El Papa y España
Desde la llegada de los socialistas al poder hace nueve meses, España es observada con lupa por la Iglesia católica, y, por supuesto, por el Papa. Juan Pablo II aprovechó ayer la visita ad limina que realizan cada cinco años los obispos al Vaticano para verter juicios críticos sobre la conducta de nuestros poderes públicos con la religión católica. Las palabras ante el grupo de prelados españoles, encabezados por el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Rouco Varela, pueden de nuevo tensionar las delicadas relaciones Iglesia-Estado, justo cuando ambas partes parecían dar señales de voluntad por calmarlas y evitar absurdas fricciones que a nada bueno conducen.
El Papa considera que el laicismo que vive nuestro país -un fenómeno que, dicho sea de paso, no es ni mucho menos reciente y que es extensible a otras naciones de nuestro entorno- está llevando a la restricción de la libertad religiosa y promoviendo el desprecio de la religión. Se interpreten como se quieran, y se pretenda o no rebajar el tono, son palabras excesivamente duras e incluso un punto injustas teniendo en cuenta que las relaciones entre la Santa Sede y España se guían por un concordato, suscrito en 1979, que no ha sido denunciado por ninguna de las partes.
"En España se va difundiendo una mentalidad inspirada en el laicismo, ideología que lleva gradualmente de forma más o menos consciente a la restricción de la libertad religiosa hasta promover un desprecio o ignorancia de lo religioso, relegando la fe a la esfera de lo privado y oponiéndose a su expresión pública", proclamó ayer el papa Wojtyla antes de pedir que no sean arrancadas las "profundas y vivas raíces cristianas" españolas. Juan Pablo II ya hizo una dura reconvención al jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando éste le visitó por primera vez en junio pasado, ante el desconcierto del mandatario.
El Papa volvió ayer a la carga sobre uno de los puntos más conflictivos y que más malentendidos han originado: la enseñanza de la religión en los colegios, sobre la que dijo que el Gobierno tiene el deber de garantizarla. Todos los planes conocidos del Ministerio de Educación asumen el compromiso de mantener la asignatura de religión católica en todos los centros públicos, aunque sin valor curricular, corrigiendo así una reforma que había aprobado el anterior Gobierno pero que nunca ha llegado a ponerse en práctica.
Los obispos españoles han manifestado su disgusto por éste y otros proyectos legislativos en materia de divorcio y matrimonio de homosexuales, que el Gobierno socialista promueve en cumplimiento de su programa electoral. De ahí a hablar de atropello de la doctrina católica y restricción de la libertad religiosa media un abismo. Los sentimientos de los creyentes católicos deben merecer todo el respeto de los poderes públicos, pero no hasta el extremo de traducir sus normas morales en leyes que obligan a todos los ciudadanos.
