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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Elecciones generales

LEOPOLDO CALVO Sotelo realizó ayer ante las cámaras de televisión, en un espacio que no figuraba como tal, el primer acto de la campaña electoral de, 1982 al solicitar el voto para su partido en los próximos comicios y entonar un tedéum por las bondades de su Gobierno.La decisión de disolver las cámaras y convocar elecciones generales, tomada ayer por el presidente del Gobierno, responde sin duda a la necesidad de frenar cuanto antes el proceso de descomposición acelerada que UCD viene padeciendo y los peligros inherentes de inestabilidad política, a pesar de sus afirmaciones de anoche. Desde este punto de vista no es criticable la medida, aunque sí lo sea la precipitación, no exenta dé alevosía, con que se ha tomado; precipitación que desdice de todos los propósitos gubernamentales y de la proclamada voluntad presidencial de apurar la legislatura al máximo. En los aspectos estrictamente políticos no se puede decir que este adelanto en la fecha de las elecciones en algunos meses resulte un fracaso institucional: aunque no se hayan cumplido los plazos, el periodo legislativo se encuentra virtualmente vencido, y la frontera -ya insalvable- del nuevo presupuesto justifica con creces este adelanto. Sólo este movimiento disolutório uniformemente acelerado que se ha registrado en la Moncioa a la vuelta de las vacaciones del presidente ha dejado innecesariamente sin la debida aprobación parlamentaria los cuatro últimos estatutos de autonomía (Madrid, Baleares, Extremadura y Castilla-León).

Pero, en cambio, sí que parece un fracaso de Calvo Sotelo, que tantas veces se declaró empeñado en cumplir los tiempos constitucionales y que en las últimas semanas, tras su abandono de la presidencia del partido, circula por la vida política con los aires absortos de un boxeador sonado, exento de todo interés que no sea el de arrojar la toalla. Ayer realizó el gesto de manera definitiva. Y lo hizo en un momento en que el partido que le aupó al poder se encuentra desmembrado, confuso, sin apenas opciones para obtener la victoria. Habrá que anotárselo en el debe de su gestión.

La decisión del presidente del Gobierno era inevitable por la falta de apoyos solventes y el absoluto fracaso de Landelino Lavilla en su gestión de presidente de UCD, que sólo ha brillado por su incapacidad política para recuperar la iniciativa perdida y poner fin a la crisis desatada en el partida y librada en sus orígenes por antiguos compañeros de viaje contra Adolfo Suárez. Los poderes exiraordinarios reclamados a principios del verano por el presidente del Congreso para encaramarse en la jefatura del partido han servido para bien poco y el sentimiento de impotencia política ha debido acompañar a este fino jurista para aconsejar vehementemente a Calvo Sotelo la disolución de las cámaras.

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No deja de resultar curioso, y por eso algunos círculos políticos pueden ver en estas prisas de última hora perfiles devenganza, que el momento seleccionado para convocar elecciones pedudica especialmente al partido recién creado por Adolfo Suárez. El escaso tiempo con que contará el Centro Democrático y Social para concurrir a las urnas puede ser otra componente importante de la decisión tomada por los escasos tripulantes que aún quedan sobre la cubierta de UCD.

Por lo demás, la convocatoria de elecciones se hace sin que el Parlamento haya aprobado una ley que la rija, tal como obligaba el mandato constitucional. La prórroga de las anteriores normas, ya prorrogadas inicialmente para las elecciones de 1979, supone una prima de beneficios para los partidos poderosos frente a los menores. Una nueva ley electoral que corrigiera los defectos del sistema hasta ahora utilizado resultaba, y sigue resultando, imperiosamente necesaria para la limpieza y clarificacíón del régimen. Las reticencias de UCD y PSOE a emprender las tareas de su redacción dicen muy poco en favor del interés por el juego limpio de las urnas que los partidos hegemónicos proclaman.

Con el decreto de disolución se abre de hecho, aunque no legalmente, la campaña electoral. Esta se inicia así en un momento de graves tensiones internas entre los repre.sentantes de la derecha y en medio de pronósticos casi unánimemente favorables al PSOE, al que ya se da como virtual vencedor en los comicios. La crispación detectada en sectores del conservadurismo reaccionario por los sondeos realizados al respecto hace presuponer una campaña especialmente virulenta, de la que la experiencia en las elecciones andaluzas puede constituir un índice. Desde que el mundo es mundo, y la democracia, democracia, la fogosidad y agresividad verbal ham estado presentes en las campañas electorales, y nadie debe por ello asustarse o rasgarse las túnicas ante el fenómeno. Pero los partidos harían bien en sopesar la escasa rentabilidad de los extremismos, aun verbales,en un país maduro y concienciado políticamente como el nuestro.

Precisamente en plena campaña electoral tendrá lugar, casi con toda seguridad -salvo improbable decisióli en contra de última hora-, la visita del papa Wojtyla a nuestro país. Aunque el propio Calvo Sotelo reconoció meses atrás que efi la curia romana se hubiera preferido evitar esta coincidencia, no creemos que sea posible pensar que el Gobierno haya. pretendido, por el contrario, instrumentarla. No obstante, merece la pena reseñar el especial giro dado en los últimos tiempos por la Iglesia católica, preocupada como está por el derecho de familia y las cuestiones de la enseñanza. La actitud de no injerencia, precó nizada en el pasado por el cardenal Tarancón, parece no haber dado los resultados que algunos prelados apetecerían, y que consideran ahora que la Iglesia ha perdido innecesariamente influencia social. La oportunidad de que este sector del episcopado trate de instrumentar en algún sentido la visita del Santo Padre, cara a concretos intereses electorales, será sin duda sopesada por la diplomacia vaticana y la Conferencia Episcopal Española. La comunidad de creyentes católicos de este país -y por supuesto quienes no lo son- no verá con buenos ojos la realización de un viaje pastoral, -como Juan Pablo II ha manifestado reiteradamente que desea que resulte su viaje a España- rodeado de pasquines solicitando el voto y alternando en las mismas ciudades celebraciones litúrgicas con mítines de los partidos políticos. Este confusionismo que se puede crear entre las creencias religiosas y las opciones políticas no parece que sea el marco más recomendable para que Su Santidad visite nuestro país, ya que, que Juan Pablo II no desee mezclarse en la batalla electoral, no faltarán quienes se arrimen con otros intereses a su persona y utilicen su presencia y sus palabras como apoyos a determinadas opciones políticas concretas.

Por lor demás, y con indepeqdencia de otros comentarios que dedicaremos al tema, la apertura del período electoral coloca al país en una buena oportunidad para conseguir una clarificación del panorama político, y consolidar un Gobierno estable que encare. con optimismo y rigor los problemas de nuestra convivencia.

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