremo declara ilegal la M-501 pero el fallo no tendrá consecuencias

La Comunidad ve "irrelevante" la decisión, que no toca la obra pero sienta precedente

La carretera de los pantanos ha llegado hasta el Tribunal Supremo. Es el último organismo judicial que se ha pronunciado sobre el trazado de la M-501 abierto en mitad de una zona protegida y sin las garantías previas necesarias. La sentencia, contra la que no cabe recurso, establece la "nulidad" de la obra porque no incluyó una declaración de impacto ambiental a priori ni la consulta previa necesaria a la Comisión Europea. El demandante, Ecologistas en Acción, pide que la carretera se elimine. La demandada, la Comunidad de Madrid, tilda la sentencia de "irrelevante" porque considera que durante los últimos años ha subsanado cualquier necesidad del proyecto. El alto tribunal, según fuentes jurídicas, no pedirá que se deshaga la obra, pero sí considera que se ha sentado un precedente para futuros proyectos que se intenten programar sin el visto bueno de Bruselas.

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El Supremo ratifica la decisión que tomó en 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ecologistas en Acción denunció la obra que recorre el parque regional del río Guadarrama y la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los ríos Cofio y Alberche por saltarse la normativa medioambiental. La presidenta, Esperanza Aguirre, se aferró al "interés general" y a la siniestralidad de la vía para defender un plan que su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, había echado por tierra tras un informe medioambiental negativo y la oposición del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). A la obra, que contó con el beneplácito de los 12 alcaldes de la zona, le falta un tramo por desdoblar. El Gobierno regional no aclaró ayer el futuro del proyecto.De Quijorna a Navas del Rey el asfalto es liso y hay dos carriles para cada sentido. La carretera es así desde el verano de 2008, cuando terminaron las obras de desdoblamiento de uno de los tramos protegidos de la M-501. La Comunidad apeló al interés público para justificar una obra que mejorase el tráfico y la seguridad vial. Seis personas murieron en 2001. Desde ese año, la cifra de fallecidos en accidentes de coche no bajó de tres al año entre el kilómetro 22 y el 40 hasta el desdoblamiento, según datos facilitados por la Consejería de Transportes e Infraestructuras. El Supremo echa por tierra ahora ese argumento, asegurando que el "interés público" al que se aferró el Gobierno de Aguirre no abarca la seguridad vial.

El trazado de la M-501 atraviesa parte del parque regional del curso medio del río Guadarrama, una zona de especial protección medioambiental. De ahí que hiciese falta la declaración de impacto ambiental que valora posibles daños al entorno y que el Alto Tribunal reclama ahora.

La Comunidad se anticipó a la decisión judicial y cumplió con este requisito, que debía tener preparado antes de empezar las obras, justo dos meses antes de que terminaran. Por eso, la Consejería de Transportes ve "irrelevante" el fallo puesto que la sentencia "ya se encuentra ejecutada y se ha subsanado el fallo de procedimiento", según una nota remitida por la consejería.

Ecologistas en Acción ya temía que los efectos de la sentencia fuesen limitados. Ayer recibieron el fallo con "alegría agria", según declararon dos portavoces. Son conscientes de que es difícil que la zona afectada quede como antes de las obras. "Nos faltan 10.000 encinas, el daño ya está hecho", señala Santiago Martín Barajas, de Ecologistas. A la M-501 le queda aún un tramo sin desdoblar de unos 20 kilómetros entre Navas del Rey yan Martín de Valdeiglesias. La consejería no aclara cuál es el futuro de esos kilómetros. Un portavoz explicó ayer que su acometida depende de que se incluya en el programa electoral del PP. En caso de que haya más obras, esta vez sí, prometen cumplir los trámites medioambientales.

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Del parque al tribunal

- El primer tramo de la M-501 desdoblada es de 2001. El entonces presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, inauguró 12 kilómetros entre Villaviciosa de Odón y Quijorna. La Comunidad advirtió de que la parte final de la carretera no se podría desdoblar por pasar por una zona protegida con especies en peligro de extinción, como los linces, y bosques mediterráneos.

Lo respaldaba un informe del CSIC.

- En 2004, la presidenta Aguirre pactó con los 12 alcaldes de la zona (de PP, PSOE e independientes) convertir la carretera de los pantanos en autovía. Argumentó "la seguridad de los madrileños". La Guardia Civil señaló que en 2003 se registraron 167 accidentes (cinco mortales); el 60% de ellos ocurrieron en el tramo de autovía.

- La Comunidad declaró en 2005 el "interés general" para quedar exenta de la declaración de impacto ambiental. Ecologistas en Acción lo denunció ante la UE y aseguró que escondía "intereses especulativos".

- Las obras empezaron en 2006. Ecologistas acudió a los tribunales y

el TSJM desestimó la petición de que

la obra se paralizase. A finales de ese mismo año, la Comisión Europea

abrió un expediente por la ampliación y exigió una declaración de impacto ambiental sobre toda la carretera.

- En marzo de 2007, Bruselas dio un ultimátum a la Comunidad para que estudiase el impacto de las obras. En agosto lo denunció ante el Tribunal

de Justicia de la UE.

- El TSJM señaló en 2008 que la obra no tenía interés general y que había que levantarla. La Comunidad recurrió.

- El Gobierno regional presentó el informe medioambiental en febrero de 2009, cinco meses antes de terminar la obra. El Supremo ratificó la decisión del TSJM en febrero de 2011.

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